El suelo urbanizable sin programación es suelo rústico a efectos del pago del IBI

Recientemente se han publicado en diversos medios de comunicación la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, recaída en el Recurso de Casación en interés de la ley.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación en interés de ley, presentado por el Abogado General del Estado y la Dirección General del Catastro contra la sentencia dictada el día 26 de marzo de 2013, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La sentencia señala que mientras el suelo no tenga un desarrollo urbanístico su valor catastral asignado será rústico, tributando como tal en el impuesto sobre Bienes Inmuebles.

La STSJ de Extremadura señala que la recta exégesis impone la necesidad de analizar conjuntamente tres normas: la normativa estatal, la normativa autonómica y el plan general de ordenación urbana de la ciudad. Por primera vez, en nuestra historia legislativa se conjugan tres normas sobre una misma realidad, ya que hasta la fecha la normativa tributaria seguía su propio camino desconociendo la regulación urbanística, una misma realidad con valoraciones y tratamientos totalmente diferentes.

La STSJ de Extremadura dio la razón a los recurrentes, interpretando que, conforme al precepto 7.2 del Texto Refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004 no basta para otorgar la calificación catastral de urbano a un terreno con que esté incluido en un sector o ámbito delimitado o sectorizado para ser urbanizado, sino que es preciso que o bien se haya aprobado ya el instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo (Plan Parcial), o bien que tal instrumento no sea preciso porque el propio plan general establezca la ordenación detallada sin necesidad de planeamiento de desarrollo.

Me gustaría hacer una breve reflexión de cómo ha sido la regulación del suelo urbanizable en la legislación urbanística valenciana hasta nuestros días.

1º) La Disposición AdicionalSegunda de la Ley4/92, de 5 de junio, de la GeneralitatValenciana, sobre el suelo no urbanizable, establecía que “los terrenos clasificados como suelo no urbanizable no programado y apto para urbanizar estarán sujetos, en tanto no se aprueben los programas de actuación urbanística en el caso de los primeros y los correspondientes Planes Parciales en el de los segundos  a las siguientes limitaciones entre otros:

2ª) No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o cinegéticas o similares…….

 

3ª) Los tipos de estas construcciones habrán de ser adecuados a su emplazamiento y condición aislada……

4ª) En las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones se estará a lo dispuesto en el Plan General y en su defecto, a lo que disponga la legislación agraria.”·

Posteriormente la LeyReguladorade la ActividadUrbanística, ley 6/1994, de 15 de noviembre de la GeneralitatValenciana, en su art. 10 establecía lo mismo pero aclarando que “la clasificación como suelo urbanizable supone la aptitud de los terrenos para su urbanización, previa programación de los mismos. El programa para el desarrollo de la correspondiente actuación integrada es el instrumento urbanístico básico para la transformación del suelo, que ultima la delimitación del ámbito de la actuación, ratificando el establecido por el planeamiento o modificándolo y establece las condiciones definitivas para su desarrollo” y luego describe las mismas limitaciones que establecía la Disposición Adicional Segunda de la Ley 4/92, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, sobre el suelo no urbanizable, pero especificando también que este tipo de construcciones además de ser adecuadas a su emplazamiento y condición aislada quedan prohibidas las edificaciones características de las zonas urbanas.

Actualmente en los mismos términos se manifiestala Ley16/2005, de 30 de diciembre, dela Generalitat, Urbanística Valenciana en sus arts 12 y 13.

Podemos ver como a lo largo de la legislación urbanística valenciana el suelo urbanizable mientras no tuviera aprobado el programa de actuación urbanística, que podía contener entre otros documentos un plan parcial dependiendo de si la ordenación pormenorizada estaba establecida en el Plan General o no, tenia el mismo tratamiento que un suelo no urbanizable en donde las construcción que se podían realizar eran las permitidas por el Plan General de Ordenación y la ley del suelo no urbanizable, al igual que si se solicitaban licencias de segregación y parcelación se aplicaba lo dispuesto en la legislación agraria.

