¿Cómo conseguir funcionarios más motivados?

Es vox populi creer que por el mero hecho de tener un empleo de por vida, los funcionarios son los trabajadores más felices de la galaxia. Algo así como si te tocara la lotería de Navidad todos los años, y más en tiempos donde el paro campa a sus anchas por la geografía española. Esta idea también ha calado en muchos organismos públicos, que piensan en su fuerza laboral como en un grupo de privilegiados mimados a los que no hace falta motivar. Esta forma de pensar supone a todas luces un gran error. Contar con un personal desmotivado es un problema para cualquier organismo, sea público o privado, que va en detrimento de la actividad diaria.

Poseer funcionarios sin aspiraciones y aburridos origina que estos se limiten a cumplir el mínimo exigible en sus labores para no tener problemas con los jefes. Pero, olvídese de que le aporten valor añadido o que tengan ideas propias que mejoren los procesos en la Administración Pública. Serán como robots que no ofrecerán nada útil, y a los que hay que seguir pagando a final de mes. ¿De verdad esa situación es interesante para una institución?

La respuesta es obvia: no. Por eso es importante que desde los despachos se trate de llevar a cabo acciones que ayuden a motivar a la plantilla. En el caso de la empresa privada, se podría pensar que el dinero sería una buena vacuna para elevar la moral de las personas. Pero eso no es del todo real y, además, los entes públicos tienen más complicados explicar los incrementos salariales. Por tanto, las soluciones hay que buscarlas en otros entornos, que no depdenden del departamento financiero. El lugar donde se deben resolver estos males está en Recursos Humanos. Esta área es la encargada de velar por el bienestar de los trabajadores y es el punto de partida para contar con unos funcionarios que sean capaces de aportar ideas, que pueden ir en beneficio del día a día de la corporación. Algunas de las medidas que se deben tener en cuenta si se quiere disponer de una plantilla motivada serían:

- Dar libertad. Todos tenemos un deseo: ser nuestro propio jefe. Por tanto, la gestión desde el departamento de personal, basada en tratar a la gente como si de robots sin iniciativa se tratara, no conduce a ningún sitio. Es mejor crear un entorno donde cada uno pueda desarrollarse como trabajador para mejorar las tasas de motivación.

- Lanzar retos. En una oficina donde ya se respira libertad es importante eliminar el aburrimiento, que se origina cuando el trabajo se convierte en algo monótono y rutinario. ¿Solución? Proponga retos que ayuden a romper el deambular diario en la oficina.

- Objetivos claros. En un organismo público es fácil que el funcionario sienta que su trabajo no sirve para demasiadas cosas. Por mucho o poco que haga, es fácil pensar que todo va a seguir igual. Es necesario romper esa idea a través de un plan de objetivos, que incluya metas temporales que se deben conseguir. Y, sobre todo, explicar el propósito de las mismas y los beneficios que se consiguen por parte de la Administración Pública.

- Saber escuchar. El gran error de la mayoría de los jefes, especialmente de los mandos intermedios estriba en que no saber ni quieren escuchar. De esa forma se coloca una mordaza en la capacidad de iniciativa que pueda tener cualquier funcionario de cualquier departamento. Por tanto, es fundamental que las ideas que puedan surgir de los trabajadores sean escuchadas, discutidas y tomadas en consideración. Jamás ignore una iniciativa, ya sea buena o mala.

- Recompense las buenas acciones, perdone los fracasos. No se trata de convertirse en un samaritano, ni de ganarse el cielo de los recursos humanos. Pero reconocer lo bueno y correr un tupido velo sobre algún error no demasiado importante provoca un importante impulso en la motivación de las personas que forman la plantilla del ente público en cuestión. El agraciado seguirá aportando valor añadido y el equivocado aprenderá del error y tratará de mejorar. De una forma u otra, todos remarán en la misma dirección, con tal de conseguir el beneficio a largo plazo de un lugar de trabajo donde se sienten felices y realizados.

