Derecho de superficie y contratación pública

Es el de la contratación del sector público ámbito, como otrora lo fue el ambiental, con una potente vis expansiva que amenaza con invadir espacios que inicialmente parecían del todo ajenos. En varias ocasiones me he ocupado en estas páginas sobre las relaciones entre gestión urbanística y contratación pública, todavía pendiente a mi juicio de adecuada articulación tras eludir el Tribunal de Justicia un pronunciamiento definitivo hasta el momento. En este comentario, sin embargo, en las implicaciones emergentes entre derecho de superficie sobre suelos públicos, cuestión regulada en la normativa de suelo y patrimonial, y contratación pública. La Resolución de 20 de noviembre de 2014 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha resuelto anular pliego y procedimiento de licitación para la cesión del derecho de superficie sobre suelos de una entidad local para la instalación de un área de estacionamiento y servicio de vehículos.

Expertos independientes y criterios de valoración en la contratación pública

Los interesados en la regulación de la contratación pública tienen por delante un denso año de estudio. Si ya en la actualidad se acumulan las resoluciones de los tribunales y órganos especiales que resuelven los conflictos relativos a los contratos del sector público, cada vez más sustanciosas, los curiosos cuentan ahora con otro voluminoso trabajo: el texto de Borrador del anteproyecto que reformará la Ley de contratos. Apareció hace unos días.  No más tarde de mediados de abril de 2016, el Reino de España ha de incorporar las precisiones establecidas en las últimas Directivas europeas, si quiere mostrar su compromiso con la integración europea. Un año, por tanto, de análisis, jornadas y debates.

Imputación de altos cargos

La opinión pública española lleva meses y meses asistiendo al juego del gato y el ratón de la famosa Juez Alaya con los antiguos Presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Ante todo, vaya por delante el testimonio de mi admiración por la infatigable Juez, así como mi respeto a la presunción de inocencia de cualquier imputado mientras no sea condenado. Tras más de tres años de instrucción de la causa, en agosto de 2014 la elevaba al Tribunal Supremo, por incluir las imputaciones en la causa de los EREs de Andalucía de los dos ex–Presidentes de Andalucía, en la actualidad miembros electos del Congreso de los Diputados. En septiembre de 2013 se levantó una polvareda jurídica, cuando en un polémico auto acordó la preimputación de ambos, figura inexistente, en virtud de la cual podía seguir instruyendo la causa sin ocultar los indicios hallados sobre ambos aforados, eludiendo la entrega del sumario al Tribunal Supremo a la que le obligaría la real imputación.

¿Qué prefieres…? ¿Polígono o museo?

Ahora que el Gobierno ya vaticina crecimientos económicos apreciables, que se ha bajado la retención del IRPF, se retoca la tasa de reposición y se devuelve la atención primaria a los sin papeles, recuerdo el célebre texto del Génesis en que Faraón le pedía a José que le descifrara su inquietante sueño: -“Vi siete vacas gordas y de hermoso aspecto que salieron del Nilo; y pacían en el carrizal. Pero otras siete vacas subieron detrás de ellas, pobres, de muy mal aspecto y flacas; de una fealdad que nunca había visto en todo Egipto”. Y, pensando en el símil bíblico, también debemos preocuparnos todos ante el temor de volver a las andadas del despilfarro inútil, porque ya sabemos lo que, inexorablemente, viene después.

Muy posiblemente sea cierto lo que dicen los economistas de que ya nada volverá a ser como fue y, también, que el ambiente de causa general a la corrupción en el que estamos, ayudará a mirar las inversiones y su contratación con lupa. Pero una cosa es la legalidad y otra la oportunidad; lo que en términos políticos se llaman las políticas propias de cada fuerza o candidato. Y ahí es donde me temo, en vísperas electorales, que vuelvan las promesas programáticas o las sorpresas populistas de los contendientes, laminando cualquier vestigio de austeridad, eficiencia y sentido común.

