Menos medidas y Max Liebermann

De manera inopinada una ventana del ordenador me ha reflejado la imagen de Max Liebermann. La sorpresa me ha llevado a tratar de rememorar sus cuadros de carácter naturalista: mujeres desplumando gansos o mujeres cosiendo en una fábrica, así como sus paisajes impresionistas… Pero más rápidamente me han venido a la memoria algunas anécdotas que me han contado. En particular su renuncia a la presidencia de la Academia prusiana de Bellas Artes y su conocida frase: “Ich kann gar nicht soviel fressen, wie ich kotzen möchte” que, en una traducción bastante libre, podría resumirse como “en absoluto puedo tragar tanto como quisiera vomitar”. Tanta fuerza tiene esta expresión que pienso, incluso, que la he vuelto a oír cuando apareció su imagen en la pantalla.

Los vasos comunicantes de la corrupción

Galileo, el gran científico y pensador de Pisa, dedujo que cuando vertemos un mismo fluido dentro de dos o más vasos, incluso de diferentes formas pero comunicados entre sí, la altura que alcanza el líquido es la misma en todos ellos, aunque, de tratarse de líquidos distintos, el más denso de todos se quedará abajo y el menos denso ascenderá a cotas más altas.

Pero, además de recordar teóricamente estos principios elementales de la Física, los vasos comunicantes también se observan –y lo llevo escribiendo muchos años- en las tramas de corrupción política. Pozos casi sin fondo, negros como un túnel kilométrico sin luz y los que no acaba de ponerse ni freno ni fin.

¿Cómo vas a garantizar la trazabilidad en tus procesos de contratación pública?

Todos los gestores de la contratación pública sabemos que ya han sido aprobadas las nuevas directivas de contratación pública. Según se comenta por la red, el borrador de la nueva ley de contratación ya ha sido redactado. Ahora, está pasando a informes internos, previos a su tramitación formal como proyecto de ley.

Mientras tanto, tenemos el texto de las directivas para ir tomando contacto con los nuevos cambios que obligatoriamente se avecinan en el trabajo del gestor de los contratos públicos.

De la buena fe

Ya en el art. 3-1 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAPA) se establece la obligación de las Administraciones públicas de respetar en su actuación el principio de buena fe. Es indiscutible que dentro de tales administraciones se encuentran los municipios, no sólo porque así se desprende de la citada Ley, sino también porque lo afirma expresamente el art. 4-1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) Ese principio de buena fe parece que ha quedado después reforzado con el espíritu de la posterior, y todavía no íntegramente en vigor, Ley de Transparencia, Acceso al Información Pública y Buen Gobierno (LT). La verdad es que todo ello recuerda a aquella canción de “…vamos a contar mentiras, tralará…”. Uno no sabe si es que se legisla de espaldas a la realidad o es la cruda realidad la que se vuelve de espaldas ante lo legislado, porque no hace falta llevar mucho tiempo trabajando en ayuntamientos para ver que lamentablemente todos esos principios son papel mojado, y en algunos casos casi ni eso, brillando la buena fe por su escandalosa ausencia.

Las facturas en los cajones, ¿una cuestión meramente contable?

Un consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de una comunidad autónoma, hace varias semanas,  en una sesión de control parlamentario,  respondió a una pregunta de la oposición sobre la investigación abierta por la Comisión Europea por un

.30a “posible manipulación” de las estadísticas sobre déficit y deuda públicos,  que las conocidas como facturas sanitarias en los cajones fue una práctica “inadecuada” pero que se trata de una cuestión “meramente contable” y actualmente hay “total transparencia y claridad” en las cuentas públicas. El político añade que  no estamos ante casos de corrupción ni despilfarro, sino de facturas de servicios sanitarios esenciales, como ambulancias, comidas en hospitales,…etc. que el gobierno no tuvo más remedio que aflorar para acogerse al Plan de Pagos a Proveedores.

Los aprovechamientos patrimonializados

En el año 1996 escribí estas conclusiones para diversas Revistas de Administración local:

“V. Conclusiones. La parcela consolidada en el suelo urbano es una situación de hecho insuficientemente regulada por la legislación urbanística vigente. Pero existen dos principios básicos que se aplican a estas situaciones  hecho:

1) Respecto de los derechos adquiridos.

2) Irretroactividad de la ley.

La ley del Suelo de 1976 exigía inmediatamente a la entrada en vigor de la ley la cesión del 10% en el suelo urbanizable, la ley del Suelo de 1992 no introduce esta automática mecánica sino que para lo consolidado prefiere esperar, respectar los derechos adquiridos y exigirlo en un futuro cuando el propietario decida volver a edificar, entonces entrará la parcela en el juego de los nuevos criterios previstos en la ley, se le aplicará el aprovechamiento tipo, tendrá que ceder el 15% del aprovechamiento tipo y, además, tendrá que ajustar el aprovechamiento.

Bicicletas, flexibilidad, trabajar a reglamento

No sé si al amable y paciente lector de este post le pasará igual, pero he de decir que siempre me he cuestionado sobre de la necesidad o conveniencia de tener muchísimas normas que lo regulen todo, sobre la necesidad de cumplir estrictamente la normativa hasta sus últimas consecuencias  y si debe existir un cierto “margen de maniobra” en el cumplimiento de las normas. ¿Hasta dónde regular? Son dudas existenciales que tras largos años como aplicador del derecho, no alcanzo a aclarar. Y, ¿realmente hay que cumplir todo? Recordemos el viejo dilema filosófico: las leyes nazis obligaban a denunciar a los judíos y todo el mundo sabía que el destino de un judío era el campo de concentración y su aniquilamiento. El buen alemán ¿qué debía hacer? La ley imponía la denuncia, pero sabía que ésta, injusta, suponía la muerte del denunciado. Así que a veces no está tan claro si se debe aplicar la literalidad de las normas.

A vueltas con la competencia en materia de vivienda

En entradas precedentes comenté la polémica existente respecto a la subsidiación de los préstamos convenidos. La polémica se generó a partir de una interpretación estatal del artículo 35 de Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de junio y su posterior rectificación.

En esta entrada no pretendo tratar esta cuestión sino una más teórica y que se concreta en la siguiente pregunta: ¿Puede la Administración del Estado dictar instrucciones que aclaren la aplicación de normas jurídicas dictadas por las Cortes Generales cuando se trate del ejercicio de competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas?