De la buena fe

Ya en el art. 3-1 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAPA) se establece la obligación de las Administraciones públicas de respetar en su actuación el principio de buena fe. Es indiscutible que dentro de tales administraciones se encuentran los municipios, no sólo porque así se desprende de la citada Ley, sino también porque lo afirma expresamente el art. 4-1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) Ese principio de buena fe parece que ha quedado después reforzado con el espíritu de la posterior, y todavía no íntegramente en vigor, Ley de Transparencia, Acceso al Información Pública y Buen Gobierno (LT). La verdad es que todo ello recuerda a aquella canción de “…vamos a contar mentiras, tralará…”. Uno no sabe si es que se legisla de espaldas a la realidad o es la cruda realidad la que se vuelve de espaldas ante lo legislado, porque no hace falta llevar mucho tiempo trabajando en ayuntamientos para ver que lamentablemente todos esos principios son papel mojado, y en algunos casos casi ni eso, brillando la buena fe por su escandalosa ausencia.

Las facturas en los cajones, ¿una cuestión meramente contable?

Un consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de una comunidad autónoma, hace varias semanas,  en una sesión de control parlamentario,  respondió a una pregunta de la oposición sobre la investigación abierta por la Comisión Europea por un

.30a “posible manipulación” de las estadísticas sobre déficit y deuda públicos,  que las conocidas como facturas sanitarias en los cajones fue una práctica “inadecuada” pero que se trata de una cuestión “meramente contable” y actualmente hay “total transparencia y claridad” en las cuentas públicas. El político añade que  no estamos ante casos de corrupción ni despilfarro, sino de facturas de servicios sanitarios esenciales, como ambulancias, comidas en hospitales,…etc. que el gobierno no tuvo más remedio que aflorar para acogerse al Plan de Pagos a Proveedores.

Los aprovechamientos patrimonializados

En el año 1996 escribí estas conclusiones para diversas Revistas de Administración local:

“V. Conclusiones. La parcela consolidada en el suelo urbano es una situación de hecho insuficientemente regulada por la legislación urbanística vigente. Pero existen dos principios básicos que se aplican a estas situaciones  hecho:

1) Respecto de los derechos adquiridos.

2) Irretroactividad de la ley.

La ley del Suelo de 1976 exigía inmediatamente a la entrada en vigor de la ley la cesión del 10% en el suelo urbanizable, la ley del Suelo de 1992 no introduce esta automática mecánica sino que para lo consolidado prefiere esperar, respectar los derechos adquiridos y exigirlo en un futuro cuando el propietario decida volver a edificar, entonces entrará la parcela en el juego de los nuevos criterios previstos en la ley, se le aplicará el aprovechamiento tipo, tendrá que ceder el 15% del aprovechamiento tipo y, además, tendrá que ajustar el aprovechamiento.

Bicicletas, flexibilidad, trabajar a reglamento

No sé si al amable y paciente lector de este post le pasará igual, pero he de decir que siempre me he cuestionado sobre de la necesidad o conveniencia de tener muchísimas normas que lo regulen todo, sobre la necesidad de cumplir estrictamente la normativa hasta sus últimas consecuencias  y si debe existir un cierto “margen de maniobra” en el cumplimiento de las normas. ¿Hasta dónde regular? Son dudas existenciales que tras largos años como aplicador del derecho, no alcanzo a aclarar. Y, ¿realmente hay que cumplir todo? Recordemos el viejo dilema filosófico: las leyes nazis obligaban a denunciar a los judíos y todo el mundo sabía que el destino de un judío era el campo de concentración y su aniquilamiento. El buen alemán ¿qué debía hacer? La ley imponía la denuncia, pero sabía que ésta, injusta, suponía la muerte del denunciado. Así que a veces no está tan claro si se debe aplicar la literalidad de las normas.

A vueltas con la competencia en materia de vivienda

En entradas precedentes comenté la polémica existente respecto a la subsidiación de los préstamos convenidos. La polémica se generó a partir de una interpretación estatal del artículo 35 de Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de junio y su posterior rectificación.

En esta entrada no pretendo tratar esta cuestión sino una más teórica y que se concreta en la siguiente pregunta: ¿Puede la Administración del Estado dictar instrucciones que aclaren la aplicación de normas jurídicas dictadas por las Cortes Generales cuando se trate del ejercicio de competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas?

¿Por qué el crowfunding?

El Consejo de Ministros del pasado viernes día 3 ha aprobado el proyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial con el que se supone que se intenta resolver el problema de acceso de las PYMES a la financiación empresarial. El título de la Ley es tan ambicioso que hace fácil la crítica inicial: ¿realmente piensan en el gobierno que la financiación bancaria llegará a las pequeñas y medianas empresas porque lo diga una Ley?

En mi opinión, creo que sí lo piensan, y se equivocan; como tampoco el emprendimiento se iba a impulsar porque lo dijese la Ley del mismo nombre del año pasado. Por mucho que se empeñen los políticos y algunos teóricos de la planificación centralizada de la economía, las cosas evolucionan de manera natural cuando oferta y demanda se encuentran en el mercado; como mucho, a lo máximo que se puede aspirar es a que la excesiva normativa vigente en todos los ámbitos no impida ese encuentro natural de oferta y demanda.

Las limitaciones en auditoría pública

Triste realidad, la auditoría pública no interesa ni preocupa a casi todo el mundo, y mucho menos esclarecer su limitación, no obstante que la cuestión de los dineros públicos, sí les concierne o debería importarles. Pero en tanto los gobiernos, partidos políticos, instituciones de auditoría y fiscalización, universidades, organizaciones sociales y ciudadanos continúen aceptando que la auditoría o fiscalización es una práctica independiente y profesional, y por lo tanto que no requiere cuestionarse ni poner en duda su legitimidad. Y no se trata de atacar a las instituciones de auditoría y fiscalización sino más bien de repensar su práctica ante la serie de cambios en lo social, lo político, lo económico y lo ambiental. Pero lo contrario,  al apoyarla, sea en forma implícita o explícita, se mantiene y fortalece una concepción y un sistema de ideas que privilegia el estatismo y que evade enfrentar los fantasmas que recorren Europa y todo el mundo, tal como la corrupción, el fraude, falseamiento de información, tráfico de influencias y de información, entre otros que han puesto en vilo el futuro de la humanidad.

El Tablón edictal único en base a la Ley 15/2014 de Racionalización del sector público

La nueva configuración dada al Boletín Oficial del Estado, hace del mismo el auténtico diario oficial de toda la Administración Pública. De esta manera no sólo la Administración del Estado insertará sus anuncios, como está haciendo en la actualidad, sino que tanto la Administración Autonómica como la Local, podrán beneficiarse de este servicio de carácter gratuito, entendemos que bajo la premisa de evitar solapamientos y duplicidades.

Examinemos las modificaciones realizadas por la citada Ley 15/2014 en la nueva redacción dada al art. 59.5 de la Ley 30/92 por parte del art. 25 de la Ley 15/2014: