El “proporcional equilibrio” en la valoración del suelo rural

Acaba de hacerse pública la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de septiembre de 2014, que resuelve los recursos de inconstitucionalidad acumulados núms. 6963/2007, 6964/2007, 6965/2007 y 6973/2007, interpuestos, respectivamente, por el Consejo de Gobierno de Madrid, el Consejo de Gobierno de La Rioja, más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso y el Gobierno de Canarias contra la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, y los recursos de inconstitucionalidad, acumulados a los anteriores, núms. 7020/2008 y 7231/2008 interpuestos, respectivamente, por el Consejo de Gobierno de Madrid y el Consejo de Gobierno de La Rioja, frente al Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio. Se trata, tras las Sentencias 61/1997 y 164/2001 del tercer gran pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre una ley estatal de suelo.

El palco del Bernabeu: Urbanismo y ayudas de Estado

Ha sido noticia recientemente que el Consejo General del Poder Judicial está preparando un código deontológico, que impedirá a los jueces aceptar invitaciones para asistir a los campos de futbol. Al parecer, preocupa la presencia de jueces en los palcos de autoridades de algunos campos de futbol en los que, según los maldicientes, se gestan grandes negocios, se apañan asuntos relevantes económicamente, se adjudican contratos, se conceden todo tipo de ayudas y hasta se reclasifican terrenos. La presencia de los magistrados en los corrillos en los que se cuecen estos asuntos, algunos de los cuales suele terminar en los órganos judiciales de los que forman parte, amenaza con menoscabar el decoro exigible a los órganos jurisdiccionales y a sus miembros. La noticia se refiere específicamente al famoso “palco del Bernabéu”.

Pero no es exactamente de esto de lo me ocupo en este post, aunque guarda alguna relación. De lo que aquí se trata es de como algunas actuaciones urbanísticas promovidas en beneficio de determinadas entidades pueden constituir ayudas de estado prohibidas por la normativa comunitaria. Y para abordar esta cuestión nos centraremos en un caso de relevancia pública dado que la entidad afectada, o beneficiada, por la operación urbanística es el Real Madrid CF. No es, ni mucho menos, un caso único. En los tiempos de delirio urbanístico que hemos vivido han sido muy frecuentes este tipo de actuaciones para beneficiar a determinadas personas o entidades bien relacionadas. Pues bien, ahora resulta que estas actuaciones urbanísticas, además de otras irregularidades en que han incurrido, pueden constituir ayudas de estado incompatibles con el mercado interior

Segregación de territorio y autonomía local

El recurso en defensa de la autonomía local que nació a finales del pasado siglo va encontrando su acomodo entre las piezas procesales que tienen como protagonista al Tribunal constitucional.

Su parentesco más próximo hay que buscarlo en Alemania donde la autonomía local está configurada como un instrumento jurídico básico (“garantía institucional”) para defender a los municipios de la “voracidad” de los Länder y, en su caso, también de la Federación. En España, el hecho de que la autonomía local se construyera técnicamente sobre el modelo alemán, como he explicado muchas veces, hacía indispensable la incorporación de este recurso al elenco de los existentes.

De nuevo esa libre designación

Como cada día, una de las tareas de un Secretario-Interventor es leer los boletines  oficiales, penosa cruz con la que nos debemos enfrentar cotidianamente. Estar al día de la última normativa, ésa que modifica la modificación de la modificación modificada aspirando –muchas veces con escaso éxito- a estar al tanto y a la vez, si hay suerte, entender algo. Así, la tarea se organiza en leer tres boletines:

El BOP, por si sale alguno de los anuncios que hemos enviado, cotillear lo que ocurre por otros Ayuntamientos por si hay alguna cosa que estamos haciendo mal o no haciendo, ver si hay alguna ayuda,  plan o  planecillo de la Diputación. Si se escapa una subvención a la que se podría haber concurrido, malo. Las subvenciones son como el kilo de patatas que reparten los agricultores en la Puerta del Sol cuando protestan. Si hay que hacer fila, se hace, pero no se desaprovecha el kilo, que la cosa está muy mala.