En conclusión, la normativa urbanística autonómica desde 1992 hasta nuestros días le da el tratamiento de suelo no urbanizable al suelo urbanizable sin programa urbanístico aprobado, esta valoración no ha sido la que se recogía en el Catastro y los propietarios se veían obligados injustamente a tener que pagar en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles un valor como suelo urbano que no se correspondía con la realidad. En mi opinión, lo más importante de la STSJde Extremadura es haber sabido analizar conjuntamente tres normas:, la normativa estatal (art. 7.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y art. 12.2 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo), la normativa autonómica y el plan general de ordenación urbana de la ciudad y haber establecido que una misma realidad no puede tener tratamientos diferentes.

La auditoria privada entra en el terreno público

Ha tardado, pero parece que se han dado cuenta. La Intervención General de la Administración del Estado asume que no puede con todo el trabajo que tiene, y ha decidido dar luz verde a la entrada de auditoras privadas. El objetivo es que asuman las labores de auditoría de organismos, empresas públicas y estatales. También de aquellas entidades que controlen la gestión de subvenciones y ayudas con cargo a fondos comunitarios.

Esta contratación se puede aplicar desde este mismo miércoles. ¿Los motivos? Según el Boletín Oficial del Estado se deben a “razones de eficiencia técnica y organizativa”, que están destinadas a dar cumplimiento en el plazo previsto a las actuaciones de control registradas en el Plan Parcial de Auditorías y Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas de cara a 2015. 

El Gobierno Corporativo, clave en el buen nombre de las Administraciones Públicas

La transparencia en las empresas es un valor que cotiza al alza. Velar por su veracidad debe ser un compromiso de las Administraciones Públicas. Este sencillo principio es seguido por todos y nadie discute sobre él. Y esto es así porque cuando sucede justo lo contrario, quién más sufre, además del pequeño accionista, son los reguladores.

Lo hemos visto hace muy poco tiempo con el caso Gowex. Que nadie se enterara de la monumental estafa que había creado Jenaro García ha afectado a muchos. Pero las mayores críticas han tenido un destino claro: la Administración Pública. ¿Cómo era posible que el MAB no se enterara de nada? ¿Y la CNMV? ¿Y Hacienda? ¿Y…? Por este ejemplo se puede deducir que velar por la transparencia en las empresas privadas, ya no decimos en las públicas, es una labor fundamental para que el sector público tenga buena imagen y se gane la confianza de la sociedad.

Pero, ¿cuál es el mejor mecanismo para lograr que casos como el de Gowex no se repitan? Pues impulsar el buen gobierno corporativo en las firmas mercantiles. La esencia del gobierno corporativo es el establecimiento de las normas que rigen las relaciones entre las personas responsables de la gestión de la compañía -es decir, su equipo directivo- y otros grupos de interés. Entre estos últimos, no se incluyen solo a los accionistas de la empresa, algo que se da por descontado, sino que afecta a cualquier entidad que tenga relación directa con el negocio, como empleados, acreedores, proveedores, clientes, y las propias Administraciones Públicas.

La reciente crisis económica ha demostrado que algunas prácticas y mecanismos de control no han funcionado. Por eso desde los poderes públicos se debe urgir a las organizaciones a que mejoren las labores de buen gobierno, cuyas carencias han puesto en riesgo la supervivencia de las empresas. La calidad del buen funcionamiento de una corporación es ante todo responsabilidad de la empresa, pero las consecuencias generales de los problemas obliga a establecer medidas generalizadas. Éstas deben, sí o sí, ir enfocadas a lograr una mayor transparencia e incrementar la participación de los accionistas en las propias compañías. De esa forma se podría volver a confiar en las empresas y se evitarían escándalos que salpican a toda la sociedad y dañan la imagen de los poderes públicos.

En esta carrera por la transparencia, la primera medida, y más fundamental, es la de conseguir unas cuentas más claras, que den una imagen fiel y cuya veracidad haya sido contrastada por terceros. Además de eso, el buen gobierno y la búsqueda de la veracidad deben ir más allá de los números. Un par de iniciativas que ayudarían sería la convertir en más transparentes las relaciones de los directivos con en consejo de administración y las de propio consejo con los accionistas. Si estos tres poderes de las empresas están en sintonía será más complicada que aparezcan irregularidades. Si no es así, seguiremos sufriendo más casos tipo Gowex, cuyas consecuencias llevan a que paguen justos por pecadores.

