La reforma del régimen local

Decía Francisco Umbral, en una de sus agudas reseñas bibliográficas, que “hay libros que pesan más de lo que enseñan”, una forma bien literaria de descalificar la obra de un autor.

Pues bien la que ha coordinado ese infatigable entusiasta de la Administración local que es el magistrado Manuel J. Domingo Zaballos referida a la reforma del régimen local (en Thomson Reuters Aranzadi, 2014) es justamente de las que enseñan más de lo que pesan. Y pesa bastante por el tipo de papel que utiliza la editorial.

Los empleados públicos se preparan para la llegada de los drones a la Administración

Imagínese entrar en la Junta de Distrito o en la administración de Hacienda, y que los trabajadores que le atiendan tengan encima de la mesa pantallas de realidad aumentada, un nodo de transmisión de datos directamente implantado al cerebro o que -simplemente- quien le atienda sea un robot de sobremesa. Suena a ciencia ficción, pero un estudio que ha hecho RICOH sobre los cambios que se avecinan en la Administración Pública, demuestran que es algo con lo que los empleados públicos cuentan que utilizarán en los próximos 20 años.

En concreto, la realidad aumentada será una realidad, valga la redundancia, para el 70% de los encuestados; el 62% cree que habrá esos robots de sobremesa y también considera que será habitual el empleo de drones. Avances que, según la mayor parte de los encuestados, les permitirá desarrollar mejor su trabajo puesto que tendrán un mejor acceso a la información que necesitan para su trabajo diario. No solo eso, es que aseguran que podrán hacer las tareas con mucha mayor rapidez.

Ahora bien, según Carsten Bruhn, vicepresidente ejecutivo de Ricoh Europa, “hay varios pasos antes de todo esto que deben adoptarse como la mejora en la digitalización de los procesos de negocio críticos, así como la mejora en las nuevas formas de comunicar y recibir información”. Pero no solo eso, es que además alerta de que casi un tercio del personal de la Administración Pública todavía no utiliza las plataformas internas de colaboración o hay alguna reticencia a la hora de llevar a cabo reuniones por videoconferencia.

Cambios, dice, necesarios pero que no responden solo a la voluntad que puedan tener los servidores públicos. El estudio destaca que el 43% de los encuestados considera que uno de los principales problemas que se encontrarán a la hora de llevar a cabo todos estos cambios es la resistencia que pueda poner la normativa que haga el Gobierno, o bien que haya frenos adicionales como la facilidad a la hora de interactuar con los sistemas tecnológicos.

En cualquier caso, lo que parece evidente es que poco a poco la Administración española y europea tendrá que ir avanzando con paso firme y decidido, ya que la Comisión Europea quiere en 2015 el 50% de los ciudadanos y el 80% de las compañías utilicen la vía electrónica para interactuar con la Administración Pública. ¿Llegaremos a tiempo?

Adaptación Autonómica al RDL 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, respecto a las actividades comerciales

La actividad de comercio minorista sigue acaparando la atención del legislador estatal, que busca en la regulación de la misma dar un golpe de efecto sobre el desolador estado actual de la economía.

Como indica el Preámbulo del nuevo RDL,se quiere evitar la heterogeneidad de las regulaciones autonómicas respecto a la regulación básica estatal, hace que respetando las competencias de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, se haga necesario la unificación del tratamiento de ciertas actuaciones relacionadas con los establecimientos comerciales.

A nadie se le escapa que las Comunidades Autónomas tendrán que realizar un ejercicio de adaptación en su legislación interna del comercio minorista para adecuarlo a las modificaciones introducidas por este último RDL.

Para visualizar el proceso, queremos traer a colación un ejemplo:

En Galicia está en vigor la Ley 13/2010 del Comercio Interior de Galicia, cuyo Capítulo III trata de la Autorización Comercial Autonómica.

Vamos a analizar los artículos de esta Ley supuestamente disconformes con la nueva regulación:

En concreto el art.29.2 dispone lo siguiente:

2. A estos efectos, se entiende que únicamente tienen incidencia supramunicipal, y por tanto están sujetos a autorización comercial autonómica, la instalación y traslado de los establecimientos comerciales cuya superficie útil de exposición y venta al público sea igual o superior a 2.500 metros cuadrados por el impacto territorial, urbanístico, viario y medioambiental generado. También será preceptiva la citada autorización en el caso de ampliaciones de establecimientos comerciales cuando la superficie resultante tras la ampliación sea igual o superior a 2.500 metros cuadrados.”

Por su parte el art.32.1 (Procedimiento para la obtención de la autorización comercial autonómica y su valoración)  establece:

1. La autorización comercial autonómica será concedida mediante resolución de la persona titular de la consejería competente en materia de comercio con carácter previo a la obtención de la licencia de obra municipal, así como a la obtención de cualquier otra licencia o permiso de otra entidad o administración que sean exigibles, en su caso.”

