Hasta hace poco el comentario generalizado de todos los foros era la falta de liquidez de las entidades locales. En la actualidad estamos transitando hacia el polo opuesto: el exceso de liquidez que tienen la mayoría de las entidades locales. En torno a esta problemática se pueden realizar algunas reflexiones
Los puntos débiles serían la existencia de corporaciones locales que no pueden hacer frente a sus compromisos de pago a corto y largo plazo. Según la AIReF 789 ayuntamientos tienen una deuda que supera el 75% de sus ingresos, estando su capacidad de endeudamiento sujeta a autorización; y de los 973 que tendrían que haber presentado un PEF (Plan Económico Financiero) en 2015, sólo el 50% lo ha cumplido. El Minhap, por su parte, informa que excluyendo a los ayuntamientos con un período medio de pago superior a 60 días, los tiempos se acortan a 15,24 días. Todo esto describe un escenario de administraciones solventes y sostenibles frente a otras no sostenibles, en claro descenso numérico estas últimas.
Profundizando en este aspecto y tomando los datos de la última liquidación de los presupuestos publicados se puede observar que el superávit contable (Remanente de Tesorería para Gastos Generales) fue de 9.823 M de euros, con unos fondos líquidos en caja al 31 de diciembre de 13.653 M de euros. Si tenemos en cuenta que los derechos reconocidos netos ascienden a 70.470 M de euros, nos encontramos con magnitudes del 14% de superávit y 19% respecto a la tesorería local. Este último porcentaje sube al 50% en las diputaciones provinciales de régimen común. Lo que en principio sería un síntoma de salud pública financiera, se convierte en un problema de gestión, provocando ineficiencia al no poder rentabilizar estos saldos excedentarios debido a la falta de remuneración bancaria por estar los tipos de interés muy bajos ¿Cómo explicar a la ciudadanía que pueden estar las arcas llenas y no se pueden hacer inversiones? El origen del problema está en la regla de gasto que al establecer una tasa de crecimiento del gasto estructural con un límite, (2,10% para el 2017), está impidiendo que se gaste desde el año 2012 por encima de las tasas anuales, aunque tengan recursos financieros, porque tendrían que aprobar un PEF por incumplimiento de la regla del gasto, que a su vez le impediría en el año siguiente gastar ese superávit, aunque fuese en inversiones financieramente sostenibles, que es lo que permite la legislación actual, entrando en un bucle pernicioso.
Concluyendo:
– El sector local esta saneado en términos generales pero existe un grupo de ayuntamientos que no son sostenibles, y es en ellos sobre los que se deberían priorizar en este momento las medidas excepcionales para equilibrar las finanzas locales.
– El sector local tiene un exceso de liquidez y superávit que está compensando el déficit de otras administraciones para poder cumplir la senda de consolidación fiscal que no hemos comprometido con nuestros socios europeos. Resulta paradójico que ahora que se pone en entredicho los esquemas de la solidaridad interterritorial, sean precisamente las entidades locales quienes “ayuden” a las comunidades autónomas. Este argumento puede tener una vigencia limitada.
Finalizando, no debemos dejar mucho tiempo sin resolver el problema del exceso de liquidez. Sabemos que si gastamos parte de ese remanente de tesorería general y nuestra previsión de superávit público es inferior, generamos déficit público. Pero también tenemos un gran superávit acumulado que es necesario dar salida. En mi opinión, a las entidades locales que dispongan de un volumen importante de su remanente de tesorería general en fondos líquidos, se le debería permitir que realizasen inversiones públicas locales, -(urgente en el caso de las diputaciones provinciales de régimen común)-, equilibrando los exceso de liquidez que disponemos en la actualidad.
Si el panorama actual ha cambiado, las medidas también deberían modificarse. Si tenemos saneamiento general y heterogeneidad de entes locales, las medidas limitadoras deberían aplicarse sobre aquellos no solventes y flexibilizarse para las entidades con exceso de liquidez.
Plenamente de acuerdo con la opinión reflejada por Farfán. Estas medidas están derivando en una parálisis inversora que a su vez ralentiza la recuperación económica. ¿para qué queremos unos ayuntamientos «ricos», sino se atienden las necesidades de los ciudadanos? quizá los que se otorgan el «poder», los políticos, deberían escuchar con interés no populista a los técnicos / profesionales de la Administración y afrontar las verdaderas necesidades de los contribuyentes, que para más, son los que les han otorgado temporalmente su / nuestra confianza.
las legislaturas claramente tienen marcado un calendario máximo, en ocasiones se acortan por intereses políticos, por lo que no estaría de más que, y ahora desde los propios Ministerios, el de Hacienda y Economía, agilicen y prioricen medidas acordes al 2017 y no mantener, aquellas que válidas o necesarias en el 2010, hoy son restrictivas e ineficaces.
¿Disminuir la imposición?