Ciudades inteligentes y palabrería tecnocrática

 

Esta orgía de palabrería que vemos en los Boletines oficiales, de palabras estrambóticas, fruto de mentes vacuamente tecnocráticas se ha hecho ya desesperante.

 

Hoy, leer las exposiciones de motivos de las leyes o de los decretos produce a quien aún conserva un mínimo de gusto por la palabra escrita un desasosiego cierto. ¿Para cuando el paso de estos textos tan desafortunados por el control de un filólogo que conozca reglas elementales de la gramática y esté familiarizado con el Diccionario de la Real Academia?

Cualificación de candidatos

Comienza la Exposición de Motivos de la recién nacida Ley 3/2015, de 30 de marzo (BOE del 31), reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, con el siguiente texto: «Un alto cargo, por la responsabilidad que conlleva y la relevancia de las funciones que desempeña, sólo puede ser ejercido por personas que, constatada su competencia personal y profesional, respeten el marco jurídico que regule el desarrollo de su actividad. En este sentido, esta ley aclara, refuerza y amplía dicho marco jurídico con vistas a garantizar que el ejercicio del cargo se realice con las máximas condiciones de transparencia, legalidad y ausencia de conflictos entre sus intereses privados y los inherentes a sus funciones públicas». Y la lectura del texto nos ha llevado a reflexionar sobre el ejercicio del alto cargo de la Administración Local, centrado en los Concejales y Alcaldes.

Somos más inteligentes

Para algunos autores, el talento es la facultad de hacer algo especialmente bien mientras que la inteligencia sería la capacidad de elegir óptimamente. Tiene talento la persona que desarrolla una actividad con especial brillantez, mientras que sería inteligente quien para conseguir una meta, resolver un problema o alcanzar un objetivo es capaz de construir alternativas y elegir la más adecuada para ello. El talento se demuestra haciendo y la inteligencia eligiendo. Pues bien, si estos postulados son correctos, 2015 será el año en el pongamos a prueba nuestra inteligencia colectiva. Tras las recientes elecciones andaluzas, aún nos quedan por delante las municipales, autonómicas, catalanas y generales. Ahí es nada. Una parte significativa de nuestro futuro lo decidiremos en esas elecciones. Y…, ¿qué elegiremos entre todos? Desde luego, nuestra decisión será democrática… pero, ¿será inteligente? Eso, sólo el devenir nos lo aclarará. Pero no quería reflexionar sobre política, sino sobre inteligencia. ¿Votaremos con más o menos inteligencia este 2015 que en las décadas anteriores? ¿Podríamos adivinar si nuestra experiencia democrática nos hace más inteligentes a la hora de decidir nuestro rumbo político? ¿Somos ahora más inteligentes que al inicio de la democracia? Pues, asómbrese, sí que lo somos, al menos para la revista Intelligence, que publica un curioso estudio de la universidad King´s College de Londres que postula, nada más ni nada menos que, aunque nos cueste creérnoslo, cada día somos más inteligentes. En efecto, el trabajo concluye que la media del Cociente Intelectual (IQ Intelligence Quotient) se ha incrementado en 20 puntos desde el año 1950 en el que comenzaron la medición de la serie. Es bueno recordar que se considera que la media es 100 y que la mayoría de la población mundial está entre 85 y 115.

Y llegó la prudencia; la “Prudencia financiera”

Por si Secretarios-interventores, Tesoreros e Interventores no teníamos suficientes obligaciones, la “prudencia financiera” ha llamado a la puerta. Anunciada por el RDL 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad de CCAA y EELL, vio la luz en la Resolución de 5 de febrero de 2015 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, que ya se actualizó en el BOE de 6 de marzo, con la resolución de la misma Secretaría General del día anterior.

Antes de concertar cualquier operación de endeudamiento, el día de la firma, hay que verificar que cumple con todos los términos que definen la “prudencia financiera”; y que, resumiendo mucho, son los siguientes: