La cualificación del personal encargado de la ejecución como criterio de adjudicación de contratos

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido acotando de forma cada vez más estrecha los criterios utilizables para la determinación de la oferta trabajador-diadeltrabajadoreconómicamente más ventajosa y la adjudicación de los contratos regulados por las Directivas. La Sentencia de 26 de marzo de 2015, asunto C-601/13, ha resuelto la cuestión prejudicial planteada acerca de la posibilidad de establecer entre los criterios de adjudicación de un concurso público la evaluación de los equipos concretamente propuestos por los licitadores para la ejecución del contrato teniendo en cuenta su constitución, experiencia probada y análisis curricular. El Tribunal, como explico a continuación, admite que así sea en determinados supuestos y condiciones.

Reforma del Código Penal I. Controversia con la despenalización de faltas

El próximo 5 de julio de 2015 entra en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, entre seguridad vialcuyas reformas, destaca la completa supresión del Libro III de dicho código referido a las faltas y sus penas.

Con la presente reforma, tal y como se nos explica en el preámbulo de dicho texto legal, se suprimen las faltas que históricamente se regulaban en el Libro III del Código Penal, si bien algunas de ellas se incorporan al Libro II del Código reguladas como delitos leves.

Utilización partidista de informes

Hace poco tiempo me consultaba un amigo sobre posible actuación sobre el uso partidista que su Alcalde hacía de sus informes. Los hechos son la solicitud de informe sobre nivel de informedeuda de la Corporación y la evolución durante la legislatura, y la inclusión de una copia del informe en un folleto electoral del partido gobernante.

Lógicamente se solicitaba el informe bajo la excusa de facilitar la transparencia, pero a sabiendas de que el resultado sería la certificación de un saneamiento importante del nivel de endeudamiento municipal. Y con la evidente intención de un uso electoralista de la información, como se ha evidenciado.

Un logotipo no es un escudo municipal

Mirar un escudo es como bucear a través de la historia, leer cada elemento que componen el mismo es intentar entender toda la simbología de un pasado:

“Escudo ibérico. De plata, un árbol de sinople frutado de gules, y con el tronco en su color, terrazado de sinople, dextrado de un perro sentado de sable, anudado a su tronco de una cadena de sable. Al timbre, corona real abierta.”

El escudo puede ser el consagrado por la historia como el que a cabo de describir o bien, escudosi no se tiene escudo se puede adoptar uno, siempre que éste reúna los hechos históricos más representativos de dicho pueblo.

En la obra de José Antonio Sáenz-López González, “La Fe Pública Administrativa en la Vida Local”, Publicaciones Abella, Madrid 1966, se dice que “el sello es una formalidad típica de la Administración con antiguas reminiscencias históricas, ya que era competencia del fedatario guardar las tablas, cera y cuerdas de sellar.

Sobre la aprobación del presupuesto municipal sin mayoría suficiente

No hace falta ser un experto en intención de voto para predecir que los ayuntamientos resultantes de los comicios del 25 de mayo, en un elevado número, se constituirán con Elecciones municipalesgobiernos en minoría y, por consiguiente, tendrán dificultades para la aprobación de los presupuestos anuales, entre otros expedientes.

Como es bien sabido, le corresponde al Pleno de la Corporación la aprobación del presupuesto general de la entidad conforme al procedimiento establecido en el Título VI, Capítulo I, Sección 1ª del Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, siendo suficiente con la mayoría simple de los votos emitidos.

La cualificación del personal encargado de la ejecución como criterio de adjudicación de contratos

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido acotando de forma cada vez más estrecha los criterios utilizables para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa y la adjudicación de los contratos regulados por las CONTRATODirectivas. La Sentencia de 26 de marzo de 2015, asunto C-601/13, ha resuelto la cuestión prejudicial planteada acerca de la posibilidad de establecer entre los criterios de adjudicación de un concurso público la evaluación de los equipos concretamente propuestos por los licitadores para la ejecución del contrato teniendo en cuenta su constitución, experiencia probada y análisis curricular. El Tribunal, como explico a continuación, admite que así sea en determinados supuestos y condiciones.

Festejos estivales: fuego, aseguramiento y responsabilidad

El gran jurisconsulto español anterior a la codificación civil, don Joaquín Escriche, escribía en 1837, en su Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia, a propósito de la pirotecnia, tan habitual en los festejos estivales, que “los fuegos artificiales son los fiestas-patronalescohetes y otros artificios de pólvora que se hacen en ocasión de algún regocijo o diversión”. Y recordaba, con la Novísima en la mano, que “está prohibido fabricarlos, venderlos y usarlos, y disparar fusil o escopeta cargada con munición o sin ella dentro de los pueblos y sus inmediaciones, por los incendios y otras desgracias que suelen ocurrir con semejante motivo”. Una prohibición que, como cuento en mi reciente libro Los poderes público y el fuego, había caído en manifiesto desuso, aunque, como Escriche recuerda, en la letra de la ley “el contraventor incurre por la primera vez en treinta días de cárcel y treinta ducados de multa, con aplicación a penas de cámara y gastos de justicia; por la segunda en doble pena; y por la tercera en cuatro años de presidio”. Este venerable autor –casi el Domat español- también da cuenta de otras prohibiciones de cohetería , resaltando, desde una confesada aversión a los fuegos, su nulo efecto intimidante: “sin embargo de tantas disposiciones, las procesiones, fiestas de santos y aun las nacionales, se celebran diariamente con humo, chispas y traquidos de que no gusta sino el grosero populacho, ocultándose las señoras por temor de las desgracias, los hombres decentes por no ser insultados impunemente, y los niños apenas pueden sufrir el sobresalto si no prorrumpen en muy justas lágrimas”. Y otras muchas censuras similares que no transcribo en aras de la brevedad.

Ordenanzas municipales, unidad de mercado e intervención de la CNMC

Ha sido noticia recientemente que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante CNMC), en el ejercicio de la acción que le reconoce el artículo 27 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (en adelante LGUM), ha

recurrido en vía jurisdiccional la Ordenanza Municipal de Paisaje Urbano de Santa Cruz de Tenerife y la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Hernani, relativa a la solicitud, tramitación y control de la ejecución de las licencias urbanísticas. Es la primera vez que la CNMC impugna Ordenanzas municipales en el ejercicio de la legitimación reconocida en el citado artículo.