De nuevo las competencias sobre urbanismo. Ahora, los sistemas generales…

Resulta algo sorprendente que, frente a las profundas reformas introducidas en muy diferentes sectores, en parte como consecuencia de la crisis, en parte como expresión del impulso a un nuevo modelo económico para el país tras las últimas elecciones generales, en el derecho urbanístico las cosas sigan como siempre. Pudiera argumentarse de contrario que se ha aprobado la Ley 8/2013, de 26 de junio, sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, así como algunas reformas parciales sobre aspectos concretos en algunas Comunidades Autónomas. Pero lo cierto es que el grueso de la normativa urbanística sigue ahí, inasequible al desaliento, preparada para mejores tiempos en que el país pueda volver a cabalgar a lomos del crédito motorizado. Un futuro incierto y para algunos, entre los que me cuento, desalentador.

Diez puntos clave acerca de la fiscalidad del ahorro previsional

El Foro de Expertos del Instituto Aviva de Ahorro y Pensiones ha redactado diez puntos que considera básicos relativos a la fiscalidad del ahorro previsional a largo plazo en España. Entre sus principales conclusiones propone la aplicación de un ‘principio de neutralidad’, cuyo cumplimiento está intrínsecamente vinculado con la necesidad de revisar la fiscalidad de las modalidades de ahorro a largo plazo existentes. Para lograrlo, proponen no solo simplificar y armonizar la gama de productos disponibles, sino también definir con mayor exactitud su naturaleza como productos de ahorro previsionales a largo plazo. Del mismo modo, considera necesario equiparar el tratamiento fiscal de dichos productos con un criterio de neutralidad que garantice la más estricta igualdad entre ellos.

Según Guillermo de la Dehesa, chairman del Foro de Expertos del Instituto Aviva, “el ahorro a largo plazo es una pieza clave de la estabilidad financiera de nuestro país y, por lo tanto, está intrínsecamente vinculado al bienestar de los ciudadanos. Por ello, es necesario orientar parte del ahorro a corto plazo hacia fórmulas centradas en el largo plazo, finalistas y previsionales, capaces también de garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones. En este punto, es fundamental revisar en profundidad el tratamiento fiscal de los productos de ahorro a largo plazo bajo un parámetro de neutralidad”.

El decálogo queda como sigue:

1. No se ha insistido todavía lo suficiente sobre la importancia del ahorro a largo plazo para la financiación estable de la economía productiva. Si, además, dicho ahorro tiene como finalidad última la provisión de rentas de jubilación para sus titulares, la importancia de este compacto social es doble. El Ahorro Previsional a Largo Plazo (APLP) es, por lo tanto, una de las claves tanto del crecimiento de la economía, como del bienestar de la sociedad a largo plazo.

2. El APLP en España es todavía reducido, pero está llamado a constituirse en una figura de gran relevancia a medida que la consolidación del sistema público de pensiones, la creciente longevidad de la población española y las transformaciones estructurales de la economía y de la sociedad española demanden y faciliten la adopción de soluciones financieras complementarias para el bienestar de los trabajadores durante su jubilación.

3. La adaptación de los instrumentos y mercados existentes para canalizar eficientemente el APLP es, por lo tanto, indispensable. En primer lugar, la regulación del sector y de la estructura de la propia industria deberán cambiar para hacerse más eficaces, eficientes y competitivas. En segundo lugar, otro elemento clave de este entorno es la fiscalidad, que también deberá adaptarse para poder facilitar, sin menoscabo de la recaudación, el desarrollo de este sector para equipararlo a otros de nuestro entorno y para que haga frente los crecientes retos demográficos del S. XXI.

4. Existen dos principios básicos en los que debe apoyarse la fiscalidad del APLP: en primer lugar, el de “neutralidad”, para evitar tener efectos distorsionantes sobre las decisiones de los ahorradores o sobre otros equilibrios económicos para conseguir equiparar el trato fiscal a todos los productos de ahorro equivalentes. En segundo lugar, el de evitar “fallos de mercado” incentivando aquellos tipos de ahorro que sean social y económicamente deseables, pero que estén todavía infradotados por la sociedad.

5. Este principio de neutralidad deja de darse cuando una forma de ahorro está peor tratada que cualquier otra forma de ahorro equivalente. No se trata de reivindicar un trato mejor que el existente, sino de llamar la atención sobre el hecho de que no necesariamente todas las formas de APLP están mejor tratadas, fiscalmente, que otros productos de ahorro de propósito y alcance menos relevante.

