Siempre he defendido la profesión del colectivo de habilitados antes nacionales, ahora estatales y a este paso de barrio. Es decir, la “profesión”, porque otra cosa son los profesionales, entre los que hay de todo. Es sabido que nuestro colectivo no es precisamente una orden de la Caballería Andante, pero los límites del comportamiento normal se sobrepasan en ciertos casos proyectando una oscurísima sombra. A una de esas partes negativas me refiero con la presente colaboración.En una ocasión, un alcalde me contó, con cierta indignación, que durante unas jornadas en las que concurrían políticos y funcionarios, en uno de los almuerzos pudo oír a un interventor alardeando de que si él quería podía paralizar tal cosa o tal otra, e incluso el ayuntamiento. En aquel entonces lo atribuí a una excesiva inquina –que por otra parte y por lo demás era cierta- de aquel alcalde hacia los habilitados nacionales, pero con el tiempo he podido comprobar que al menos en aquella ocasión se juntaron el hambre con las ganas de comer.
Y es que es un problema que ha abundado entre nuestro colectivo y ha contribuido a traer la situación actual, toda vez que algunos –más de la cuenta- se han creído los reyes del Mambo de la Administración Local, han confundido lo preceptivo con lo vinculante y además se han irrogado potestades y facultades que nunca las leyes nos han atribuido, ni siquiera en las épocas de mayor esplendor.
En este sentido, y siguiendo con los ejemplos, hay algunos secretarios que se ufanan de “ser una autoridad”, llegando en un caso a disponer “per se” la clausura de locales, con lo cual el alcalde de turno quedará muy agradecido al no perder ninguna popularidad a costa de semejante demente. Hay otros habilitados nacionales que alardean de dar voces a los miembros de su Corporación, e incluso quienes por la vía más fáctica han paralizado la gestión de nóminas de una mensualidad mientras no se “arregle lo suyo” y se les reconozca el complemento retributivo que se les antoje.
Se trata de actitudes que frecuentemente van acompañadas de un componente psicopatológico, pero que además enmascaran intereses y prácticas inconfesables y deshonestas, despreciando además por blandos e ingenuos a los compañeros que no actúan igual.
¿Solución? Es difícil, porque el problema está más extendido de lo que pudiera parecer a primera vista. Desde luego, una gran medicina es el espíritu de estudio y de profesionalidad. No hace falta ser un Ulpiano, basta por empezar por conocer cuales son las funciones que nos asigna el ordenamiento jurídico y también por tratar de hacerlo conocer al entorno de la entidad en que prestemos nuestros servicios, sin quitar ni poner nada.
Pero una medicina la toma quien quiere “curarse”, no quien quiere seguir ignorando u ocultando la verdad por su propio interés. En este caso sí que haría falta mantener la vigilancia incluso por parte de la institución colegial de nuestro colectivo, sin dejarse arrastrar por el hecho de que el “denunciado” sea compañero, pues con amigos así no hacen falta enemigos, y además son un desprestigio para todos los demás.
Aunque la pregunta del millón es: ¿y si esos “reyes del Mambo” son los que precisamente se han adueñado de algún órgano territorial de la institución colegial? Pues en ese caso… mal asunto, y para terminar también con clave musical se podría responder: “The answer my friend is blowing in the wind»
Totalmente de acuerdo y además de muy extendido, la duda final es una realidad, lo que pone los pelos de punta.
Yo creo que cada uno tiene lo que se merece, que siendo extendida dicha actitud es minoritaria, pero la mayoria estamos muy acomodados y así luego pasa lo que pasa.
La solución aportada me parece clave: estudio y formación, pero y ante la disparidad de criterios también sería bueno la uniformidad, es decir a través de jornadas instruir sobre las funciones que el ordenamiento jurídico nos concede, lo que no nos concede y lo que concede al compañero habilitado que ejerce en el mismo ayuntamiaeanto para que y con respeto, hacernos defender de estas atribuciones sin quitar ni poner. Pero hace falta criterios unformes o más o menos semejantes y no dispares en grado sumo que alientan el descrétido de la profesión.
M e parece que con que solo supiesen el ROF Y LA LRBRL,en muchos casos seria suficiente.No solo se creen se creen los reyes del mambo sino que en muchas ocasiones agarrados a esda plaza ,en ese pueblo que es un chollo,deben ser agradecidos al Alcalde de turno ,olvidandose cual es su funcion.
Luego ir contra ellos es dificil,son los que rdactan actas ,que luego no puedes demostrar que no se ha puesto lo que se ha dicho,quizas porque al Alcald no le convenga.En tosdos los sitios cuecen habas,y en mi pueblo a calderadas
Pero lo que comenta el autor del post debe ser muy raro, ¿no?
Los únicos casos que he visto del estilo apuntado por el artículista, han sido aquellos en que el habilitado era tan corrupto o más que el Alcalde, teniendo ambos una gran sintonía y complicidad, lo cual daba lugar a una serie de abusos tanto por la parte política como por la parte funcionarial.
Una forma de saber si un habilitado está cumpliendo la Ley en todo y con todos por igual, es que sea criticado tanto por los políticos, como por los funcionarios, como por la población, y hasta por sus propios compañeros de profesión. Cumplir la Ley ocasiona perjuicios para alguien e incumplirla ocasiona beneficios para alguien. Es muy difícil quedar bien con todos y la mayoría opta por quedar bien con quien paga, incluso aunque sea un delincuente.