Ayudas para Planes de Formación

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la resolución de 19 de agosto de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2014, de subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación de ámbito estatal dirigidos prioritariamente a personas ocupadas. El pasado 28 de agosto entró en vigor esta convocatoria, cuyo plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante 20 días naturales, y servirá para impartir acciones formativas incluidos los certificados de profesionalidad.

La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, como entidad encargada de la gestión de esta iniciativa en el ámbito estatal en colaboración con el SEPE, pone a disposición de los usuarios la aplicación informática a través de la que se solicitan las ayudas para los distintos tipos de planes en su página web: www.fundaciontripartita.org.

El presupuesto destinado a esta convocatoria asciende a 138,9 millones de euros destinados a los planes Intersectoriales, sectoriales y planes compuestos por acciones formativas vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad.

Esta resolución incorpora numerosas novedades con respecto a la convocatoria del año 2013 entre las que cabe destacar:

-La sustitución del anticipo del 100% de la subvención por un primer anticipo del 50% al momento de la concesión, un 25% posterior previa certificación de haberse impartido al menos el 50% del plan de formación y un tercer abono de hasta el 25% restante una vez finalizado y justificado el plan.

-La limitación de la subcontratación de la formación al 50% del importe la subvención.

-Mayor garantía a la trazabilidad de los costes imputados a la subvención.

-Limitación de participantes de las empresas beneficiarias subcontratadas y proveedoras.

-Actualización de la valoración técnica en el uso de determinadas tecnologías consideradas hasta ahora como innovadoras.

-Ampliación de la muestra de evaluación y control de los planes de formación, pasando del 5% al 10% de los grupos.

Esta convocatoria se publica en el ámbito del proceso de negociación de un nuevo acuerdo de formación entre el Gobierno y los interlocutores sociales. La resolución, que obtuvo el voto unánime de las Organizaciones presentes en la sesión del Patronato de la Fundación Tripartita convocada al efecto, ha elevado sustancialmente la parte del presupuesto disponible que se somete a la libre concurrencia de entidades y centros de formación. Según el preámbulo de la Resolución de la Directora general del SEPE, está convocatoria supone una transición hacia el nuevo modelo de formación profesional que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2015.

Razones de Estado y razones morales

El goteo es continuo y las historias individuales de cada protagonista son casi siempre dramáticas. Siguen llegando inmigrantes por oleadas, saltando o intentando saltar vallas dobles con pinchos / concertinas  imposibles y presuntamente infranqueables,

aventurándose en pateras o en botes neumáticos de juguete como los que se podrían comprar al niño en Salou o como el que te pudiera regalar la Cocspi-Cola.O nadando desde la costa colindante de Ceuta o Melilla. Cientos, miles  de subsaharianos, los más fuertes y preparados de cada casa que salieron de su país y atravesaron el Sáhara quizás hace cinco años, incluso más y que tras una penosa espera llena de privaciones en el Monte Gurugú  sin apenas nada, egresarán del mismo tratarán de llegar a una decadente pero ciertamente atractiva Europa. Llegan heridos, ateridos de frío, pero casi todos, una vez en suelo europeo muestran su alegría sin ambages, algunos hasta se inclinan y lo besan mientras, alegres como si hubiesen batido el récord de los cien metros,  hacen señales de victoria ante cualquier presente con los dedos  índice y corazón.

El estrés, la enfermedad del directivo

Nadie con un mínimo de responsabilidad está libre de esta pandemia, que ataca sin piedad a los directivos. Se trata del estrés, un mal para el que existen tratamientos paliativos pero ninguna vacuna definitiva. Porque el mal se hace presente cuando en el ambiente hay incertidumbre laboral o cuando se da una mayor presión en el trabajo. Es decir: dos de las principales anomalías que esta crisis ha dejado en el mercado laboral.

Por eso, resulta ahora tan fácil encontrarse a responsables de departamentos agobiados. Y es que no conviene olvidar que ellos son los que tienen que tomar las decisiones que afectan a los demás, como los recortes en las compañías privadas o en la Administración Pública. Esta situación ha llevado a que un 50% de los directivos españoles sufra estrés, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El informe revela también que la epidemia se está agravando en los últimos años, situando en 40 millones de europeos los que sufren estrés, un trastorno que acarrea unos costes de hasta 20.000 millones de euros. De hecho, según informa la Asociación Española de Especialistas en Medicina de Trabajo, el 79% de los directivos está preocupado por las consecuencias del estrés, mientras que tan solo el 26% de las empresas han adoptado medidas para reducirlo.

