Últimamente se ha comentado bastante, en los foros del mundo local, el tema de la libre designación de Funcionarios con Habilitación Nacional, siendo el detonante de este interés el cese de la Interventora General del Ayuntamiento de Madrid. Se entiende que el caso despierte interés por la gran visibilidad del escaparate que supone el Ayuntamiento de la Capital, no por otra cosa.
Si se trata de criticar la arbitrariedad aplicada para el cese, este ejemplo solo se podría mencionar como gota que rebase el vaso, pues desde que el invento de la libre designación surgió, empezaron los abusos. Tanto en lo relativo a la arbitrariedad en los ceses, sin más límite que la obligación de ofrecer un puesto de trabajo de similar categoría, como en la arbitrariedad de los nombramientos ha habido numerosas muestras de eso, arbitrariedad pura y dura.
Por más que se argumente que para el nombramiento de estos cargos de libre designación es preciso un proceso, que no es tan libre, sino en el que la motivación aparece como eje central de los actos administrativos, incluidos estos. Por más que se alegue que el órgano responsable de la decisión ha de efectuar un examen exhaustivo, dejando constancia de ello, de las instancias que se presenten y de los méritos que se aleguen, a fin de alejar cualquier atisbo de arbitrariedad en el nombramiento resultante. Por más que se vista el muleco, todos sabemos que la libre designación se obtiene negociando con el Alcalde y su equipo de gobierno.
Es injusto que el puesto de trabajo de un funcionario, independientemente del alto nivel que ocupe, dependa de la posible arbitrariedad de quien esté “al mando” en un momento determinado. Muy injusto.
Especial preocupación provoca que el funcionario cuyo puesto de trabajo depende del simple capricho sea el que legalmente debe controlar, jurídica o económicamente, la gestión del mando susceptible de dejarse llevar por el capricho.
Pero la solución no es prohibir o limitar el libre cese. Si el nombramiento o designación es libre, el cese o remoción también lo será.
Por otra parte el sistema de libre designación parece totalmente ajeno a los principios de mérito y capacidad. Tanto es así, que el Partido Popular, entonces en la oposición, planteó un recurso de inconstitucionalidad contra la norma que lo aprobó. ¡Lástima que al pasar a gobernar retirase el recurso y nos dejara sin conocer el criterio del Tribunal Constitucional!
La situación es preocupante, pero tiene una fácil solución: acabemos con la libre designación.
Y muerto el perro, se acabó la rabia.
Excelente.
Muchas gracias
Totalmente de acuerdo