Loterías, tabaco y otras vergüenzas

Este Estado paupérrimo que no supo nunca de dónde rascar ingenió pronto un bonito sistema recaudatorio, un sistema limpio de polvo y paja mediante el cual iba a obtener, además de forma voluntaria,  suculentas cantidades de dinero. La Lotería. El sistema data de Carlos III, al parecer se importó de Nápoles y pronto devino en un apreciable sistema de allegar fondos al Fisco. Qué mejor modo de recaudar que prometer hacer rico a quien la Diosa Fortuna designase bajo el cebo de la codicia, cualidad únicamente humana. No haremos historia de la Lotería, bastante se ha escrito ya y no me parece un tema ameno. Cualquier puede encontrar información fácilmente y baste decir que el invento comenzó en 1771 reinando Carlos III y desde entonces no ha desaparecido, ni siquiera en la Guerra Civil, en la que hubo una Lotería en cada bando. La Instrucción de la Lotería Nacional de España de 25 de diciembre de 1811, ya decía que “Las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación, enteradas del proyecto de Lotería que debe denominarse Nacional y que ha de ser igual a la que hace muchos años se halla establecida en Nueva España; se sirvieron autorizar al Consejo de Regencia de España e Indias para que lo llevase a efecto (…). En consecuencia, S. A., considerando que este puede ser un medio de aumentar los ingresos del erario público sin quebranto de los contribuyentes, y atendiendo a que los fondos que se versen en este juego, sean manejados con fidelidad, sin agravio ni perjuicio del público interesado; para que estos fines se consigan, ha tenido por conveniente autorizar con su suprema aprobación a los señores D. Antonio Romanillos, Ministro decano del Consejo Supremo de Hacienda, y D. Ciriaco González Carvajal, del Consejo y Cámara de Indias, para jueces conservadores del establecimiento”.

Los diez desafíos de los despachos profesionales

“Ni las patronales ni los colegios profesionales nos están dando las respuestas que necesitamos en el siglo XXI. Por su parte, las administraciones legislan y realizan imposiciones difíciles de cumplir, sin tener en cuenta que sus decisiones afectan a la totalidad de las empresas españolas”. Son palabras de Miguel Ángel Ferrer Garcerán, socio director general de Arrabe Asesores, en el I Encuentro Nacional de Despachos Profesionales. “A la vez, delegan en nosotros cada vez más funciones y tareas que antes eran públicas, exigiéndonos para ello nuevos certificados y acreditaciones que no nos harían falta para el desarrollo de nuestro trabajo. No pretendemos legislar y entendemos que hacen falta cambios, pero si nos escucharan a los despachos profesionales podríamos lograr que el tejido empresarial ahorrara mucha energía y recursos que destinarían a generar actividad económica”.

Por eso, los asistentes a dicho encuentro han confirmado su voluntad de avanzar hacia una asociación que defienda los intereses de este colectivo; que sea un foro de análisis de sus debilidades y de debate, en donde conocer las mejores prácticas y que favorezca un entorno para el networking. En España existen más de 52.500 despachos, desde empresas hasta autónomos, que integran a economistas, asesores fiscales o financieros, auditores, contables, gestores, o graduados sociales, entre otros. Esta cifra se eleva a 140.000 contando con los despachos de abogados.

Según se ha planteado en este I Encuentro Nacional, los 10 desafíos a los que tienen que responder las empresas del sector son:

  1. Necesidad de ganar tamaño a través de fusiones o alianzas para ser más competitivos y responder con éxito a la creciente competencia.
  2. Abordar la internacionalización para crecer y atender a los clientes que están globalizando su actividad.
  3. Adaptarse a las nuevas tecnologías y aprovechar las oportunidades que ofrecen para ser más eficientes. En este sentido, resulta imprescindible incorporarse al entorno mobile y de los social media como uno de los entornos de negocio de futuro en el que las empresas españolas tienen que posicionarse.
  4. Crear una asociación que agrupe los intereses de los despachos profesionales españoles; que establezca relaciones fluidas con las administraciones para facilitar la adaptación de los despachos y las empresas  en general a los continuos cambios normativos, lograr una interpretación común de las normas por parte de los organismos que las aplican, etc.
  5. Innovar en los procesos y en la gestión del conocimiento.
  6. Reforzar su capacidad de atraer y retener el mejor talento apostando por la formación y con una política sostenible de recursos humanos.
  7. Generar estrategias de diferenciación y posicionamiento, a través de la especialización, la marca, marketing, el precio, etc.
  8. Ofrecer multiservicios a los clientes, que aporten un valor añadido aportando soluciones personalizadas.
  9. Mejorar la gestión del riesgo.
  10. Responder a las demandas de la comunidad en cuanto a una forma ética de liderar los despachos y de asesorar a los clientes, y otros ámbitos de la Responsabilidad Social Corporativa.

