Un mal generalizado (II)

La presión recaudatoria de la Administración no tiene límites en ningún de sus muchos escalones; y además, ha evolucionado inversamente a la intensidad de la crisis económica, es decir, cuanto peor iban las cosas, más ha crecido. Este fenómeno, conocido por muchos autores desde el origen de la economía política, es la contrapartida de la nula capacidad de los políticos para reducir el coste de la administración.

Este hecho se observa inmediatamente cuando se analiza la liquidación del Presupuesto General del Estado, cualquiera que sea la línea revisada, a partir de los datos que proporciona la Inspección General de la Administración del Estado; tomamos como base de partida el año 2006, previo a la crisis y en plena fase expansiva de nuestra economía,  hasta 2013,  último ejercicio cerrado para el que se dispone de datos anuales (de 2014 sólo consta el acumulado a Noviembre, y no tiene sentido anualizarlo por el carácter aperiódico de la contabilización de estos datos, además de la imaginación contable).

La celebración de las sesiones a distancia de los órganos colegiados: ficción o realidad

La exposición de motivos del Anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, apartado V, nos dice que los órganos colegiados vienen regulados en el capitulo I de la Ley, el cual se centra en la regulación de los principios generales y de competencia de los órganos administrativos, así como el régimen de funcionamiento de los órganos colegiados, destacando la generalización del uso de medios electrónicos para que estos puedan constituirse, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos, elaborar y remitir actas a través de medios electrónicos.

Los convenios de fusión

El nuevo y barroco artículo 13 de la ley 27/2013 -reformadora de nuestro régimen local- incorpora un mecanismo nuevo que pretende incidir sobre el mapa municipal español.

En efecto, en su párrafo cuarto, podemos leer que “los municipios, con independencia de su población, colindantes dentro de la misma provincia, podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión, sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica …”.

El invento -atrevido pero desencaminado como veremos- se coloca en la órbita de las fórmulas supramunicipales, tal por ejemplo las tradicionales mancomunidades, solo que aquí estaríamos en presencia de una mancomunidad con vocación totalizadora pues absorbería la completa organización municipal y la entera actividad municipal (y no la referida a una o varias de sus competencias).

Las Administraciones públicas no son las propietarias de los datos, más bien son las depositarias de los mismos

Recientemente,  Transparencia Internacional España  ha publicado los resultados obtenidos por los Ayuntamientos en la evaluación de los indicadores 2014. En esta quinta edición se han vuelto a evaluar a los 110 mayores Ayuntamientos de nuestro país a través de un conjunto de 80 indicadores que abarcan las áreas más importantes.

Hasta la fecha, nuestros ayuntamientos vienen empleado esta evaluación u otras similares como indicadores ante la ciudadanía de lo bien que lo está haciendo en materia de transparencia.

Aprovechando la noticia, me atrevo a realizar algunas reflexiones sobre cómo estamos llevando la transparencia en España:

Si bien es cierto que nuestro país llegó tarde a la transparencia (nuestra Ley fue de las últimas dentro del espacio común europeo), también lo es que dicha norma ha resultado ser una de las más avanzadas de entre las vigentes en los países con una democracia asentada. No obstante, en el desarrollo autonómico de la materia creo que estamos cometiendo un error:  las seis leyes autonómicas aprobadas han creado consejos de transparencia que se colocan entre el ciudadano y la administración autonómica y local. Esto implica que tales consejos van a entrar en competencia con el  Consejo de transparencia estatal, de manera  que podemos llegar a encontrar en un futuro diferentes interpretaciones sobre el acceso de los ciudadanos a la información dependiendo del consejo que resuelva la consulta.

En este sentido, hemos de exigir a los consejos que realicen una interpretación no restrictiva de los límites de acceso a la información y que, en su caso, apliquen criterios de ponderación entre el derecho de la persona a la protección de sus datos y el de acceso a la información.

Es claro que deberán articularse mecanismos de coordinación entre los diferentes consejos de transparencia para que no se produzcan graves divergencias de interpretación entre ellos.

En cuanto a la información que deben suministrar las administraciones, hasta la fecha se han cumplimentado más los aspectos formales que los materiales. Las administraciones deben esforzarse más en la preparación de la información, huyendo de la simple entrega de datos. En este sentido, considero de interés las siguientes ideas:

1.     La Transparencia de la actividad pública de las Administraciones no puede quedarse en un mero ejercicio formal de presentación, sino que debe ser coherente con la función a la que responde: servir para el ejercicio de una auditoría ciudadana sobre gestión pública.