Según la encuesta de Grant Thornton Internacional Business Report, los ejecutivos españoles son los sextos más estresados del mundo y los segundos de Europa, precedidos por los griegos. Entre los síntomas más generalizados, según apunta el Ministerio de Sanidad, entre los empresarios españoles destacan los problemas de sueño, nerviosismo, dificultad para concentrarse, agotamiento, náuseas y palpitaciones. Por ello, se aconseja aprender a organizar bien el trabajo y los objetivos, dar cierta flexibilidad a los trabajadores y que cada uno sepa qué papel le corresponde en la organización.

Es fundamental tener conocimientos básicos para evitar el estrés, afirma Carlos Martínez, director y profesor de IMF Business School. El estrés es un trastorno de toda la vida pero que se ha intensificado en siglo XXI fruto del actual modelo competitivo. Aprender a relativizar los problemas, conocerse a uno mismo, reconocer las reacciones ante el estrés laboral, respirar adecuadamente y abarcar tan solo aquello que podemos hacer son algunos consejos del director de IMF Business School.

¿Cómo será nuestro lugar de trabajo en el futuro?

Hablar de drones campando a sus anchas por la oficina y de cerebros conectados a través de la tecnología Bluetooth, quizá suene a alguna secuencia de la película Blade Runner. Pero la verdad es que estos cambios en nuestros centros de trabajo no están a años luz, sino mucho más cerca de lo que se cree. Al menos eso es lo que se asegura en un estudio de la compañía RICOH, realizado por la consultora Coleman Parkes Research. Para la elaboración de las conclusiones se ha pedido la colaboración de funcionarios europeos solicitándoles que imaginen cómo piensan que será su entorno laboral en un futuro cercano. Las respuestas no dejan indiferentes a nadie.

Pero empecemos por el principio, por la actualidad. Según el estudio los empleados públicos de la UE quieren que las TIC estén más presentes en su día a día en la oficina. De hecho, las tres principales tecnologías que más demandan ahora son las plataformas para la colaboración interna y entre departamentos y administraciones (29%), reuniones a través de la web (23%) y la impresión “Follow-me”(22%), que no es otra cosa que la posibilidad de recoger los documentos desde cualquier dispositivo de impresión, y no desde el que esté configurado en el ordenador del escritorio.

Si levantamos la vista diez años, los trabajadores de la administración piensan que utilizarán dispositivos táctiles interactivos (69%), tecnología de reconocimiento de voz (60%) y gafas de realidad aumentada (56%). También consideran que las TIC serán vitales para que en 20 años se les permita ser capaces de enviar asistentes virtuales u hologramas (59% de las respuestas) para asistir a una reunión en su nombre.

Pero si estas respuestas sorprenden, las más espectaculares llegan cuando elevamos el horizonte a los 30 años. Para 2044, el 78% de los empleados públicos encuestados esperan que su lugar de trabajo haya sufrido una profunda transformación como resultado de tecnologías y procesos que ni siquiera existen a día de hoy. Una en las que más se confía es en la tecnología Bluetooth. Se cree que habrá avanzado tanto que posibilitará transmitir datos de cerebro a cerebro. También se considera factible que existan drones con capacidad de proyectar presentaciones o visualizaciones. Y que haya hasta nodos de transmisión.

Como se puede ver por los resultados de la encuesta, los empleados de las Administraciones Públicas están a la última en cuanto a cambios tecnológicos se refiere. Además consideran que no son un enemigo para el empleo sino una mejora ostensible en la rentabilidad y productividad de los procesos. Ése ha sido el sentir del 87% de los encuestados. En cuanto a los beneficios de la evolución tecnológica en el devenir diario del trabajador público, estos pensaban que una oficina tecnológicamente avanzada tendría tres ventajas principales: la optimización de procesos de negocio principales, una mejor acceso a la información y la capacidad de realizar el trabajo con mayor rapidez.

¿Son suficientes las sanciones administrativas?

Este verano aproveche la ventaja que supone residir en Cantabria para asistir al curso de la Universal Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre el Análisis Económico del Derecho (AED) impartido por Francisco Cabrillo Rodríguez, catedrático de la Complutense, excelente y ameno comunicador.

