Uno de los principales problemas contemporáneos es la impotencia de la política (partidos y líderes políticos) para tener capacidad de impulsar una política en mayúsculas que no es más que promover una política económica propia. Esta incapacidad política viene propiciada por el desequilibrio del poder hacia la dimensión económica y por la expulsión de la política de las instituciones administrativas con las competencias para regular la economía (agencias reguladoras, bancos centrales e instituciones europeas). Una vez un partido político logra hacerse con el poder institucional se da cuenta de su escasa capacidad de influencia y de no poseer suficientes resortes de poder para poder impulsar una auténtica política. Las principales políticas públicas vinculadas al Estado del bienestar (políticas sociales, sanitarias y educativas) y del Estado regulador (banca, energía, telecomunicaciones, transportes, etc.) dependen directamente de la política económica que es casi intocable. Ante esta circunstancia a los partidos políticos en el gobierno, con indiferencia de su ideología, no les queda otra opción que hacer una política reactiva y conservadora. No deja de ser sorprendente que ante esta situación de impotencia los partidos políticos no luchen por recuperar estos espacios de poder. Como esta lucha es difícil la dan por perdida durante los primeros días en el gobierno. Pero como han ganado las elecciones quieren y necesitan gobernar y ofrecer a la ciudanía cambios e innovaciones. Estos cambios suelen concentrarse en temas simbólicos con una fuerte carga ideológica (por ejemplo: memoria histórica, inmigración, igualdad, etc.). Pero el principal elemento distorsionador es que deciden concentrar buena parte de sus energías políticas en los ámbitos más técnicos e institucionales de la Administración pública. Algunos de estos ámbitos son los de disciplina administrativa (ordenación del territorio, comercial, etc.) o de carácter muy técnico e institucional (planes educativos, modelos de gestión y gestión de recursos humanos). De esta manera la política se adentra de forma perversa en los sectores más tecnocráticos de la Administración pública que son los que garantizan su calidad institucional que es el elemento crítico para conseguir el desarrollo económico y humano de un país, que hace que este tenga éxito o fracase (Acimoglu, Robinson, 2014). Es decir, la política se inhibe en temas de alto voltaje político como es la política económica, la regulación de la energía, etc. y se dedica, en cambio, a modificar casi cada legislatura las leyes educativas con un nivel de detalle que altera hasta el contenido de las asignaturas, o la política se dedica a modificar de forma caótica los horarios comerciales. Los ámbitos más técnicos quedan en manos de los políticos chamanes (Lapuente, 2015) que actúan con pulsiones demagógicas. Los ámbitos estrictamente políticos quedan en manos de tecnócratas (comunidades epistémicas) y los ámbitos que de manera natural son tecnocráticos se ven colonizados por criterios políticos. El mundo al revés. El impacto de esta maligna situación también incide en la gestión de los recursos humanos. Pero de una manera original ya que la política no cumple en esta materia con su principal cometido e ingrediente: impulsar una auténtica política de recursos humanos que si posee una clara naturaleza política sino que algunos políticos se enredan en temas de carácter muy técnico vinculados a la gestión de recursos humanos. Un ejemplo de ello sería que la política debería afectar fundamentalmente a los puestos eventuales pero no a los puestos de libre designación. Que todos los puestos de auténtica dirección pública profesional sean puestos de libre designación no deja de ser sorprendente. Pero lo que es inadmisible, ante la intencionada ausencia política de una efectiva regulación de la dirección pública profesional después de más de años de la promulgación de Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), es que se juegue de manera totalmente discrecional y frívola con la mayoría de los puestos de libre designación. Muy mal debe estar la política para que la mayoría de los políticos con cargos en el gobierno concentren buena parte de su fuerza policía en jugar y traficar con uno de los elementos más técnicos y esenciales de la Administración pública: su dirección profesional. Que la política se recree tanto en España con los puestos directivos profesionales es un síntoma de su propia impotencia e intrascendencia política pero con unas externalidades negativas que ponen en duda la solvencia institucional de la Administración pública.
Otro ejemplo de intromisión política es la necesidad que tienen los partidos políticos progresistas de ideologizar la gestión de los recursos humanos. Esta materia no es de izquierdas ni de derechas sino que tiene un carácter técnico vinculado a elementos estrictamente organizativos. Algunos partidos han intentado buscar una mayor equidad en las retribuciones de los empleados públicos. Durante la crisis con los recortes retributivos consideraron que éstos no debían ser lineales y optaron por recortes más elevados en los puestos superiores para no tener que recortar en los puestos inferiores. Esta política equitativa es perversa a nivel organizativo ya que todavía acentúa más la disfunción de salarios excesivamente altos para las categorías inferiores y demasiado bajos para una parte importante del personal superior. Otro ejemplo es introducir postulados participativos en la gestión de recursos humanos. En algunos ayuntamientos se ha llegado a cesar a jefes administrativos tras realizar una encuesta participativa con sus empleados y éstos han considerado que su jefe no era el más idóneo. Introducir lógicas asamblearias en la Administración público es muy peligroso y totalmente disfuncional. Otro elemento crítico es intentar empatizar exageradamente con los sindicatos en su rol de defensa de los derechos laborales. Los sindicatos en la Administración pública cometen muchos excesos por su posición de fuerza y su cultura corporativa, y ceder sistemáticamente a sus exigencias es un grave error. Otro ejemplo es la opción de hacer fijos de manera indiscriminada a todos los interinos sin exigir unos mínimos méritos y capacidades. No se trata solo de luchar contra la precariedad laboral sino que se trata de hacer una robusta gestión de recursos humanos. Finalmente, la opción ideológica de internalizar todos los servicios previamente externalizados es maximalista y puede poner en riesgo a todo el sistema público. Publificar, por ejemplo, la gestión del agua tiene fundamento conceptual, ideológico y de gestión. Lo mismo podría decirse de determinados servicios sociales o educativos. Pero publificar, por ejemplo, la gestión de los parkings públicos, el cuidado de parques y jardines, etc. puede colapsar tanto a nivel de gestión como a nivel económico todo el sistema público. Carece de sentido internalizar de nuevo sistemáticamente todos los servicios públicos previamente externalizados.
En definitiva, intentar hacer políticas de izquierdas en la Administración pública tiene efectos perversos y paradójicamente contraproducentes para la defensa del bien común y del interés general. Pero este no es un problema exclusivo de los partidos de izquierdas ya que curiosamente caen en el mismo error algunos partidos conservadores que aplican políticas neoliberales pero, que cuando se trata de temas de gestión de recursos humanos, suelen aplicar una política interna de izquierdas que les permite evitar los conflictos y equilibrar la balanza. Quizás este paradójico comportamiento aparentemente progresista no sea producto de un altruismo sobrevenido sino de intentar buscar el colapso definitivo del sistema público por su insostenibilidad económica para poder tener las puertas abiertas hacia privatizaciones y externalizaciones masivas.