El art.32.6 dice:

6.El plazo para resolver el procedimiento de autorización comercial autonómica será de seis meses…”

Y en relación con el anterior el art.33 (Simplificación administrativa e integración de procedimientos) expone:

“Obtenida la autorización autonómica, la persona interesada presentará la comunicación previa o solicitará la licencia urbanística, según proceda.”

El límite de superficie de 2.500 m2 y el análisis a priorístico de incidencia supramunicipal, entendemos a la luz de la nueva regulación del RDL 8/2014, deberán ser adaptados por la Comunidad Gallega, ya que como establece el Preámbulo de la nueva norma, crean dudas más que razonables sobre la adaptación de estos parámetros a las razones imperiosas de interés general a las previstas en el artículo 17.1.b) de la Ley 20/2013, como consecuencia del análisis de necesidad y proporcionalidad efectuado sobre las posibles restricciones, en coherencia con la referencia a las razones imperiosas de interés general aplicables a la distribución comercial del artículo 6 de la Ley 7/1996.

Es decir no se ha echo un exhaustivo análisis de necesidad y proporcionalidad de estas restricciones de límite de superficie y de tratamiento procedimental, ya que el legislador gallego ha echo una especie de suposición sin evaluación previa, sobre los casos que requerirían esta autorización. Estima que tienen incidencia supramunicipal por el impacto territorial, urbanístico, viario y medioambiental generado, sin previo estudio de ningún tipo.

Por otro lado el procedimiento es bifásico, la autorización comercial autonómica la otorga la Administración Autonómica, mientras la licencia/comunicación previa serán tratadas por las Entidades Locales. Con lo cual no se respeta el procedimiento único ante una única Administración territorial competente, propugnado por la redacción actual del art.6 de la Ley 7/1996.

Por último el plazo de resolución debe modificarse y pasar de los 6 meses expuestos por el art.32.6 a los 3 meses que indica el art.6.5 de la Ley 7/1996.

Con este ejemplo queremos retratar hasta que punto pueden llegar a modificarse las Leyes Autonómicas de Comercio Interior o Minorista para adaptarse a la nueva regulación.

Ayudar a los demás te convierte en un mejor profesional

¿Llevar a cabo acciones altruistas mejora el rendimiento en el trabajo? La respuesta es afirmativa. A través del voluntariado corporativo se logra incrementar la eficiencia en la empresa privada y en las administraciones públicas. Así lo apunta al menos un estudio del Instituto de Estudios Laborales de ESADE y Valores & Marketing que revela que un 92% de los empleados que desarrollan alguna actividad de este tipo mejoran su rendimiento en el entorno profesional.

Además del rendimiento, las competencias profesionales también mejoran. Los resultados indican que las capacidades que más aumentan son la del trabajo en equipo (87%), comprender la realidad social (81%), y las habilidades comunicativas (68%). Mientras que las menos desarrolladas para este campo serían la creatividad (51%) y las formas de liderazgo (45%).

La oportunidad de estar en contacto con otras culturas y realidades sociales, implica capacidades y habilidades para adaptarse al cambio y agudizar el ingenio para inventar nuevas formas de hacer las cosas. Ante cualquier cambio en el entorno o la falta de recursos, vivir una experiencia provoca ser más flexible en los planteamientos y una adaptación más rápida al medio.

Respecto a la potenciación del liderazgo y la comunicación, cabe destacar que muchas de estas personas ya tienen en su ADN el gen del liderazgo y ciertas dotes para la comunicación y que la experiencia de transformación vital vivida lejos de su entorno, contribuye a reforzar estas habilidades. Aquellas personas que realizan actividades de voluntariado son vistas por la plantilla como personas a imitar, innovadoras y con valores, factores clave para liderar con éxito.

Los datos demuestran que el altruismo es beneficioso para todos. Para los expertos, el voluntariado es un elemento que contribuye a aflorar el talento dentro de una organización, ya sea pública o privada. Según las opiniones de la encuesta, no existe una palanca de gestión orientada al impacto de estas actividades, pero existen evidencias en las organizaciones analizadas de que se consiguen mejoras en la gestión de los recursos humanos.

Pese a que con estas acciones se consiguen mejoras sin haberlas planeado, según los resultados se hace necesario gestionarlas con el mismo rigor y profesionalidad con el que se gestionan otras áreas de una administración, lo que significa colocarlas en la agenda de las empresas, según se especifica en el informe.

