Improcedente pignoración de créditos futuros en los contratos administrativos de gestión de servicio público

1.- Naturaleza mercantil de la cesión de créditos futuros

La prolongada crisis económica de la zona Euro ha tenido y sigue teniendo especial gravedad en España, por los perniciosos efectos de la crisis bancaria sobre el resto de la actividad económica, a la que no es ajena la burbuja inmobiliaria, que no terminamos de digerir. En la actividad municipal, esta crisis junto con el hundimiento de la recaudación de tributos ligados a la construcción, y los efectos de una larga serie de quiebras de sociedades, aparecen también supuestos de peticiones de tomas de razón de acuerdos de cesión de créditos futuros, presentados por sociedades concesionarias de servicios públicos, en escritura pública, y a favor de las entidades financieras que han refinanciado su deuda, cuyo contenido y alcance es más que problemático.

Los litigios competenciales suelen acabar en acuerdo

El enfrentamiento entre las Comunidades y la Administración del Estado ha ido en aumento en los últimos años. La ley antidesahucios, los cambios en el IRPF o la eliminación de la extra de los trabajadores públicos, ha hecho que muchas autonomías hayan decidido pasar de las palabras a los hechos y se hayan lanzado a vía judicial para dirimir sus discrepancias con el Gobierno.

Competencia pide a la Administración un mayor fomento de la transparencia

La Administración General del Estado debe dar ejemplo fomentando la competencia en los concursos públicos que convoque. Es la conclusión que se extrae de los últimos informes publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en los que ha hecho una serie de recomendaciones para que la Administración haga más transparentes y tenga más criterios de competencia en la concesión de los servicios de limpieza y telecomunicaciones.

Por echar un vistazo a los relacionados con las telecomunicaciones, los documentos destacan que en 2012 el gasto en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ascendió a cerca de 1.500 millones, de los que una cuarta parte fueron directamente inversión en teleco. Por ello propone que se cambien algunas de las viejas costumbres que se venían haciendo en la concesión de estos concursos. Por ejemplo: solicita que se hagan más lotes de adjudicación, con el objetivo de que haya más compañías que puedan presentarse y trabajar con la Administración General del Estado. Además reclama que los tiempos de contratación sean inferiores a los cuatro años más dos de prórroga, ya que produce un cierre en el mercado, generando situaciones de falta de competencia. Y por último, solicita que la AGE no acepte ofertas de servicios integradoras porque de esta manera se pueden producir situaciones de subsidio que ayuden a las operadoras a encubrir pérdidas en determinados segmentos.

En cuanto a la contratación de empresas de limpieza, la CNMC considera positivo que se busque el mayor ahorro posible a la hora de contratar estos servicios. Sin embargo, insta a la Administración a que no menoscabe los principios de libre competencia y conurrencia en la presentación de los concursos. Por eso hace una serie de recomendaciones:

  • Que el criterio geográfico no sea el preponderante a la hora de distribuir los lotes. A su juicio es mejor emplear un criterio de número de eficios afectados y la superficie.
  • Analizar la proporcionalidad, necesidad y mínima restricción a la hora de otorgar las prórrogas de los contratos.
  • Reclama nuevos métodos que ayuden a comprobar la solvencia de una empresa, que no sea solo el haber trabajado con anterioridad para otras administraciones.
  • Cuestiona el que se imponga un número de horas mínimas en los servicios, ya que considera que esto puede afectar de lleno a la libertad de organización empresarial.
  • Valora positivamente que se entregue información a las empresas concurrentes sobre la situación del personal que tendrá que ser subrogado en caso de que logre hacerse con alguno de los concursos.

 

Descerebrados

Estos estivales días estamos viendo en la prensa el lío que se ha organizado en el Barrio de la Barceloneta. Obviamente de Barcelona, Capital–City de Cataluña. Y es que resulta que un montón de borrachines, despelotados, cantamañanas, tarambanas y juerguistas se dedican a hacer el idiota, con perdón, y no dejar vivir con sus tontadas a los pacíficos vecinos del tradicional barrio. Así que los residentes de padrón (¡qué hartos deben estar!) hasta se han empezado a manifestar, protestando por las continuas movidas en que se ven inmersos cada día, o más bien cada noche, sin comerlo, y nunca mejor dicho, beberlo.

La visión mítica de los retos de la auditoría pública

No obstante la crisis en España, a su Tribunal de Cuentas, a sus Organismos de Control Externo, y a la herramienta que posibilita la fiscalización (auditoría pública) se les continúa dando un mayor valor del que tienen en realidad.

Aunque se deslinden de su responsabilidad en la crisis, como también en los casos de corrupción, fraude e incorrecta gestión de los fondos públicos. Ejemplo, en el reciente número de la revista Auditoría Pública, el Consejero de Cuentas de Galicia, Antonio López Díaz, afirma “no puede hacerse recaer sobre las instituciones de control la responsabilidad por la no evitación de tales conductas. Debe tenerse en cuenta que esa no es su finalidad específica, ni tampoco disponen de los instrumentos ni en muchos casos, del acceso a la información precisa para poder detectar y evitar estos comportamientos” (número 63, junio 2014, p. 7). Luego, si el pensamiento de la auditoría y fiscalización evade insistentemente fenómenos que han puesto en riesgo la convivencia social, entonces, ¿Cuál es el sentido de su respuesta a los retos de la fiscalización?

