Recordaba hace unos días cómo, al hilo de las reformas para reducir el déficit público, empiezan a adoptarse algunas medidas para embridar el desbocado sector público. Medidas que tratan de acotar las retribuciones e indemnizaciones del personal directivo de sociedades y otros organismos públicos. Sin embargo, leídas esas previsiones se echan en falta otras decisiones muy necesarias y que se dirijan a atender las causas de tanto exceso y desorden. Máxime cuando los órganos de control, tanto el Tribunal de Cuentas, como las Cámaras y Sindicaturas autonómicas, están publicando informes, cuya lectura resulta desesperanzadora.
Así, por ejemplo, el pasado diciembre publicó la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid su Informe sobre las cuentas generales de las Corporaciones locales en el ejercicio 2009. Unas cuentas que no son completas porque no presentaron la documentación necesaria más de la mitad de los Ayuntamientos. Faltaban de rendir sus cuentas 118 de los 222 existentes. Es cierto que representan menor población. Pero ¿hay que admitir que un responsable público no cumpla con unos mínimos deberes de información? Si se disculpa esa desatención por la falta de medios en esos pequeños Ayuntamientos ¿hay razones para seguir manteniendo esas pequeñas Administraciones? ¿Están prestando los servicios mínimos para que sus vecinos no sufran discriminaciones? De ahí que insista esa Cámara de Cuentas en la necesidad de que los órganos autonómicos afinen los instrumentos para facilitar el control de tanta Administración. ¿No existen mecanismos de asistencia y ayuda por parte de la Comunidad autónoma para que atienda a los municipios más pequeños? ¿O es que no interesa cómo se gestionan los dineros públicos? ¿Nadie responderá de esa grave desatención y respeto ante las instituciones de control?
También hace unos días pudimos leer otros Informes desoladores. Por ejemplo, el que ha publicado la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad de Castilla-La Mancha sobre las cuentas del ejercicio del año 2010 de las empresas y entes del sector público regional. La información recoge datos preocupantes: se citan empresas regionales que no han remitido ninguna información (caso de la Sociedad de infraestructuras aeroportuarias o la empresa de Gestión ambiental); se cuantifica la abultada deuda del sector público supervisado que supera los mil quinientos millones de euros; se cuestiona la pervivencia de algunas sociedades cuya actividad no parecía tener mucho sentido una vez concluido el objeto para el que se constituyeron; se mencionan gastos cuantiosos que no estaban amparados por el objeto social de algunas empresas; se recogen modificaciones en contratos, convenios y encomiendas entre la Administración y esas entidades regionales que incrementaban el déficit autonómico…
Entre los muchos interrogantes que se abren tras la lectura de estos Informes sobresale uno: ¿nadie responde? Si estamos ante entidades que se han querido revestir del régimen de sociedades de capital ¿no habrá que exigir a quienes ejercieron las funciones de dirección, a quienes se sentaban en los consejos de administración, una mínima responsabilidad social? Tantas ansias de someterse al Derecho privado para “huir” de los controles del Derecho administrativo y ahora parece que nos hemos olvidado que la legislación mercantil establece un lógico régimen de responsabilidad de los administradores ante las actuaciones ilegales, contrarias a los estatutos sociales o aquellas que incumplan los deberes inherentes a su cargo, como se regula en los artículos 236 y siguientes de la Ley de sociedades de capital.
La crisis económica ha desvelado deficiencias en el actuar de algunas Administraciones que debemos ahora tratar de corregir. El sector público puede ser necesario, pero siempre ha de respetar los principios que inspiran la adecuada gestión pública y ha de someterse al control de los organismos contables.
