La protección de la legalidad urbanística

Este artículo tiene una finalidad didáctica que recoge mi experiencia profesional en materia de disciplina urbanística y espero que sea de interés para los lectores del blog espúblico.

El día 31 de julio de 2014 se publicó en el número 7329 del Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana,(en adelante Lotup) en cuyo preámbulo se manifiesta que el primer gran objetivo de la ley es la simplicidad, por ello mismo sustituye y deroga toda la legislación urbanística valenciana y la refunde en un solo texto.

Mi objetivo es analizar los pros y contras de esta nueva ley comparándola con la legislación anterior en una materia en concreto la protección de la legalidad urbanística.

Al amparo de la legislación urbanística estatal (Ley del Suelo de 1976 y Reglamento de Disciplina Urbanística de 1978) y autonómica (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de 1994, en adelante LRAU) los Ayuntamientos debían tramitar con simultaneidad paralela ante una infracción urbanística los expedientes de restauración de la realidad física altera y los expedientes sancionadores que casi siempre terminaban simplemente con una multa pecuniaria, posteriormente se aprobó una nueva normativa autonómica que vino a derogar la anterior (Ley Urbanística Valenciana de 2005 en adelante LUV y Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística de 2006 en adelante ROGTU) cuyo Reglamento de Ordenación vino a terminar con esta tramitación simultánea en el tiempo y vino a disponer en su art 538 que “Una vez terminado el procedimiento de restauración de la legalidad urbanística, se incoará el procedimiento sancionador por la infracción que se hubiera cometido”, esta normativa vino a terminar con la práctica común de solo iniciar el expediente sancionador, ya que los Ayuntamientos estaban obligados por normativa autonómica a iniciar primero el expediente administrativo de la restauración de la realidad física alterada y después el expediente sancionador. Este precepto actualmente ha desaparecido con la Lotup. Aunque si que repite la norma en el sentido de que ni la instrucción del expediente sancionador ni la imposición de multas exonera a la administración de su deber de adoptar medidas tendentes a la restauración del orden urbanístico infringido (art. 232), se echa en falta la precisión de que no debe haber una tramitación simultanea o paralela en el tiempo sino una primacía de la tramitación de la demolición de las obras ilegalizables frente a la imposición de la sanción. De hecho en el art. 255 se contempla como reglas para determinar la sanción  que la multa se reduzca un 95% si la restauración se lleva a cabo dentro del plazo establecido y si la restauración se realiza antes del inicio del expediente sancionador queda exento de multa administrativa.

Por otro lado, la LUV al igual que la LRAU como la legislación estatal, no distinguían entre el plazo de caducidad para ordenar la restauración de la legalidad urbanística y el plazo de prescripción de las infraccione urbanísticas cuando la jurisprudencia ya lo venia haciendo desde hace tiempo.

La Lotup ha sabido recoger esta diferencia y en este sentido prevé en el art. 236 que el plazo de caducidad de la acción para ordenar la restauración es de quince años desde la total terminación de las obras o usos del suelo realizados sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones señaladas en la misma, y no de cuatro años como venia regulándose anteriormente, y en cuanto a la prescripción de las infracciones es de cuatro años para las infracciones graves y muy graves y un año para las leves igual que en la regulación anterior. En conclusión, si la infracción ha prescrito la Administración no podrá sancionar pero si podrá ordenar la demolición hasta un plazo de quince años.

Otra de las novedades de la Lotup se contempla en el art. 241, apartado cuarto, que prevé el supuesto de expropiación para los actos que constituyan  infracción urbanística muy grave, que son aquellas construcciones que afectan a zonas verdes, espacios libres, dotaciones y equipamientos públicos o al suelo no urbanizable protegido, las cuales no prescriben. Si el infractor no acata la orden de demolición, la Administración podrá iniciar un expediente de expropiación de la finca. Por otra parte, cabe recordar que con la reforma de la LO 5/2010, de 22 de junio, en el art. 319 apartado tercero del Código Penal se contempla el comiso para los delitos contra la ordenación del territorio, asi  para todas aquellas obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en el suelo no urbanizable se podrá disponer el comiso de las ganancias provenientes del delito cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar.

Por último y como final de este artículo, cabe mencionar la disposición final segunda de la Lotup que regula la situación de determinas edificaciones aisladas sin licencia en el sentido de que todas aquellas edificaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y que no posean licencia urbanística se asimilarán en su régimen a las edificaciones con licencia siempre que sigan manteniendo en la actualidad el uso y las características tipológicas que tenían a la entrada en vigor de la ley y no se encuentren en situación legal de ruina urbanística.

