Propietarios, urbanizador y empresario constructor en la nueva legislación urbanística valenciana

Hace pocos meses el legislador valenciano unificó y simplificó la normativa autonómica vigente en materia de ordenación del territorio, urbanismo, paisaje y otras cuestiones conexas. El resultado fue la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUPV). En las materias que regula, siempre con el territorio como referente común, son muchas las novedades que incorpora esta nueva Ley, cuyo propósito general facilitar la implantación racional de actividades económicas en el territorio que sean plenamente compatibles con la conservación y mejora de sus valores ambientales, culturales y paisajísticos ofreciendo a los agentes económicos y sociales seguridad, claridad, estabilidad y simplificación de los procedimientos, así como certidumbre en los plazos de desarrollo de las actuaciones.

El carril reservado a los taxis londinenses

Dejaba mi anterior comentario con la idea de seguir analizando las instituciones jurídicas heredadas, al hilo de los nuevos desafíos que los servicios de transporte de viajeros nos presentan y, a los pocos días, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos ha puesto sobre la mesa de estudio sus respuestas a algunas cuestiones suscitadas sobre un privilegio de los taxistas londinenses. De nuevo el servicio del taxi y desde otra interesante perspectiva, a saber, si se benefician de una “ayuda de Estado” y si es compatible con el Derecho de la Unión europea.

La sentencia tiene fecha de 14 de enero (asunto c-518/13) y su causa se remonta a los recursos judiciales frente a cuantiosas multas presentados por una empresa, Eventech, propietaria de vehículos que alquila a conductores privados, quienes realizan servicios de transportes de viajeros. Conviene recordar no obstante otras circunstancias para advertir mejor los elementos necesarios del conflicto y de los razonamientos del Tribunal europeo.

El mobbing laboral en las administraciones públicas

Conocen la gran novela sobre la España burocrática: Miau (1888) de Benito Pérez Galdós. La obra se centra en un buen hombre incomprendido y quijotesco, llamado Ramón de Villaamil, cesante por uno de esos cambios de gobierno tan frecuentes en aquel tiempo. En una parte de su novela nos hace una descripción breve de cómo los compañeros de trabajo con bromas le hacen el vacío “ Al ver a Villaamil escondieron el nefando pliego, pero con hilaridad mal reprimida denunciaban la broma que traían y su objeto. Ya otras veces el infeliz cesante pudo notar que su presencia en la oficina (faltando de ella Pantoja) producía un recrudecimiento en la sempiterna chacota de aquellos holgazanes. Las reticencias, las frases ilustradas con morisquetas al verle entrar, la cómica seriedad de los saludos le revelaron aquel día que su persona y quizá su desventura motivaban impertinentes chanzas, y esta certidumbre le llegó al alma. El enredijo de ideas que se había iniciado en su mente y la irritación producida en su ánimo por tantas tribulaciones, encalabrinaban su amor propio, su carácter se agriaba, la ingénita mansedumbre trocábase en displicencia y el temple pacífico en susceptibilidad camorrista.”

Tasa por aprovechamiento especial del demanio municipal a favor de red eléctrica de España

Las tasas por la utilización privativa o por el aprovechamiento especial del dominio público local vienen suscitando no pocas controversias, que acaban dilucidándose en los órganos jurisdiccionales. Últimamente estas controversias se plantean en relación con la utilización del dominio público municipal por  infraestructuras de redes de telecomunicaciones y de energía. Recordemos los recursos contencioso-administrativos interpuestos por algunas empresas operadoras de telefonía móvil, contra un buen número de Ordenanzas municipales reguladoras de la tasa por el uso de las infraestructuras de telecomunicaciones. Finalmente, los recursos de casación interpuestos por estas empresas fueron estimados por el Tribunal Supremo –anulando algunos preceptos de las Ordenanzas recurridas-, teniendo en cuenta la sentencia de 12 de julio de 2012 del TSJUE, que resuelve una cuestión prejudicial planteada por el propio TS.

Recuperación de la paga. Si procede

Al fin fumata blanca, a los funcionarios se nos devolverá –con matices- la parte proporcional de la paga extra de 2012 que ¿cómo lo calificaríamos, fue sustraída, confiscada, expropiada, requisada, decomisada, fumigada…? Los Sres. Montoro y Beteta parece que han hecho cálculos no sólo presupuestarios  y han decidido reaccionar sobre la base de dos ideas inconfesas:

1)     Ya eran demasiadas las sentencias que condenaban sistemáticamente a las Administraciones a pagar los famosos 44 días debido a la imposibilidad de imponer retroactivamente la medida.

Sí es país para viejos. Europa y los límites de edad para acceder al empleo público

En diversos ámbitos del empleo público viene siendo habitual el establecimiento de ciertos umbrales de edad para participar en los procesos selectivos. No en vano el artículo 56.1.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, incluye entre los requisitos para participar en los procesos selectivos “tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público”. Tal es el caso de la Ley 2/2007, de 23 de marzo, de coordinación de las policías locales del Principado de Asturias, cuyo artículo 32.b) prevé como requisito general de ingreso “tener la edad mínima de 18 años y no sobrepasar la edad de 30 años”.

Reserva de contratos públicos de servicios a entidades voluntariado

Aprobadas las nuevas Directivas sobre contratación y pendientes de la normativa que las incorpore a nuestro ordenamiento interno, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014 (asunto C-113/13, as. Croce Rossa Italiana y otros) acaba de declarar que “los artículos 49 UE y 56 FUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que prevé que el suministro lo servicios de transporte sanitario de urgencia y de extrema urgencia debe confiarse, con carácter prioritario y mediante adjudicación directa, sin ningún tipo de publicidad, a los organismos de voluntariado con los que se haya celebrado un convenio, siempre que el marco jurídico y convencional en el que se desarrolla la actividad de esos organismos contribuya efectivamente a la finalidad social y a la consecución de los objetivos de solidaridad y de eficacia presupuestaria en los que descansa esa normativa”.

Los fondos de financiación a CCAA y EELL: ¿“Facilidad financiera”?

El RDL 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico ha creado dos fondos de financiación divididos en “compartimentos”, regulándolos en un mismo texto legal.

Veamos hoy unos pequeños detalles del compartimento “Facilidad Financiera” (parece un anuncio de un banco) del Fondo de CCAA y el de “Fondo de Ordenación” de las EELL.

El Ministerio de Hacienda ya tiene acordados unos importes con la mayoría de Comunidades Autónomas a través del anterior Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), con las que ya tiene acordados unos Planes de Ajuste. Con el RDL permite a CCAA que no tuvieran Plan de Ajuste (por cumplir los objetivos de Déficit) acogerse a este compartimento de “Facilidad Financiera”, pero deberán remitir trimestralmente el escenario económico-financiero, del año en curso y el siguiente, y la información “en materia de reordenación del sector público autonómico”. Fantástico, un cuento de hadas y princesas, comparado con el vía crucis al que se somete a las EELL que soliciten su “ordenación”.