Esta ha sido mi primera aproximación a una materia que propone un enfoque distinto a diversas cuestiones jurídicas. Entre estas cuestiones en el curso se analizó la eficacia de las penas desde el punto de vista del AED y, en concreto, atendiendo al planteamiento de Gary Becker, premio Nobel de Economía en 1992.

Las Tesis de Becker han hecho que me replante la eficacia de las sanciones y, en concreto, sí su cuantía es excesiva, suficiente o, por el contrario, debe elevarse como elemento de disuasión.

Antes de comenzar, advierto al lector que la presente entrada pretende realizar un planteamiento simple de la cuestión, por lo que aquellos avezados en la materia posiblemente lo consideren falto de originalidad.

Improcedente pignoración de créditos futuros en los contratos administrativos de gestión de servicio público

1.- Naturaleza mercantil de la cesión de créditos futuros

La prolongada crisis económica de la zona Euro ha tenido y sigue teniendo especial gravedad en España, por los perniciosos efectos de la crisis bancaria sobre el resto de la actividad económica, a la que no es ajena la burbuja inmobiliaria, que no terminamos de digerir. En la actividad municipal, esta crisis junto con el hundimiento de la recaudación de tributos ligados a la construcción, y los efectos de una larga serie de quiebras de sociedades, aparecen también supuestos de peticiones de tomas de razón de acuerdos de cesión de créditos futuros, presentados por sociedades concesionarias de servicios públicos, en escritura pública, y a favor de las entidades financieras que han refinanciado su deuda, cuyo contenido y alcance es más que problemático.

Los litigios competenciales suelen acabar en acuerdo

El enfrentamiento entre las Comunidades y la Administración del Estado ha ido en aumento en los últimos años. La ley antidesahucios, los cambios en el IRPF o la eliminación de la extra de los trabajadores públicos, ha hecho que muchas autonomías hayan decidido pasar de las palabras a los hechos y se hayan lanzado a vía judicial para dirimir sus discrepancias con el Gobierno.

Competencia pide a la Administración un mayor fomento de la transparencia

La Administración General del Estado debe dar ejemplo fomentando la competencia en los concursos públicos que convoque. Es la conclusión que se extrae de los últimos informes publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en los que ha hecho una serie de recomendaciones para que la Administración haga más transparentes y tenga más criterios de competencia en la concesión de los servicios de limpieza y telecomunicaciones.

Por echar un vistazo a los relacionados con las telecomunicaciones, los documentos destacan que en 2012 el gasto en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ascendió a cerca de 1.500 millones, de los que una cuarta parte fueron directamente inversión en teleco. Por ello propone que se cambien algunas de las viejas costumbres que se venían haciendo en la concesión de estos concursos. Por ejemplo: solicita que se hagan más lotes de adjudicación, con el objetivo de que haya más compañías que puedan presentarse y trabajar con la Administración General del Estado. Además reclama que los tiempos de contratación sean inferiores a los cuatro años más dos de prórroga, ya que produce un cierre en el mercado, generando situaciones de falta de competencia. Y por último, solicita que la AGE no acepte ofertas de servicios integradoras porque de esta manera se pueden producir situaciones de subsidio que ayuden a las operadoras a encubrir pérdidas en determinados segmentos.

En cuanto a la contratación de empresas de limpieza, la CNMC considera positivo que se busque el mayor ahorro posible a la hora de contratar estos servicios. Sin embargo, insta a la Administración a que no menoscabe los principios de libre competencia y conurrencia en la presentación de los concursos. Por eso hace una serie de recomendaciones:

  • Que el criterio geográfico no sea el preponderante a la hora de distribuir los lotes. A su juicio es mejor emplear un criterio de número de eficios afectados y la superficie.
  • Analizar la proporcionalidad, necesidad y mínima restricción a la hora de otorgar las prórrogas de los contratos.
  • Reclama nuevos métodos que ayuden a comprobar la solvencia de una empresa, que no sea solo el haber trabajado con anterioridad para otras administraciones.
  • Cuestiona el que se imponga un número de horas mínimas en los servicios, ya que considera que esto puede afectar de lleno a la libertad de organización empresarial.
  • Valora positivamente que se entregue información a las empresas concurrentes sobre la situación del personal que tendrá que ser subrogado en caso de que logre hacerse con alguno de los concursos.