Este supuesto constituye una excepción que rompe con lo dispuesto con la premisa contemplada desde hace mucho tiempo tanto en la legislación urbanística estatal y la jurisprudencia en el supuesto de una construcción de una vivienda ilegalizable en el suelo no urbanizable, la cual tiene prescrita la infracción urbanística, no constituye impedimento legal para posibilitar la privación del uso ilegal con arreglo al planeamiento urbanístico. El citado uso en la mayoría de los casos es  un uso no permitido por la normativa urbanística, siendo competencia del Ayuntamiento el poder impedirla en el momento de la solicitud de una segunda ocupación.

La solución estaba desde 1976 hasta nuestros días corroborada por una abundante jurisprudencia, trata la vivienda unifamiliar ilegal en situación análoga al régimen de fuera de ordenación, no pudiendo el propietario solicitar ninguna obra de reforma, conservación o ampliación, solamente podrá transcurridos los cuatro años impedir la demolición y ejercer la actividad en el tiempo hasta su depreciación y desaparición y por otro lado, el Ayuntamiento solamente podrá impedir el uso ilegal. Dicha doctrina también se hizo eco en el art. 533 del Decreto 67/2006, de 12 de mayo del Consell de la Comunitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.

La normativa urbanística valenciana prohíbe cualquier obra de reforma, ampliación o consolidación de todas aquellas construcciones ilegales salvo que con la finalidad de reducir el impacto negativo, la Administración ordene obras por motivos de seguridad, salubridad y ornato, pero siempre con carácter excepcional, con la finalidad de reducir el impacto negativo de la construcción. Por lo tanto, el destino de una obra ilegal es ir muriendo poco a poco en el tiempo, actividad permanente en el tiempo, hasta su desaparición.

La Lotup también ha mantenido el mismo régimen en el art. 237 y en este sentido ha establecido que el mero transcurso del plazo de quince años al que se refiere el artículo anterior no conllevará la legalización de las obras y construcciones ejecutadas sin cumplir con la legalidad urbanística y, en consecuencia, mientras persista la vulneración de la ordenación de la ordenación urbanística no podrán llevarse a cabo obras de reforma, ampliación o consolidación de lo ilegalmente construido. Ello no obstante, con la finalidad de reducir el impacto negativo de estas construcciones y edificaciones la administración actuante podrá ordenar la ejecución de las obras que resulten necesarias para no perturbar la seguridad, salubridad y el ornato o paisaje del entorno.

No se entiende la excepción contemplada en la disposición final segunda de la Lotup cuando desde 1976 hasta nuestros días no se han permitido obras de reforma, ampliación o consolidación para todas las edificaciones ilegales en situación análoga al régimen de fuera de ordenación, a estas alturas cumpliendo lo dispuesto en la legislación todas las edificaciones anteriores a la entrada en vigor de la Ley 19/75 deberían estar en un estado total de ruina.

En otro orden de cosas, en el art. 214.d) de la Lotup se contempla las declaraciones responsables de segunda ocupación, cuya consecuencia va a ser que la Administración en el 99 por ciento de los casos va a tener que impedir los usos con una resolución de denegación puesto que no se cumple con el parámetro urbanístico de la parcela mínima de 10.000 m2, por lo tanto debería haberse regulado ante esta situación de hecho el régimen de las autorizaciones administrativas para las solicitudes de segunda ocupación de viviendas unifamiliares en el suelo no urbanizable.

 

 

 

Declaración en el IRPF de la percepción de parte de la paga extraordinaria suprimida por el Real Decreto – Ley 20/2012, de 13 de julio

En estos últimos meses algunos funcionarios y personal laboral de distintas comunidades autónomas y entidades locales hemos “sido afortunados” con la devolución de parte de la paga extraordinaria suprimida por el Real Decreto–ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

El personal al servicio de la Administración del Estado recibirá ese abono durante 2015 según se recoge en la disposición adicional décima del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2015.

Una vez percibida esta paga la cuestión es cómo se declara en el IRPF.

En algunos informes que navegan por la red se aconseja la presentación de una declaración complementaria dada la consideración de esta devolución como atraso.

Puertas al campo

Sin duda, la reciente Ley de Propiedad Intelectual de 30 de Octubre, que si nada lo remedia entrará en vigor con el cambio de año, es un monumento al afán regulador e impositivo de todos los gobernantes, en un ejercicio estéril que producirá escasos o nulos resultados.

