Debates tras la reforma de la Administración local (I): Una previa cuestión general.

Imagino a veces a nuestras Cámaras legislativas como hilanderas acopiando fibras e intereses sociales y, haciéndoles rodar a través de la rueca de un sólido debate y de las garantías del procedimiento, conseguir una ley finamente bien hilada con la que tantos profesionales -funcionarios, jueces, abogados o juristas- puedan trenzar relaciones sociales y evitar nudos de conflictos. Sin embargo, esta ensoñación se estrella en ocasiones con otra percepción opuesta. Porque el estudio de nuevas disposiciones nos desvela que ciertamente  “se ha perdido el hilo” y que hemos de enfrentarnos a rotos y descosidos generados por la publicación de una nueva ley. 

Mucho se está escribiendo -y sin duda se publicará más- sobre la reforma de la Administración local. Su elaboración originó ya amplia agitación de dictámenes, informes, estudios, propuestas… y, tras su publicación, este foro ha acogido interesantes comentarios, pues son diversos los problemas que suscita. Tantos que incluso se han anunciado contiendas, lógicamente mediante la esgrima incruenta que suponen los recursos en garantía de la autonomía local de cientos de Ayuntamientos y de inconstitucionalidad por algunas Comunidades autónomas. Administraciones que, como “centros de poder”, acarician avariciosas el patrimonio dorado de sus propias competencias que nadie más puede administrar.

La importancia de llamarse “efectivo”

Cuánto tiempo  hemos pasado  los técnicos locales discutiendo  criterios de una buena contabilidad analítica de costes y rendimientos!, hasta fantaseamos en su día con las extraordinarias virtudes de  definir para cada organización una muy personal distribución de centros de costes , principales y mediales, de la que hubiera de surgir  información  imprescindible para la toma de decisiones  orientadas a la eficiencia en la gestión de los servicios municipales.

No obstante, lo cierto es que hasta ahora el resultado ha sido muy desigual y los éxitos, en su caso,  debidos al interés y buen hacer de algunos compañeros. En general, apenas han preocupado los análisis de costes más allá de la redacción de informes técnico económicos previos a la imposición o modificación de tasas por prestación de servicios o realización de actividades administrativas de competencia local.

El rechazo a la Desaparición del INAP

En los últimos días viene circulando por los despachos de las Administraciones Públicas un  proyecto de Real Decreto sobre la creación de un nuevo Organismo denominado XXX y que supone la desaparición de cuatro Organismos Autónomos del Estado, como son el Centro de Estudios Jurídicos, el Instituto de Estudios Fiscales, el Centro de Estudios Políticos y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Dicho proyecto que supone la eliminación y supresión del INAP ha encontrado un frontal rechazo entre un importante sector del funcionario español y asociaciones de funcionarios y en este sentido el Acuerdo de la Asamblea General del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL) en la reunión de la misma celebrada en Sevilla el pasado día 29 de marzo del presente año, y el acuerdo de la Asociación de Antiguos Alumnos del INAP con sus secciones iberoamericanas en bloque y de otros colectivos de la Administración Pública Gestora estatal.

Algunas novedades sobre encargos de ejecución en las nuevas Directivas…

Tenemos nuevas Directivas sobre contratación pública. Se trata de la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (Directiva Contratación), la Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (Directiva Concesiones), y la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (Directiva Sectores excluidos). Con seguridad las tres Directivas darán lugar, una vez más, a amplios estudios y seminarios para analizar su contenido, al igual que a imprescindibles novedades normativas nacionales, para incorporarlas y desarrollarlas, y a una igualmente necesaria depuración hermenéutica que habrán de afrontar los numerosos órganos consultivos en materia de contratación, los noveles tribunales de contratación pública y, lógicamente, los juzgados y tribunales civiles y contencioso-administrativos y los órganos judiciales de la Unión Europea. Otra vez.

Licencias en la nueva ley

Una de las novedades que ofrece la ley 27/2013 de Administración local es la (aparente) modificación del régimen que se conoce como de intervención de los Ayuntamientos en las actividades de los particulares. En rigor, no se trata de una ocurrencia del legislador español sino más bien exigencia que se impuso desde el derecho europeo y, en concreto, de la Directiva de servicios (2006/123 del Parlamento europeo y del Consejo) donde se hacen mangas y capirotes con casi todo el sistema de licencias y autorizaciones municipales que había vivido un siglo instalado en la legislación local (de España y de otros muchos países europeos). A partir de la norma europea, las cautelas implícitas en el sistema vigente solo podían sobrevivir si se justificaban “por una razón imperiosa de interés general”.

España en el mundo

Ahora que parece que estamos comenzando a salir de nuestra profunda depresión – aunque el camino aún es largo y doloroso, dada la inaceptable tasa de paro que sufrimos –, es necesario, más que nunca, una mirada estratégica al futuro por venir. La prospectiva es una ciencia incierta y arriesgada, más propia de los think tank anglosajones que de nuestra cultura hispánica. Por eso, se agradece que equipos de muy alta cualificación profesional reflexionen sobre los escenarios económicos, sociales e internacionales más destacados y probables en los que nos tocará desenvolvernos durante estos próximos años. Al menos eso es lo que pretende la iniciativa España 2033 impulsada por la consultora pwc, con Jordi Sevilla al frente,  que pretende construir y analizar posibles escenarios de futuro para España enfocadas en 12 aspectos diferentes. Ya se presentó el informe de la economía, y ahora acaba de salir a la luz el segundo trabajo, España en el Mundo 2033.

Libre acceso a información y derecho de acceso a procedimientos en curso y terminados (II)

En mi anterior comentario quedaba planteado el problema del libre acceso a la información en su proyección sobre procedimientos en curso o terminados. Así, frente a los amplios términos del artículo 35.h) LAP y la remisión a la LTAI que realiza el artículo 37 LAP, recordaba cómo el artículo 35.a) LAP, no modificado por la LTAI, mantiene entre los derechos de los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, el derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y el derecho a obtener copias de documentos contenidos en ellos. ¿Es posible deducir del texto legal finalmente resultante la voluntad del legislador de realizar un diferente tratamiento de unos y otros? Ciertamente, cualificada doctrina distingue entre procedimiento y documentos obrantes en el expediente, que permite considerar terminado el documento, y plenamente accesible, al margen de que no haya concluido el procedimiento. Sin embargo, resulta evidente la posible afección a los derechos de los interesados que la plena aplicación del libre acceso a la información pública, si por pública se entiende la obrante en procedimiento no concluidos, puede llegar a producir.

Las encomiendas de gestión ¿con o sin iva?

La encomienda de gestión es uno de los negocios jurídicos mas utilizados en estos momentos por las Administraciones Públicas dado las posibilidades que presenta, en especial, en lo que se refiere a la huida de la legislación de materia de contratos públicos.

En estas líneas me propongo tratar un tema que está planteando dudas en su gestión: la sujeción a IVA. En sentido estricto, la problemática que se plantea es la sujeción a IVA de las encomiendas de gestión reguladas por el artículo 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido dela Ley de Contratos del Sector Público y excluidas de su ámbito de aplicación de acuerdo al artículo 4.1 n.