2.    La Transparencia tiene que entenderse como un todo exigible en todas las fases de la gestión pública.

3.    La información suministrada por la Administración debe de ampliarse más allá del estrecho corsé que supone la presentación formal de los datos para llegar a alcanzar la condición de evidencia material: Tiene que ser exacta, fiable y relevante.

4.    La información suministrada por la Administración tiene que elaborarse con rigor, sin dejar espacio a la interpretación/manipulación de los datos.

5.    El ciudadano tiene derecho a conocer los datos y la Administración tiene la obligación de presentarlos de una manera comprensible que vaya más allá de una presentación propagandística de sus gestión.

Tan sólo así los instrumentos de transparencia servirán para una verdadera auditoría ciudadana.

En conclusión, tal y como se señala el título de esta entrada, las administraciones deben ir más allá de la simple publicación formal de datos e intentar ofrecer una información elaborada y no sesgada de su actividad. Circunstancia que se hace más evidente y necesaria en materia económico-financiera, en la que más que la publicación de los Estados presupuestarios las administraciones deben ofrecer información clara y visual de los resultados obtenidos.

Los Planes Básicos Municipales del Anteproyecto de la Ley del Suelo de Galicia y la posible conculcación del Principio de Autonomía Local

El Anteproyecto de la Ley del Suelo de Galicia recoge como una de sus mayores novedades la figura del Plan Básico Municipal. Si observamos en concreto el procedimiento de tramitación de estos instrumentos, vemos como la iniciativa y las distintas aprobaciones corresponden exclusivamente al Gobierno Autonómico.

Hemos de resaltar que los Planes Básicos inciden sobre un determinado y concreto Ayuntamiento con unas características muy perfiladas, que carezcan de Planeamiento general y cuya población sea inferior a 5.000 habitantes según datos del Padrón de habitantes.

Familias en Aragón

Recientemente se ha publicado la Ley de Apoyo a las Familias de Aragón, Ley 9/2014 de 23 de octubre.  De la apresurada lectura de la misma, hay que señalar que, dicho sin ambages, la misma es un canto al sol, ya que no contiene, medida concreta alguna que se pueda apreciar. La extensa Exposición de Motivos, se la podría haber ahorrado el Legislador, ya que el articulado o parte dispositiva es una simple continuación de la propia Exposición, filosofía del deber ser en estado puro. Y cuando indico que es filosofía pura, es que es así. La Ley no contiene ni una sola medida concreta, ni una sola medida aplicable de forma directa se puede encontrar. O que se pudiera invocar en tribunales.

Sobre los efectos de la incorporación de remanentes de crédito en la estabilidad presupuestaria

Al comienzo de cada ejercicio presupuestario en las entidades locales aparece la necesidad de proceder a la obligatoria incorporación de los remanentes de crédito procedentes de los proyectos de gasto con financiación afectada. La siguiente entrada se centra en los efectos que sobre el cumplimiento de los objetivos fiscales tiene la aprobación de la citada modificación de crédito.

Al cierre de cada ejercicio económico las entidades locales, conforme a lo establecido en el artículo 175 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en los sucesivo TRLRHL), deben determinar los créditos para gastos que no se encuentren afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas y proceder a su anulación; excepto en los siguientes supuestos (artículo 182.1 del TRLRHL):

Grecia y la teoría del todo

Tsipras, el griego, afirma que Europa no puede obligarle a renunciar a sus propuestas porque han sido validadas en unas elecciones  democráticas y porque nadie puede entrometerse en su soberanía. Los de Bruselas le responden que la democracia griega no puede imponerse sobre el resto de democracias europeas, igualmente dignas, al fin y al cabo, y que el asunto no es cuestión de soberanía sino de finanzas. Que los griegos pueden gastar su dinero en lo que quieran, pero lo que no pueden pretender es que el resto de los europeos se lo paguen.  Así que, si quiere seguir recibiendo más dinero, tendrá que cumplir una serie de condiciones a pesar del resultado electoral. ¿Podrá el flamante premier griego solucionar ese grave dilema? Si permanece fiel al programa que le llevó hasta el poder, Europa no le dará ni un euro y tendrá que suspender pagos en el mejor de los casos o irse del euro, en el peor. Y si quiere pactar para salvar los muebles, traicionará su discurso y defraudará a sus votantes. Aunque los programa se hacen para no cumplirlos, según las palabras del profesor Tierno, la decisión debe ser dura y compleja.