 

El otro ajuste, del lado de los ingresos, derivado de la explosión de la burbuja

Han sido los últimos años tiempos duros para el país, tiempos de recortes y economías. Había que gastar menos, y menos se gasta, aunque la distribución de la carga que ello supone diste mucho de haber sido distribuida por igual. Pero no puede olvidarse que la necesidad de gastar menos responde, lisa y llanamente, a una menor recaudación, a la reducción de ingresos. De donde no hay, en definitiva, no se puede sacar. Hace pocos días, el pasado 3 de julio, el boletín oficial del Estado ha publicado la Resolución de 8 de abril de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con Informe de fiscalización de las medidas adoptadas por las Entidades Locales para adaptarse a la disminución de ingresos, fundamentalmente, de los procedentes de la gestión urbanística. Un documento, sin duda, bien interesante para entender el impacto que la explosión de la burbuja inmobiliaria tuvo sobre las cuentas locales y, pese a que este Informe de fiscalización se limite a las Entidades Locales, también sobre las cuentas autonómicas y estatales.

Castilla La Mancha se carga 16 diputados de un plumazo


María Dolores de Cospedal sigue empeñada en cambiar la representación de los ciudadanos de Castilla la Mancha en el parlamento autonómico. Las cortes aprueban este lunes -con los votos en exclusiva del PP- el nuevo Estatuto regional, en el que se contempla un cambio de la Ley Electoral, y reducir el número de diputados en aras de la austeridad, la economía y el ahorro.

 

Con estas modificaciones las Cortes de la región pasarán a tener 33 diputados frente a los 49 que tenían actualmente. Ahora bien, lo que no se sabe todavía es el número de diputados por provincias. A partir de ahora cada una de ellas tendrá tres parlamentarios, y el resto se distribuirán de forma proporcional en función de la población.

 

Una norma que la oposición califica de pucherazo electoral. De hecho el Partido Socialista de Castilla La Mancha ha recurrido al Tribunal Constitucional. Sostienen en la formación que es un intento de la presidenta María Dolores de Cospedal para “perpetuarse al frente de la presidencia, porque esta reforma tira a la basura el 25% de los votos”. No solo eso, denuncian también que esta nueva Ley obligaría a las formaciones más pequeñas a lograr el 17% de los votos para conseguir entrar en el nuevo parlamento, por lo que beneficia el bipartidismo. 

La limpieza “ordinaria” de los ríos: ¿Una nueva competencia municipal?

El territorio de un buen número de municipios está atravesado por algún río, que discurre en alguno de sus tramos por los núcleos urbanos. Los ríos son lugares de disfrute por sus indiscutibles valores ambientales y paisajísticos. Pero para poder disfrutar de los ríos es necesario realizar periódicamente labores de conservación y de limpieza que eviten los desbordamientos, con las consiguientes inundaciones y los daños que se producen, la proliferación de especies invasivas que ponen en riesgo la fauna del río y para prevenir problemas de salud pública como la aparición de determinados insectos.

A vueltas con la Administración Local

En España, lo público está bajo lupa. La crisis ha colocado la gestión de estos recursos de todos en el punto de mira. El contexto económico protagonizado por los duros recortes que los ciudadanos han vivido en primera persona ha coincidido con un momento institucional en el que los casos de corrupción han marcado récord en nuestra historia reciente. Este cóctel ha llevado a máximos la desafección ciudadana por la política y, sobre todo, ha situado en el foco a unas administraciones a las que se les exige que manejen los dineros de manera seria y eficiente.

En este nuevo contexto a quien se mira con lupa es a la Administración Local. Como en otros países de nuestro entorno, en España hace años que existe un debate sobre el mapa institucional, sobre la prestación de los servicios públicos y sobre la necesidad de acometer reformas que garanticen la autonomía de los municipios, pero, al mismo tiempo, la sostenibilidad financiera y la calidad de los servicios públicos. En el post de hoy vamos a analizar si España necesita los 8.117 municipios que tiene.