6. Al incentivar fiscalmente una forma de ahorro económica y socialmente deseable, conviene tener también en cuenta que el APLP es todavía insignificante en España en relación a la dimensión que tiene en otros países de nuestro entorno y esta puede ser una de las razones de la débil e ineficiente capitalización de nuestra economía productiva. Además, existe la duda de sí, por causas fiscales o de otro tipo, no habrá demasiados obstáculos al desarrollo de esta forma de ahorro frente, por ejemplo, a la acumulación de otros activos alternativos, como la vivienda.

7. Parece conveniente, asimismo, revisar la fiscalidad de las modalidades de APLP existentes. Simplificando la gama de productos elegibles, armonizando los existentes, clarificando su naturaleza como APLP y equiparándolos todos fiscalmente con la más estricta igualdad de trato, que, en aras del principio de incentivación antes aludido, no debería ser peor, y sí mejor, en la medida de lo posible, que la de cualquier otro producto de ahorro no previsional.

8. El Gobierno haría bien en intentar racionalizar el sistema de deducciones fiscales de las aportaciones o primas a productos de APLP, asimilando a estos aquellos que verdaderamente cumplan la función previsional a largo plazo. Asimismo, debe quedar muy claro qué fiscalidad soporta el APLP tanto en la fase de acumulación como en la fase de des-acumulación de los activos previsionales.

9. En todo caso, esta fiscalidad debe atenerse al criterio de neutralidad (en el tiempo, esta vez) para, por un lado, evitar la doble imposición de las aportaciones y primas y sus rendimientos y, por otro, de las rentas diferidas o capitales derivados de dichos rendimientos.

10. De optarse por una reducción de los límites de deducibilidad de las aportaciones a los productos de APLP, dicha reducción, debería acompañarse, siguiendo una vez más el principio de neutralidad, con una reducción compensatoria de los tipos que gravan esta modalidad de ahorro y sus rendimientos. De esta forma, al tiempo que se atienda a la crítica que a menudo se hace sobre la escasa incidencia de los límites actuales de la deducción de aportaciones, se devuelva un mejor trato fiscal a todos los ahorradores bajo la modalidad del APLP, independientemente de capacidad para acogerse a dichos límites.

 

No es cuestión menor la del contrato menor

Sucesivas noticias nos han hecho volver la mirada hacia el “contrato menor”, porque dedos acusadores le señalaban como el instrumento que facilitó la corrupción. Es cierto que su regulación permite una ágil actuación administrativa y esa virtud resulta muy atractiva. Tanto para la correcta gestión pública ordinaria, como para quienes quieren aprovecharse de los fondos públicos. De ahí que haya que insistir en que es sólo el abuso y, sobre todo, la tentación de fraccionar los contratos públicos con el fin de cobijarse en el refugio de menores exigencias normativas, lo que ha extendido la sombra de sospechas y recelos.

¿Cómo conseguir funcionarios más motivados?

Es vox populi creer que por el mero hecho de tener un empleo de por vida, los funcionarios son los trabajadores más felices de la galaxia. Algo así como si te tocara la lotería de Navidad todos los años, y más en tiempos donde el paro campa a sus anchas por la geografía española. Esta idea también ha calado en muchos organismos públicos, que piensan en su fuerza laboral como en un grupo de privilegiados mimados a los que no hace falta motivar. Esta forma de pensar supone a todas luces un gran error. Contar con un personal desmotivado es un problema para cualquier organismo, sea público o privado, que va en detrimento de la actividad diaria.

Poseer funcionarios sin aspiraciones y aburridos origina que estos se limiten a cumplir el mínimo exigible en sus labores para no tener problemas con los jefes. Pero, olvídese de que le aporten valor añadido o que tengan ideas propias que mejoren los procesos en la Administración Pública. Serán como robots que no ofrecerán nada útil, y a los que hay que seguir pagando a final de mes. ¿De verdad esa situación es interesante para una institución?

