La gestión privada versus la gestión pública es una cuestión que posee una lógica pendular en la tradición administrativa nacional e internacional. A finales del siglo XIX la mayoría de los servicios públicos estaban gestionados por entidades privadas. A principios del siglo XX estos servicios fueron asumidos por las distintas administraciones públicas que apostaron por la gestión directa. Después de la segunda guerra mundial y con la expansión del modelo de Estado social la gestión directa de servicios públicos incrementó de una manera geométrica. La crisis del petróleo y la crisis fiscal de los años setenta junto con la ola neoliberal de la década de los ochenta del siglo pasado cambiaron de manera radical el modelo de gestión e intervención pública para aligerarlo y regresar a un modelo de gestión privada. Hubo dos vectores de privatización: por un lado, la privatización de buena parte de los servicios universales de interés general (energía, entidades financieras, agua, telecomunicaciones, transportes, etc.) y por otra, la externalización de una parte importante de los servicios públicos mediante sistemas de gestión privada (limpieza, mantenimiento y gestión equipamientos públicos, servicios sociales, sanidad, educación, etc.). Pero a partir de la segunda década del siglo XXI esta tendencia parece que está revirtiendo, en otro movimiento pendular, y se ha vuelto a poner de moda la gestión directa de determinados servicios públicos y o de los servicios universales de interés general. De momento se trata de un movimiento más teórico que práctico, más un incipiente estado de opinión que una dinámica precisa de implementación de este movimiento denominado republificación, reinternalización o remunicipalización. Tres conceptos que se utilizan de manera confusa como sinónimos pero no lo son y que se derivan del enredo previo entre privatización y externalización. Republificación y remunicipalización deberían utilizarse en aquellos casos de servicios privatizados que son recuperados por la Administración pública (por ejemplo: la gestión del agua). Es decir, además de la gestión se recupera la titularidad pública. Reinternalización, en cambio, hace referencia a servicios públicos con gestión privada y que se desea recuperar la gestión pública directa.
Las motivaciones de estas tendencias pendulares entre la gestión pública y la gestión privada son muy variadas (ideológicas, económicas y de calidad de los servicios) y hacen muy complejo este fenómeno. Pero como el movimiento histórico muestra un carácter pendular todo parece indicar que el problema de fondo es que hay una insatisfacción tanto por la gestión pública como por la gestión privada de los servicios públicos como, también, de los servicios universales de interés general. En cada momento histórico ha fallado tanto la gestión privada como la gestión pública. A este elemento sustantivo se han incorporado motivaciones ideológicas y de carácter económico que han sustentado tanto las teorías a favor de la gestión privada como de la gestión pública pero han sido siempre simples teorías que no han sido confirmadas a nivel práctico y real. En estos momentos estamos en pleno movimiento pendular a favor de la gestión directa (reinternalización) de los servicios públicos y en un plano más incipiente a favor de la republificación de determinados servicios universales de interés general (el caso más recurrente es el de la gestión del agua). «Después de muchos años en los que se fueron ampliando los servicios públicos de carácter local, y se fue imponiendo su gestión indirecta a través de diversas fórmulas de colaboración público-privada, recientemente se va imponiendo la idea de que la gestión de los servicios públicos locales debe volver a manos públicas (…) La defensa de este nuevo planteamiento, frente al proceso favorable a la externalización de la gestión de los servicios de hasta hace muy pocos años, se sustenta en una ideología que trata de defender lo público frente a lo privado, argumentándose con este fin que el discurso acerca de la mayor eficiencia de la gestión privada es un mito que debe denunciarse» (Tornos, 2016). Esta dinámica tiene un carácter internacional que también ha tenido recientemente su impacto en España. El mundo local representa la vanguardia de esta nueva concepción. Todo parece indicar que es un movimiento ideológico impulsado por los gobiernos locales bajo el mando de una nueva izquierda de carácter populista. Pero esto no es del todo cierto ya que el catalizador de este movimiento ha sido los desproporcionados costes económicos y la mala calidad de la gestión privada de los servicios públicos locales. Sirva de ejemplo el conocido informe sobre la fiscalización del sector público local elaborado por el Tribunal de Cuentas en el año 2011. Este informe destacaba que el coste público de los servicios externalizados es superior que los servicios internalizados y que, además, se detecta un deterioro evidente en la calidad de los servicios externalizados. En efecto, la gestión privada de los servicios públicos ha resultado en muchos casos fallido y esto se debe a dos motivos:
El primer motivo es que las empresas proveedoras de servicios públicos se han acostumbrado durante los últimos años a tener unos desmesurados beneficios. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia elaboró un informe en el 2015 que afirmaba que los contratos de las administraciones públicas hacia el sector privado presentaban unos sobreprecios del 25 por ciento sobre los precios medios del mercado. El mercado privado de servicios públicos se ha indisciplinado mostrando una excesiva voracidad económica ofreciendo a cambio unos servicios públicos con unos discutibles estándares de calidad. Pero este motivo no es la enfermedad sino el síntoma del problema
El segundo motivo y causa del primero es la auténtica enfermedad del modelo en el que ha predominado en estas décadas de servicios externalizados. El problema de fondo es la negligente manera en que las administraciones públicas han acometido e implementado este modelo de gestión externalizada. En España se han implantado externalizaciones y partenariados público-privados sin unos objetivos fundamentados en la búsqueda de mayor eficacia (calidad) y eficiencia (menores costes de gestión) de este sistema. Se han realizado únicamente de manera reactiva: para no incrementar la plantilla de empleados públicos, para escapar de las rigideces inherentes a sus sistemas de función pública, por falta de recursos financieros, etc. Y la implementación de la externalización ha sido todavía peor: sin auténticos mecanismos de control y evaluación de la calidad y de los costes de los servicios públicos externalizados. En este sentido, el mercado privado no se ha visto ni condicionado ni regulado, ni a priori ni durante el proceso, para prestar servicios públicos de calidad y de manera eficiente. La falta de disciplina del sector privado que presta servicios públicos se debe fundamentalmente a la falta de visión estratégica y en la inhibición en sus obligaciones más básicas de la Administración pública. Dejar al mercado privado en manos de su presunta capacidad de autorregulación es una quimera ya que su instinto más básico es maximizar beneficios minimizando los costes de producción hasta llegar a niveles patológicos de injustificados sobrecostes e injustificadas ínfimas calidades en la provisión de los servicios.