Las comunidades autónomas deben apretarse más el cinturón

Pese al esfuerzo fiscal realizado en los últimos años, aquellas comunidades autónomas que incumplieron en 2013 los objetivos de estabilidad presupuestaria (Aragón, Castilla La Mancha, Cataluña, Murcia, Navarra y Valencia) precisan, en general, de más medidas, de distinta intensidad en cada una de ellas, si quieren cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria del 1% del PIB en 2014. Esta es la principal conclusión de su I Informe sobre los Planes Económicos y Financieros (PEF) de las CCAA realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El resultado del mismo es que la situación fiscal y las perspectivas de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en 2014 difiere entre las distintas CCAA afectadas por los PEF, desde el muy probable cumplimiento de Navarra, el probable de Castilla La Mancha, el poco probable de Cataluña y Aragón, el improbable de Murcia y el muy improbable de la Comunidad Valenciana.

En consecuencia, la AIReF considera que los borradores de PEF presentados por Valencia y Murcia deben revisarse en profundidad con la introducción de un conjunto ambicioso de medidas. El de Cataluña debe ampliarse con la introducción de medidas adicionales y el de Aragón debe concretar alguna de las medidas incluidas.

Igualmente, la AIReF recomienda que Aragón, Castilla La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia adecuen el escenario previsto al cierre del ejercicio de acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria del primer semestre. Esta adecuación puede poner de manifiesto la necesidad de adoptar medidas adicionales. También considera que, de acuerdo con los datos de ejecución del primer semestre, el borrador de PEF de Navarra evaluado es adecuado para alcanzar su objetivo de estabilidad presupuestaria en 2014.

El Informe de la AIReF afirma que “en los últimos años, las Comunidades Autónomas han hecho grandes esfuerzos de consolidación fiscal. En particular, la reducción del déficit ha sido de casi dos puntos en porcentaje del PIB entre 2010 y 2013 para el conjunto de las CCAA, de modo que en este último año alcanzaron unas necesidades de financiación neta del 1,5% del PIB”.

La AIReF destaca que “de la información incluida en los planes, así como de los datos y documentación complementaria solicitada por la AIReF en las reuniones mantenidas con todas las CCAA afectadas, se desprende un cierto agotamiento de las posibles medidas a adoptar con impacto económico de corto plazo, dado el esfuerzo de consolidación fiscal realizado en los últimos años, en un entorno económico muy desfavorable”.

“Esta situación se evidencia tanto en la vertiente de los gastos como de los ingresos. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la incidencia del ciclo económico en los ingresos de las CCAA de régimen común se produce con dos años de retraso”, agrega la AIReF.

En relación a los gastos, explica el informe, “varias comunidades prevén ahorros de escaso impacto económico lo que, en algunos casos, lleva a un importe global negativo por la reversión parcial de medidas implementadas en ejercicios anteriores”.

Por eso, AIReF señala que “sería de gran utilidad que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas facilitara un estudio comparativo de la capacidad normativa ejercida por cada Comunidad Autónoma en materia tributaria y el margen con el que cuentan”.

 

Elogio y añoranza de lo público

Uno, de jacobino tiene lo justo y parece claro que la coexistencia y cooperación de las prestaciones públicas y las privadas no sólo propicia competitividad y mejoras de calidad sino que favorece los derechos de opción de la ciudadanía.

Sentado lo anterior, bastante obvio, tampoco está de más ser tan crítico con lo privado como habitualmente lo somos con los servicios de gestión administrativa. Algo que no tardamos en hacer cuando, tras maldecir, por ejemplo, las largas listas de espera hospitalarias, nos encontramos con faltas de puntualidad, a veces escandalosas, en las consultas privadas.

Continúa la reducción del sector público

Las Comunidades Autónomas continúan haciendo cada vez más pequeño el sector público. En los últimos tres años y medio han reducido en 675 entidades las dependencias de la Administración Pública. El objetivo es que, tra la reordenación de entidades dependientes de las Autonomías, queden poco más de 1.579 empresas y organismos públicos , es decir, el 33% menos que cuando arrancó todo el proceso cuando el número ascendía a algo más de 2.300,

Según el documento del Ministerio de Administraciones Públicas, Andalucía es la Comunidad que más ha cumplido con su objetivo, al haber cerrado 124 entes, frente a los 110 a los que se había comprometido. Otras como, por ejemplo La Rioja, no habían asumido objetivos de reducción, mientras que ahora ha decidido echar el cierre a 6. Se estima que todas estas bajas permitan un ahorro en cuatro años de algo más de 1.910 millones de euros. Pero esto también va a suponer una reducción de personal que será de unos 5.400 efectivos.

En la siguiente tabla se puede observar el grado de cumplimiento y la situación en la que quedarán las empresas y organismos dependientes de las Comunidades tras el proceso en el que se encuentran inmersos.