La respuesta es obvia: no. Por eso es importante que desde los despachos se trate de llevar a cabo acciones que ayuden a motivar a la plantilla. En el caso de la empresa privada, se podría pensar que el dinero sería una buena vacuna para elevar la moral de las personas. Pero eso no es del todo real y, además, los entes públicos tienen más complicados explicar los incrementos salariales. Por tanto, las soluciones hay que buscarlas en otros entornos, que no depdenden del departamento financiero. El lugar donde se deben resolver estos males está en Recursos Humanos. Esta área es la encargada de velar por el bienestar de los trabajadores y es el punto de partida para contar con unos funcionarios que sean capaces de aportar ideas, que pueden ir en beneficio del día a día de la corporación. Algunas de las medidas que se deben tener en cuenta si se quiere disponer de una plantilla motivada serían:

- Dar libertad. Todos tenemos un deseo: ser nuestro propio jefe. Por tanto, la gestión desde el departamento de personal, basada en tratar a la gente como si de robots sin iniciativa se tratara, no conduce a ningún sitio. Es mejor crear un entorno donde cada uno pueda desarrollarse como trabajador para mejorar las tasas de motivación.

- Lanzar retos. En una oficina donde ya se respira libertad es importante eliminar el aburrimiento, que se origina cuando el trabajo se convierte en algo monótono y rutinario. ¿Solución? Proponga retos que ayuden a romper el deambular diario en la oficina.

- Objetivos claros. En un organismo público es fácil que el funcionario sienta que su trabajo no sirve para demasiadas cosas. Por mucho o poco que haga, es fácil pensar que todo va a seguir igual. Es necesario romper esa idea a través de un plan de objetivos, que incluya metas temporales que se deben conseguir. Y, sobre todo, explicar el propósito de las mismas y los beneficios que se consiguen por parte de la Administración Pública.

- Saber escuchar. El gran error de la mayoría de los jefes, especialmente de los mandos intermedios estriba en que no saber ni quieren escuchar. De esa forma se coloca una mordaza en la capacidad de iniciativa que pueda tener cualquier funcionario de cualquier departamento. Por tanto, es fundamental que las ideas que puedan surgir de los trabajadores sean escuchadas, discutidas y tomadas en consideración. Jamás ignore una iniciativa, ya sea buena o mala.

- Recompense las buenas acciones, perdone los fracasos. No se trata de convertirse en un samaritano, ni de ganarse el cielo de los recursos humanos. Pero reconocer lo bueno y correr un tupido velo sobre algún error no demasiado importante provoca un importante impulso en la motivación de las personas que forman la plantilla del ente público en cuestión. El agraciado seguirá aportando valor añadido y el equivocado aprenderá del error y tratará de mejorar. De una forma u otra, todos remarán en la misma dirección, con tal de conseguir el beneficio a largo plazo de un lugar de trabajo donde se sienten felices y realizados.

Loterías, tabaco y otras vergüenzas

Este Estado paupérrimo que no supo nunca de dónde rascar ingenió pronto un bonito sistema recaudatorio, un sistema limpio de polvo y paja mediante el cual iba a obtener, además de forma voluntaria,  suculentas cantidades de dinero. La Lotería. El sistema data de Carlos III, al parecer se importó de Nápoles y pronto devino en un apreciable sistema de allegar fondos al Fisco. Qué mejor modo de recaudar que prometer hacer rico a quien la Diosa Fortuna designase bajo el cebo de la codicia, cualidad únicamente humana. No haremos historia de la Lotería, bastante se ha escrito ya y no me parece un tema ameno. Cualquier puede encontrar información fácilmente y baste decir que el invento comenzó en 1771 reinando Carlos III y desde entonces no ha desaparecido, ni siquiera en la Guerra Civil, en la que hubo una Lotería en cada bando. La Instrucción de la Lotería Nacional de España de 25 de diciembre de 1811, ya decía que “Las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación, enteradas del proyecto de Lotería que debe denominarse Nacional y que ha de ser igual a la que hace muchos años se halla establecida en Nueva España; se sirvieron autorizar al Consejo de Regencia de España e Indias para que lo llevase a efecto (…). En consecuencia, S. A., considerando que este puede ser un medio de aumentar los ingresos del erario público sin quebranto de los contribuyentes, y atendiendo a que los fondos que se versen en este juego, sean manejados con fidelidad, sin agravio ni perjuicio del público interesado; para que estos fines se consigan, ha tenido por conveniente autorizar con su suprema aprobación a los señores D. Antonio Romanillos, Ministro decano del Consejo Supremo de Hacienda, y D. Ciriaco González Carvajal, del Consejo y Cámara de Indias, para jueces conservadores del establecimiento”.