Con el propósito de garantizar ingresos para los editores de periódicos, la Ley establece el “derecho irrenunciable de los medios de comunicación a cobrar una compensación económica equitativa por el uso de sus contenidos”; es decir, la obligación de cobrar una cantidad no definida por el hecho de que alguien facilite parte de sus contenidos.

Urge limpiar la basura

La preocupación por los escándalos de corrupción persiste, pero hay que atender a otros deberes para tratar de evitar futuros problemas.

En este sentido, llamo la atención sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 2 de diciembre (referencia c-196/13) que condena a la República de Italia a cuantiosas multas. Por un lado, cuarenta millones de euros y, por otro, con una periodicidad semestral, una multa coercitiva que parte de casi cuarenta y tres millones de euros y que se podrá ir reduciendo si se cumplen los dictados establecidos en una sentencia anterior. Porque la causa de esta sentencia ha sido el incumplimiento de otra resolución judicial previa, la sentencia del mismo Tribunal de 27 de abril de 2007 (asunto c-135/07) que declaró la infracción de la normativa europea relativa al régimen de gestión de los residuos.

Deuda y derechos sociales: Un equilibrio necesario

La actual demanda de reforma constitucional responde en parte, como exponía en mi anterior comentario, a la propia reforma constitucional del artículo 135 de la Constitución realizada en 2011. Pero, aun cumplida la propia Constitución y la Ley para realizarla, la confianza de los representados en quienes debieran representarles se vio frustrada por una reforma no sometida al voto ciudadano y que, a la postre, está propiciando y amparando otras que, limitando niveles de protección social previos, han dado al traste con largos y penosos procesos para el desarrollo de los derechos sociales en España. Es precisamente esa quiebra de la confianza, obvia desde la perspectiva política y muy probablemente fundamento de los cambios en las tendencias de voto que apuntan las encuestas, la que me permite enlazar con los efectos que todo ella está teniendo en relación con los derechos sociales. El artículo 135 de la Constitución y la lectura que del mismo se ha hecho ha provocado una dura involución en la construcción del Estado del bienestar y en la construcción de los derechos sociales en España.

Habilitados estatales y nuevas tecnologías III

«Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes; sino aquellas que se adaptan mejor al cambio» Charles Darwin

Coincidiendo, más o menos, que han pasado ya dos años desde el Congreso de Cádiz y unos tres desde mi última entrada (homónima) en este prestigioso blog, he tenido a bien compartir con sus lectores la perspectiva actual que presenta el matrimonio -ineludible- entre habilitados de carácter nacional y tecnologías (vamos a ir obviando cada vez más lo de “nuevas”). El último Congreso COSITAL, celebrado hace pocas fechas en el INAP, ha sido muy representativo en este sentido, pero cabe repasar, además, otros hitos recientes:

Deuda y derechos sociales: El origen del conflicto

No parece el nuestro país para moderados. Ni tan siquiera podemos incluir entre las seguridades colectivas que es eso de ser un país. Y no hablemos de naciones. España es dada a posiciones extremas, a políticas pendulares, a debates sin fin a la búsqueda de consensos que sólo la extrema necesidad o una perentoria urgencia nos han hecho alcanzar en muy contadas ocasiones. Y los días que corren son de esos, también escasos en nuestra desmovilizada sociedad, en los que, frente a lo habitual en ella, todo el mundo expresa opinión política. Hemos pasado del socorrido “no me interesa la política” al apasionado “hay que cambiar a los políticos y la política”. Otra cosa es que se tenga claro el resultado del cambio. Lo que se rechaza parece bastante evidente y compartido por muchos. Pero lo que está por venir, dejando al margen oportunismos, populistas lugares comunes y aspiraciones que cualquiera en cualquier momento suscribiría, por utópicas o descabelladas que sean, está todavía por definir.

Reparto de fondos y municipios

Es muy frecuente el litigio entre los municipios alemanes y los Länder por el reparto de fondos para hacer frente a las obligaciones que derivan de la prestación de servicios públicos (alguna vez me he referido a ello en este blog, los Länder serían nuestras Comunidades autónomas).

Tales enfrentamientos se sustancian ante los Tribunales constitucionales de los propios Länder (distintos al Tribunal que siempre se cita de Karlsruhe que es el federal). Pues bien el 15 de febrero de 2012 el de Renania Palatinado decidió una demanda de esta naturaleza. Obligado es recordar que la Constitución de ese Land obliga a que éste asegure a los municipios y a las agrupaciones de municipios los medios necesarios para cumplir sus tareas así como las que tienen asignadas en el marco del reparto de cargas y de la igualación de ingresos.