La amortización como recurso afectado para financiar la sustitución del inmovilizado

Las cuotas de amortización de un bien acumuladas a lo largo de su vida útil constituyen su “Fondo de Amortización Acumulada” (FAA).  Con la constitución de este Fondo de Amortización Acumulada del Inmovilizado, su titular dispondrá, al final de la vida útil del bien, de los recursos financieros líquidos necesarios que, añadidos a los recursos líquidos obtenidos por la venta del bien amortizado (su valor residual), posibilitarán financiar la sustitución del bien por otro susceptible de prestar la función del bien amortizado.

Entendiendo por ingreso asociado al gasto por amortización,  la tasa o precio que se repercute a los ciudadanos por la recepción de servicios de carácter divisible (en cuya tarifa se incluye entre otros costes el de amortización del inmovilizado); se produce una INCONSISTENCIA en la gestión presupuestaria y contable, consistente en dar tratamiento presupuestario a este ingreso asociado al gasto por cuotas de amortización, y sin embargo dar tratamiento extrapresupuestario al gasto por cuotas de amortización.

Objetivo: adiós al papel

Lograr una Administración sin papeles. Parece que es la última de las medidas que Hacienda quiere adoptar para conseguir una mayor eficiencia en el sector público. Según adelanta Cinco Días, la norma llegará en breve al Consejo de Ministros, y pretende que los distintos estamentos públicos trabajen de forma interconecatada y totalmente electrónica. Ahora bien, se mantendrá la posibilidad de que los ciudadanos puedan acudir a la administración a realizar la entrega de los documentos.

Según explica el diario, la norma va a simplificar también los medios electrónicos para comunicarse con la Administración. Será suficiente una identificación con carácter general par ala mayor parte de los trámites, aunque los más relevantes necesitarán de una firma electrónica. Además, las notificación electrónicas y las que sean en papel estarán equiparadas.

Al parecer, y según los últimos datos que cita el diario, 230.000 de los más de dos millones y medios de autónomos y empresas que hay en nuestro país cumplimentaban los resúmenes de IVA a mano hasta este año. Desde entonces es obligatorio presentarlos a través de Internet.

Aumenta la deuda de las AAPP con los autónomos

En el primer año de entrada de la Ley de Morosidad, el periodo medio de pago a los autónomos por parte de las Administraciones Públicas se sigue situando en prácticamente cuatro meses, concretamente en 111 días, según se desprende de la encuesta trimestral realizada por el Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA realizada a 1.067 trabajadores autónomos proveedores habituales del sector público y también privado.

Según ATA, tanto las Administraciones Públicas como el sector privado siguen incumpliendo la Ley: los periodos medios de pago del sector público se sitúan prácticamente cuatro veces por encima de lo que se establece (concretamente en 111 días frente a los 30 que establece la Ley) y baja de los 82 a los 81 días en el sector privado, frente a los 60 que establece la Ley.

Devolución de avales por pagos a cuenta de compra de vivienda

Problema recurrente en el sector inmobiliario en épocas de crisis es el que han de enfrentar aquellos compradores de vivienda que, como consecuencia de problemas de comercialización sobrevenidos en el curso del proceso de promoción, ven frustradas sus expectativas al incumplirse los plazos de entrega o, simplemente, interrumpirse sine die la construcción. Precisamente para evitar que pierdan las cantidades entregadas a cuenta se aprobó la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percepción de cantidades a cuenta en la construcción y venta de viviendas y la normativa que la desarrolla. A la cuestión, de gran importancia, dediqué tres comentarios anteriores, el primero para destacar la taxativa obligación de cumplir dicha normativa, los otros advirtiendo de la importancia que tal régimen tiene para prevenir la promoción inmobiliaria encubierta y de su plena aplicación a la promoción en régimen cooperativo.