El interaprendizaje

Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de interaprendizaje, intraemprendedor, inprendizaje, emprendizaje, emprendedor etc, en las redes sociales y se ha preguntado qué quiere decir eso. Igual eres un emprendedor y no lo sabes, pero seguro que en algún momento de tu vida profesional en la Administración Pública te habrás sentido muy encorsetado en la Administración donde trabajas, por el procedimiento y los trámites, todo está muy reglamentado, con una estructura muy jerárquica, y además muy planificada, sentir que no tienes ningún margen de libertad para poder innovar porque el sistema ya viene así y jamás va a cambiar y al final uno pierde el entusiasmo y termina acomodándose y aceptando la situación.

Rotondas: uso y abuso de derecho

Hace poco más de quince años, en una moda contagiosa, empezaron a generalizarse las glorietas en todas las ciudades y villas del país. Y hasta en más de un pueblo con escasísimo tráfico, aprovechando alguna remodelación, se colocó una rotonda para estar a la altura de los tiempos. Y también, en carreteras, otrora de la red principal y ahora secundarias por mor de las autovías, el Ministerio o la Consejería de turno no han dejado de trazar su redondel con bordillos.

La historia es que allí donde realmente hay tránsito rodado en abundancia, estos elementos no han aportado toda la fluidez que se esperaba ni mucho menos seguridad vial: leo en un informe que, en no pocas urbes, el mayor número de colisiones se produce en el interior de las rotondas; algo que percibimos a diario todos los conductores que debemos circular por ellas. En cuanto a la agilidad, lo dicho: poco se consigue si el tráfico es denso y la glorieta tiene un diámetro reducido o demasiadas bocas próximas. No digamos si, además, los conductores alóctonos buscan un determinado destino mal señalizado o, directamente, sin señalizar: frenazos, maniobras rectificatorias y hasta intentos temerarios de recular son moneda corriente.

Cuidado con la ampliación del plazo para resolver

Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional de julio de 2014 (recurso 275/2011) ha venido a recordar la doctrina que el Tribunal Supremo mantiene sobre la aplicación de la ampliación del plazo para resolver prevista en el artículo 42.6 del la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

Esta ampliación es una posibilidad legal que los tramitadores de expedientes tenemos la tentación de utilizar ante la premura de los plazos de resolución de algunos procedimientos administrativos.

 

Ordenanzas y principio de legalidad

Es un asunto muy discutido el de las relaciones entre las Ordenanzas locales y el principio de legalidad y salta a la actualidad constantemente tanto en sentencias de los tribunales como en los escritos de los estudiosos. Uno reciente es una reflexión general sobre este delicado problema y está escrito por Julia Ortega Bernardo (“Derechos fundamentales y Ordenanzas locales”, Marcial Pons, 2014).

Ortega propone la construcción de un canon que permita hacer luz en este enrevesado asunto tan conectado con la teoría de las fuentes del Derecho. Y tal canon parte de una constatación que, no por apuntada ya en otras ocasiones, deja de ser interesante resaltarla: las Ordenanzas que se aprueben por los Ayuntamientos que afecten a derechos fundamentales pueden ser aprobadas sin necesidad de una ley (del Estado o de la Comunidad autónoma) que la autorice expresamente. No son pues tales Ordenanzas un mero desarrollo reglamentario por lo que no se reproduce con ellas la dialéctica que es propia de las relaciones entre la ley y el reglamento.

Sobre la caducidad de las ofertas de empleo público

El Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante EBEP), al regular en el artículo 70.1 la oferta de empleo público (en adelante OEP), impone a las Administraciones Públicas la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para proveer las plazas ofertadas. Con el fin evitar que se eternice la ejecución de la OEP, se establece que la propia oferta fije el plazo máximo para la convocatoria de los procesos selectivos. Y con este mismo propósito se añade que: “En todo caso, la ejecución la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años”.