Para terminar, este tipo de vivencias permite conocer realidades que exceden la zona de confort a la que los participantes están habituados, por lo que se pone de manifiesto todo el potencial de cada empleado, a veces incluso aptitudes ocultas que descubren de sí mismos para resolver su cometido, una impronta que también se dejará notar en su forma de trabajar, su eficiencia y en la transmisión de sus valores dentro de la organización. En otras palabras, se capacita a organización y a empleados para contribuir a mejorar la sociedad con un pequeño gesto.

La Administración vuelve a contratar

Poco a poco la Administración Pública parece dispuesta a recuperar el terreno perdido en materia laboral durante los últimos años. Las distintas administraciones van haciendo pequeños anuncios que ponen de relieve su intención por volver a situar a las plantillas de empleados públicos en el nivel que requiere un país como España.

La primera en hacerlo fue la Administración Central que, a través del Boletín Oficial del Estado, ya hizo en abril su propia convocatoria de empleo para este curso. En total 1.538 plazas entre las que encontramos quince para abogados del Estado, arquitectos de la hacienda pública o subinspectores de empleo y Seguridad Social para los que se han convocado algo más de 38 plazas. Ahora bien, de toda esta oferta, algo más de mil puestos son de promoción interna. Y todo ello sin contar los 159 puestos en la Guardia Civil o las más de 300 en el Cuerpo Nacional de Policía.

Pero sin duda, la gran oferta de empleo que hay en marcha en este instante la ha hecho el ministerio de Defensa. Busca algo más de 3.900 militares, con los que situar las plantillas del Ejército en los topes fijados por el propio Ejecutivo. Por hacernos una idea, en 2006 había algo más de 86.000 militares, mientras que cuatro años más tarde la cifra no llegaba a los 77.000. Con esta nueva convocatoria la idea es acercar la plantilla al tope de 80.000 trabajadores con los que puede contar el Ejército.

También las Comunidades Autónomas están haciendo sus propas convocatorias. Así, por ejemplo, en los últimos días Comunidades como Valencia o Baleares han puesto en marcha algunas convocatorias de plazas. También otras autonomías como Madrid están pensando en hacer sus propios proyectos. Incluso Ayuntamientos como el de la Capital ya han anunciado la puesta en marcha en los próximos meses de nuevos concursos de oposición. Será en otoño cuando los ponga en marcha con 150 plazas, entre las que habrá plazas de arquitecto superior y técnico, letrado consistorial, médico general y ATS de SAMUR, diplomado en trabajo social, ingeniero técnico, técnico de gestión, delineante, agente de movilidad, estenotipista/taquígrafo, técnico auxiliar de biblioteca, auxiliar de obras y vías públicas, y cocinero.

Dos órdenes, 2.114 páginas de Boletín

Cuando me inicié en el estudio del Derecho primero y en la investigación jurídica después todavía existía aquella liturgia consistente en la lectura del Boletín Oficial del Estado. Todo era papel por aquel entonces, legislación, jurisprudencia y doctrina. La cultura jurídica sí ocupaba lugar, y mucho.

Hoy las cosas son muy diferentes. Todo tiende a ser telemático, apoyado en las crecientes nubes que, si nadie lo remedia, quizá lleguen a tornarse en nubarrones. Quizá sea la lejanía que la nube genera, sin intangibilidad, lo que hace que la incontinencia regulatoria de algunos acaben generando monstruos. Citaré dos, pero vaya por delante que no voy en este comentario a abordar fondo sino únicamente forma. Se trata, por un lado, de la Orden SSI/1225/2014, de 10 de julio, por la que se procede a la actualización del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud; y, por otro lado, de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 353 y 1.761 páginas del Boletín Oficial del Estado respectivamente. Juntas tienen el dudoso honor de llenar 2.114 páginas del Boletín. Ahí es nada.

La primera incorpora a diferentes efectos un completo vademécum; la segunda, en cambio, viene a desarrollar el nuevo marco retributivo de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable en ejecución de lo previsto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, completando así el cambio de modelo de retribución de las mismas “con carácter definitivo, al tiempo que se garantiza una rentabilidad razonable a las instalaciones”, y fijando “la vida útil regulatoria y la cuantificación del valor inicial de la inversión, [...] parámetros no revisables”. No dejan de resultar curiosas las apelaciones de esta última Orden, aun siendo consciente de su cobertura legal, al carácter definitivo y no revisable de sus previsiones. En fin.