Empecemos por las cifras. Como se decía en España hay 8,.117 municipios, de los cuales, 5.700 no llegan a 2.000 habitantes y 4.867 ni siquiera alcanzan los 1.000. A esta cifra hay que sumar 3.725 entidades locales menores (caseríos, parroquias, aldeas, barrios, concejos o pedanías). Este mapa se completa con 38 diputaciones provinciales de régimen común, siete cabildos insulares y cuatro consejos insulares. ¿Son muchos, pocos? ¿Hay que reducir?

La respuesta es que no es necesario. A priori, el número de municipios que hay en España no es ni alto ni bajo; no supone un problema ni una ventaja si lo comparamos con otros países. ¿Ejemplos? Francia tiene 36.680 municipios, Alemania 12.066, Reino Unido 10.310, e Italia 8.094. Es decir, la cantidad es la correcta si se tiene en cuenta la población española. Además esta cifra de más de 8.000 responde a múltiples factores como la geografía, la historia o la cultura entre otros. Esto implica que existan muchos lugares con poblaciones menores de 1.000 personas que necesitan servicios públicos igual que las poblaciones con más mayor densidad de habitantes.

Esta característica de España sí que supone un problema. El Gobierno sostiene que el gasto que suponen los servicios públicos es cuatro veces mayor en los municipios de menos de 5.000 habitantes que en los de más de 100.000. Es más, se cifra que el coste por ciudadano en los pueblos con menos de 5.000 personas es de 2.613 euros, mientras que en los de más de 100.000 es de 652 euros. Por tanto, la tesis de centralizar y reducir el número de municipios implicaría sin duda importantes ahorros. A pesar de ello, parece que la futura reforma de las Administraciones Públicas no irá en esa línea por un motivo fundamental: respetar la disparidad geográfica de un país que impide que cualquier reforma se desarrolla de forma lineal en toda España.

Por tanto, la solución para disminuir el gasto en la Administración Local debe pasar por la cooperación entre Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas para ayudarse a la hora de prestar los servicios a los ciudadanos. Hasta ahora el resultado obtenido es que estos trabajos municipales se han venido realizando de manera ineficiente, generando confusión, solapamiento y duplicidades que han provocado ineficiencias y la imposibilidad de contar con una Administración Local sostenible.

Las subvenciones y la declaración de la renta. Dudas y sorpresas (III). El Anteproyecto de modificación de la Ley del IRPF. La problemática de la Renta Básica de Emancipación.

Viene del anterior

Antes de comenzar con la cuestión que centrará el tercer comentario sobre las relaciones entre las subvenciones y el IRPF, quiero dedicarle unas líneas a las novedades que al respecto incorpora el anteproyecto de modificación de la LIRPF (1).

En línea con lo sugerido por la Defensora del Pueblo y comentado en la segunda entrada, la imputación temporal de la ganancia patrimonial derivada de la obtención de cualquier subvención pública se pospone al momento del cobro. A estos efectos se modifica el apartado 2 c) del artículo 14 LIRPF, introduciendo la siguiente redacción:

Las ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas se imputarán al periodo impositivo que tenga lugar su cobro, sin perjuicio de las opciones previstas en las letras g), i) y j) de este apartado.

Recordemos que estas letras se refieren a tres tipos de ayudas que pueden imputarse por cuartas partes en el periodo impositivo en el que se obtienen y en los tres siguientes: las ayudas públicas percibidas como compensación por los defectos estructurales de construcción de la vivienda habitual y destinadas a su reparación, la ayuda estatal directa a la entrada (AEDE) y las ayudas públicas otorgadas a los titulares de bienes integrados en el Patrimonio Histórico Español destinadas a su conservación o rehabilitación.

Hecho de menos la modificación de estos apartados para dotarles de coherencia con la nueva regla general de imputación de las subvenciones. En concreto, hubiese sido deseable que se hubiese establecido que estas ayudas pueden imputarse por cuartas partes en el periodo impositivo en el que se cobren y en los tres siguientes. Aún sin esta modificación, la coherencia normativa exigirá que la interpretación que se realice de este artículo vaya en tal sentido, ya que, en caso contrario, nos encontraríamos ante el absurdo de aplicar distintos criterios de imputación atendiendo al tipo de ayuda pública de que se trate.