 

La interpretación de este precepto suscita algunas dudas. No queda claro si el improrrogable plazo de tres años opera únicamente como plazo máximo para convocar el proceso selectivo, en el caso de que no se fije otro plazo en la OEP. O si, como parece desprenderse del tenor de este artículo, dentro de este plazo improrrogable deber desarrollarse todo el proceso selectivo, incluyendo convocatoria y resolución del proceso convocado. Por otra parte, surge la duda de cuál es la consecuencia jurídica derivada del incumplimiento de este plazo improrrogable. Es decir, ¿qué sucede cuando las Administraciones Públicas no desarrollan en este plazo los procesos selectivos para cubrir las plazas ofertadas?

Si pones en Google contratación pública sale corrupción

Acabo  de hacer la prueba.  Lo podéis  comprobar.  Escribir en google: Contratación pública. El primer resultado en las noticias es: Corrupción.

Parece que la corrupción ni tiene fondo, ni límites. La red está que echa chispas con la corrupción que hay a través de la contratación pública.

El sábado 1 de noviembre de 2014 Carlos Mier publicaba el artículo: “No solo ‘Operación Púnica’: los atajos para contratar ‘a dedo’ con el Estado”. En el artículo hay muchos datos de la “última” macrorredada anticorrupción: “30 personas detenidas, entre políticos, funcionarios y empresarios; fraccionamiento  de contratos, adjudicaciones  ’ad hoc’ con un único pretendiente, pliegos a la carta; el 50,62% de los contratos sufragados con dinero público desde 2009 se han tramitado como procedimiento negociado  sin  publicidad;  en  Madrid,  se  han  troceado  5,33  millones  en  una  interminable  lista  de contratos menores…”.

Éxito de participación en el séptimo encuentro de colaboradores de esPúblico

El séptimo encuentro de colaboradores de esPúblico, celebrado los días 6 y 7 de noviembre en Córdoba, ha acogido a más de medio centenar de profesionales. Durante dos intensos días, especialistas juristas han podido compartir experiencias y conocer cómo ha evolucionado el servicio, con especial incidencia en los datos de los últimos tres años.

El evento ha servido, además, para fijar nuevos objetivos y establecer mecanismos de mejora de cara a incrementar la satisfacción de los usuarios y la calidad de las respuestas que se ofrecen a las dudas que se plantean a diario. Medidas, por otra parte, valoradas como necesarias dado el incremento importante de usuarios que cada día acceden a la plataforma.

En este también se ha tratado cómo seguir mejorando en la actualización del contenido jurídico para dar respuesta a los más de 5000 los ayuntamientos que operan con esPublico en su día a día. Dentro de este servicio se resuelven más de 15.000 informes jurídicos al año.

El ocio y la cultura también han tenido su espacio. Córdoba, ejemplo de convivencia de culturas, ha sido el emplazamiento ideal para difundir parte del patrimonio artístico e histórico de España. Prueba de ello fue la gran asistencia a la visita nocturna  a la mezquita catedral de la ciudad.

El reparto de los costes de extensión de red en suelo urbano

Asistimos en estos años de crisis a un intenso debate sobre los costes energéticos en España. Pobreza energética, inseguridad jurídica, opacidad para el consumidor, modificación del régimen de energías renovables, riesgo regulatorio para los operadores y una normativa motorizada confluyen para crear un escenario en el que ciudadanos y empresas acaban viendo como se incrementan sus costes energéticos, en el que los productores de energías renovables ven frustradas sus expectativas de futuro y en el que las grandes operadoras del sector elevan el tono de confrontación con el regulador cuestionando la eficiencia económica de sus decisiones. En este contexto ha pasado a un segundo plano el problema al que se enfretaban operadores urbanísticos que impulsaban la transformación o edificación de suelo generando, consecuentemente, una demanda energética que no siempre contaba con la infraestructura precisa para atenderla. Pero el problema ahí sigue. Centremos la cuestión en el suelo urbano.