La entrada en los Ayuntamientos de nueva gente, muchos de ellos hasta ahora ajenos a la vida oficial y al trámite administrativo ha generado multitud de anécdotas que día a día 
vemos reflejadas en los medios de comunicación. Muchas de ellas constituyen un incumplimiento radical de las normas de protocolo, pero en España no nos podemos extrañar pues en todos los foros de expertos en protocolo se ha venido señalando como primer incumplidor por vocación a S.M. el Rey Juan Carlos I. Siendo los usos protocolarios, históricamente, una codificación de los que el Rey imponía, no nos vamos a rasgar las vestiduras por el hecho de que proliferen los súbditos poco protocolarios.
El no aceptar el bastón de mando por el que toma posesión como Alcalde, por poner un ejemplo, puede ser una descortesía hacia quien lo ofrece, un desconocimiento de lo que simboliza y un incumplimiento del protocolo previsto, pero no tiene mayor repercusión. A los únicos que perjudica es a los pobres empleados públicos que han preparado el desarrollo del acto que, aparte ver despreciada su labor, se habrán visto inquietos por la deriva que pudiera tomar el resto de la celebración.
Las improvisadas fórmulas de promesa o juramento de las que hemos podido tener noticia han podido dar lugar al asombro, la risa, la indignación en algún caso e incluso la sorpresa ante el circense más difícil todavía. Pero desde que se permitió que el juramento o promesa se hiciera con la apostilla de “por imperativo legal”, se abrió la puerta para esto. Y lo único que pasa es que los periódicos, televisiones y redes sociales han tenido tema para ocuparse.
El desconocimiento previo de la realidad municipal y del mundo administrativo hace que algunas de las medidas que se anunciaban a bombo y platillo se abandonen, o por lo menos queden en espera de solución legal. Pero esta actitud de los nuevos gobernantes no debe ser motivo de crítica, sino digna de elogio. ¿O es que vamos a defender que cometan ilegalidades para ejecutar un programa al que a lo mejor nos hemos opuesto?
Concretando, antes de condenar las nuevas políticas demos un compás de espera para ver como se desarrollan en la realidad. A lo mejor los cien días de gracia que se suelen otorgar son excesivos si un tsunami pretende acabar con nuestro pueblo y lo que de él más amamos. Pero diez días es una mezquindad.
Y en cualquier caso, ha de tenerse en cuenta que las críticas han de hacerse dentro de los límites de la educación y el buen gusto. Y sin ofensas, pues ese Alcalde al que se vilipendia, representa a todos los vecinos de la población.
Por favor, critiquemos todo lo criticable, mostremos nuestro desacuerdo con todo y con todos si es menester, pero siempre dentro de los límites del respeto a las personas y a las ideas. España, al menos de momento, es un país libre en el que todos tenemos derecho a expresarnos libremente.