Hecho este pequeño aparte sobre la futura reforma fiscal, el presente comentario pretende poner encima de la mesa otra de las sorpresas que las subvenciones producen en el IPPF. En este caso, a diferencia de los anteriores, es una sorpresa agradable, aunque precedida de un mal momento.

La sorpresa se produce al declarar en el IRPF la devolución de una subvención. Esta devolución, conocida en el ámbito de la legislación en materia de subvenciones como reintegro (Título II de la Ley General de Subvenciones), se puede producir de forma voluntaria o previa tramitación del correspondiente expediente administrativo.

La devolución de la subvención debe declararse en el IRPF de forma opuesta a su percepción. Si la percepción es considerada fiscalmente como ganancia patrimonial es fácil concluir que su devolución deberá considerarse una pérdida patrimonial (Consulta del Informa de la AEAT 126619 (2); DGT V1500-11 (3)).

¿Cómo se declara esta pérdida patrimonial? Antes de contestar a la pregunta, avanzó que la regulación de las ganancias y pérdidas patrimoniales sufre constantes modificaciones, por lo que la solución que se propone es la correspondiente a la declaración del ejercicio 2013. La pérdida patrimonial derivada del reintegro de la subvención se integrará en la base imponible general, compensándose en primer lugar con las ganancias patrimoniales que no constituyan renta del ahorro (por ejemplo, otra subvención), y si de esta compensación resultase saldo negativo o no existiesen tales ganancias patrimoniales, se compensará con el saldo positivo de los rendimientos e imputaciones de renta que, igualmente, no tengan la consideración de renta del ahorro (por ejemplo, las rentas del trabajo), con el límite del 10 % de dicho saldo (hasta el ejercicio 2013 era el 25%). Si tras dicha compensación quedase saldo negativo, su importe se compensará en los cuatro años siguientes en el mismo orden indicado (artículo 48 LIRPF).

Esta cuestión está de suma actualidad, solo hace falta pasarse por los blogs creados sobre la Renta Básica de Emancipación (RBE) en los que numerosas entradas plantean dudas acerca del tratamiento fiscal de su devolución. Por ello, como parte final de la presente entrada quiero referirme a algunas consultas de la Dirección General de Tributos que, a mi juicio y con todo el respeto, resuelven incorrectamente esta cuestión cuando se trata de la devolución de la RBE.

Para ponernos en situación veamos un ejemplo. Un joven solicita en 2008 la RBE acreditando una previsión de ingresos brutos anuales de 21.000 € mediante la presentación de un certificado de ingresos de su empresa. La Administración comprueba que efectivamente sus ingresos no van a superar los 22.000 y le concede la ayuda durante 4 años (210 € mensuales). Durante la vigencia de la ayuda los ingresos del beneficiario ascienden a 21.500 € en 2008, 23.000 € en 2009, 23.500 € en 2010 y 21.000 € en 2011. En las declaraciones del IRPF de cada ejercicio el joven declara las cantidades percibidas como incrementos de patrimonio. En 2013 el joven devuelve la ayuda correspondiente a 2009 y 2010 (5.040 €) como consecuencia de la tramitación de un procedimiento de revocación y reintegro por parte de la Administración. La duda que se plantea es cómo declarar esta devolución.

La discusión se centra en si procede la declaración de una disminución patrimonial en la declaración correspondiente al ejercicio 2013 o la presentación de una solicitud de rectificación de las declaraciones de los ejercicios 2009 y 2010.

Para situar la cuestión debemos tener en cuenta que la RBE fue creada por el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, que en su artículo 2 establece como requisito para su concesión que el beneficiario disponga de una fuente regular de ingresos que le reporte unos ingresos anuales inferiores a 22.000 euros. Este requisito para ser beneficiario se evalúa por la Administración con anterioridad a la concesión de la ayuda de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 5 del citado Real Decreto. Una vez acreditado, por ejemplo mediante la presentación del certificado de haberes del año en el que se solicita la ayuda, la Comunidad Autónoma correspondiente reconoce que se cumplen las condiciones para ser beneficiario y la Administración del Estado concede la ayuda, que es abonada mediante transferencias bancarias. Por tanto, la disposición de una fuente regular de ingresos en cuantía inferior a 22.000 euros brutos anuales constituye un requisito que debe concurrir a priori para la concesión.

Por otro lado, el artículo 3.4 del citado texto, con una discutible técnica legislativa, señala, al regular las condiciones de disfrute, que el mantenimiento de la ayuda exigirá que se mantengan las condiciones que habilitaron para el reconocimiento del derecho. Dicho de otro modo, la condición de disponer de unos ingresos brutos anuales inferiores a 22.000 euros debe cumplirse también a posteriori para el mantenimiento de la ayuda durante los cuatro años para los que fue concedida.

En definitiva, la disposición de una fuente regular de ingresos inferior a 22.000 euros es una condición tanto para la concesión de la ayuda como para su mantenimiento, de manera que si no se acredita a priori la Administración no concederá la ayuda y si se incumple a posteriori la Administración exigirá su devolución a través del oportuno procedimiento de revocación y reintegro.

Esta condición de mantenimiento se evalúa anualmente de manera que es posible que el incumplimiento solo se produzca en alguno de los ejercicios a los que se extiende la RBE (4 años), lo que provocará que solo haya que devolver la ayuda correspondiente al ejercicio en el que se produzca el exceso, consolidándose en el patrimonio del beneficiario la ayuda respecto del resto de los ejercicios al haberse cumplido la condición establecida.

La confusión se produce, al margen de la discutible técnica legislativa utilizada, por la utilización del mismo criterio como requisito de concesión y como condición a cumplir por el beneficiario. Esta confusión no se hubiese producido si, por ejemplo, se hubiese establecido como requisito para la concesión que el beneficiario dispusiese de una fuente regular de ingresos que le reportase unos ingresos anuales inferiores a los 22.000 euros, y como condición a cumplir durante la vigencia de la ayuda que sus ingresos anuales no superasen los 23.000 euros.

Con estos antecedentes, veamos cuál ha sido la solución adoptada por al Dirección General de Tributos. La DGT ha señalado que

“Si por el incumplimiento de determinados requisitos el consultante se viera en la obligación de devolver la subvención recibida, podría instar la rectificación de la correspondiente autoliquidación, tal como establece el artículo 120.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria” (Consultas 0932-11 (4) y V1422-13 (5)).

La rectificación se produce cuando el obligado tributario, en este caso el beneficiario de la RBE, considere que la autoliquidación presentada ha perjudicado sus intereses legítimos. Dicho de otro modo, la rectificación se produce cuando el declarante ha cometido un error en su declaración y este error le perjudica, bien sea porque tiene que pagar menos o porque obtiene una devolución mayor.

La cuestión en este caso es determinar si ha existido o no un error. A mi juicio el beneficiario de la ayuda no ha cometido ningún error cuando declaró el incremento patrimonial correspondiente a la percepción de la ayuda ya que ésta estuvo perfectamente concedida (requisito a priori), lo que ha existido es un incumplimiento de las condiciones a cumplir (condición a posteriori), lo que le impide la utilización del mecanismo de la rectificación, y obliga a su declaración como pérdida patrimonial en el ejercicio en la que se produce.

La solución enunciada por la DGT quizá venga dada por una determinación incorrecta del momento temporal en el que se produce el incumplimiento. Si el beneficiario hubiese percibido indebidamente la RBE por incumplir a priori la condición exigible, lo primero que hubiera debido ocurrir es que la Administración no hubiera debido concederle la ayuda, pero si aún así se le concedió lo que se produjo es una percepción indebida de la ayuda. En este caso sí procedería la rectificación de la autoliquidación presentada. Esta es la solución adoptada por la DGT cuando ha existido un cobro indebido de los subsidios de desempleo (Consulta V1667-06 (6)).

En cualquier caso, y con independencia de la cuestión teórica, desde estas líneas aconsejo a aquel que esté en esta situación que se informe en los servicios de la AEAT.

(1)http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Tributarios/Anteproyecto%20Ley%20IRPF.pdf

(2) https://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/s/iafriafrc05f/

(3)http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=20288&Consulta=.EN+NUM-CONSULTA+(V1500-11)&Pos=0&UD=1

(4)http://petete.meh.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?Consulta=.EN+NUM-CONSULTA+(V****-11)+.Y+.EN+NORMATIVA+(ley+35%2F2006)&Pos=178

(5) http://petete.meh.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?Consulta=V1422-13

(6)http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=5623&Consulta=irpf&Pos=1216