Mi viejo Código de Leyes administrativas, del Maestro García de Enterría, con el que estudié el Derecho administrativo en la Licenciatura tiempo ha, contaba con 2.850 páginas de apretada letra. Poco más que las dos órdenes antes citadas. Algo no está funcionando bien en este país nuestro para que nuestro ordenamiento jurídico esté asistiendo a casi un centenar de excepcionales Reales Decretos-ley en el curso de cinco años, sucesivas reformas y contrarreformas muy frecuentemente poco justificadas, modificación de normas antes de su entrada en vigor, conflictos recurrentes que nunca acaban de resolverse definitivamente, uso torticero de los mecanismos de control constitucional para bloquear o amparar normas manifiestamente constitucionales o inconstitucionales amparándose en los retrasos del Tribunal Constitucional, inaplicación o interpretación de leyes básicas estatales mediante circulares o notas, carentes de firma incluso en ocasiones… No era esto lo que me enseñaron, ni es esto lo que uno quiere enseñar. Pero no se puede ignorar, ni ocultar. La inseguridad jurídica y el mal uso del sistema de fuentes, unidos al colapso del sistema judicial (clamoroso en muy diferentes ámbitos) comprometen el Estado de Derecho y la democracia misma.

Una segunda oportunidad para los avalistas

Actualmente, la mayoría de las sociedades insolventes no sólo han agotado su crédito antes de verse abocadas al concurso de acreedores, sino que también los administradores y socios han agotado el suyo al resultar avalistas o garantes en las refinanciaciones de sus empresas. Pero mientras las empresas en concurso han extinguido sus deudas, aunque sus activos no alcanzasen para pagar ni siquiera a sus acreedores ordinarios, no sucedía lo mismo con los administradores y avalistas -personas físicas-.

Esta situación asimétrica cambió con la Ley de Emprendedores. A través de dicha Ley, se viene, desde el pasado año, a dar una segunda oportunidad a dichos avalistas. Pero, ¿en qué consiste esta segunda oportunidad y a quiénes es aplicable? Según Fernando González, presidente de IURE Abogados,”esta segunda oportunidad consiste en poder extinguir la deuda contraída en su cualidad de avalistas o garantes. Pero no todas las personas físicas podrán conseguir dicho objetivo. Se requiere que sean empresarios, profesionales o autónomos cotizantes en este régimen de la Seguridad Social, y que hayan intentado -sin éxito- un acuerdo con sus acreedores a través de un mediador concursal”.

Si dichos avalistas no tienen deudas con las Administraciones Públicas y su insolvencia ha sido fortuita, podrán encontrar la extinción de las deudas que avalaron y, por tanto, saldrán del RAI, Asnef, Experian y cualquier otro registro de morosos e impagados. “Es una muy buena noticia para tantas y tantas personas físicas que el ‘sistema’ arrojó a esa situación extrema de tener que avalar a empresas inviables ante la presión ejercida por las entidades financieras”, manifiesta González.

No sólo es loable dar una segunda oportunidad a tantos insolventes fortuitos, sino que además, de no haberse adoptado esta medida legislativa, muchísimos ciudadanos se verían obligados de por vida a vivir en la economía sumergida o amparados por testaferros o administrativos de paja. Según el presidente de IURE Abogados, “la pena es que esta segunda oportunidad no se haya hecho extensible a todas las personas físicas, privando de la misma a quienes no tengan la consideración de empresarios o profesionales”.

La vía para conseguir la remisión o el perdón de dichas deudas es la mediación concursal. Esta figura se ha creado para que dichos deudores intenten posibles acuerdos de pago con sus acreedores. Si dichos acuerdos de quitas y esperas no se llegan a adoptar o si adoptados no se llegan a cumplir, entonces es cuando el deudor insolvente dentro del proceso concursal encontrará la remisión y el perdón de su endeudamiento ordinario, siempre que se atiendan las posibles deudas con la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

Otro requisito para que sea factible dicha remisión consiste en que el deudor avalista o garante se vea inmerso en su insolvencia de forma fortuita. Para que sea declarada fortuita su insolvencia se requiere a su vez que dicho deudor no haya generado o agravado de forma dolosa o con culpa grave la misma. A la vista de lo que sucede en la casi generalidad de los avales, cabe pensar que la posición de avalista – la que da lugar a su ulterior insolvencia- es una posición forzada por las entidades financieras y casi nunca querida por los deudores que ante la presión de aquellas se ven “obligados” a afianzar o avalar las deudas de sus sociedades. Por ello cabe pensar que este requisito – insolvencia fortuita o no generada de forma dolosa – se dará en la mayoría de los avalistas insolventes. “Siendo factible acogerse a esta segunda oportunidad, la invitación que hace la Ley a tal fin bien merece la pena ser considerada y aprovechada”, concluye González.

Rizando el rizo

La Ley todo lo puede. En el Boletín Oficial de Aragón de 18/07/2014  se publica el Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón (TRLUAr) que se supone que trata de refundir la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón con sus reformas, operadas por el artículo 43 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo y por la Ley 4/2013, de 23 de mayo. En principio esto parece normal y hasta sano; eso del espíritu codificador está bien y se supone que aclara al operador jurídico siempre que no existan extralimitaciones.