La Administración pública de las próximas décadas va a vivir en una compleja situación que pone totalmente en duda su sostenibilidad económica. Va a estar estrangulada por una pinza ya que, por una parte, se puede vaticinar una caída importante en sus ingresos fiscales y, por otra parte, un incremento enorme de su gasto ante las nuevas necesidades de los ciudadanos ocasionado por su envejecimiento.
En la vertiente de la reducción de los ingresos fiscales del sistema público es sencillo hacerse una idea ya que este proceso ya se ha iniciado con la reciente crisis económica de 2008. Los motivos para predecir en las próximas décadas una menor recaudación fiscal son: por una parte, la tendencia a una mayor polarización social entre un pequeño porcentaje que goza de una gran riqueza y un gran porcentaje sumido en la pobreza, con la destrucción de buena parte de la clase media de los países desarrollados, que es una tenencia inexorable del actual modelo capitalista que nadie sabe como revertir aunque casi todo el mundo lo considere indeseable. Un informe de la OCDE sobre el futuro económico y social de los próximos 50 años ofrece un panorama dantesco cuando especula como serán las ciudades desarrolladas del futuro (por ejemplo Los Ángeles) que se parecerán a la actual Manila, con rascacielos protegidos policialmente rodeados de enormes barriadas totalmente miserables. Por otra parte, según el mismo informe, el crecimiento mundial se ralentizará hasta niveles del 2,7% anual por los efectos de la progresiva nivelación del mundo en vías de desarrollo con el mundo desarrollado. Si a estos dos escenarios le añadimos el nacimiento de una nueva economía (la economía colaborativa) el marco, sobre los futuros ingresos de los sistemas públicos, es muy sombrío:
- La concentración de la riqueza en unas pocas personas jurídicas (grandes multinacionales) y personas físicas implica unos bajísimos ingresos fiscales por la capacidad de estas grandes fortunas globales de mover su capital y escaparse de los sistemas fiscales nacionales.
- La cada vez más enorme base social de personas que viven en un modelo precario de mera subsistencia también genera un escenario de bajísimos ingresos fiscales. La clase media irá desapareciendo tanto por la lógica económica como por la insoportable presión fiscal que les habrán impuesto los Estados para resistir económicamente durante unos años. Entre unos y otros habrán matado a las gallinas sociales de los huevos de oro.
- Buena parte de la nueva economía colaborativa va a operar de forma gratuita sin posibilidad de aplicarle impuestos. La economía colaborativa que si posea capacidad de generar negocio económico va a ser difícil de imponerle una elevada fiscalidad.
Las soluciones a este panorama son evidentes: pasar de una fiscalidad sobre la renta a una fiscalidad sobre el consumo aunque en una situación de contracción económica tampoco se resuelve gran cosa. La opción más clara es la que sugiere Piketty (2014) que consiste en gravar la riqueza en vez de la renta. El problema es que para que esta opción sea posible haría falta avanzar en una gobernanza pública de carácter mundial para evitar la domiciliación de los más ricos en jurisdicciones especializadas. Vine a ser un dilema del prisionero de carácter mundial muy difícil de resolver políticamente.
Pero el peligro para la futura sostenibilidad económica de las administraciones públicas también tiene abierto el frente de los gastos que en los países desarrollados van a incrementar de manera espectacular. No hay que usar mucho la imaginación en este caso ya que solo mirando la pirámide demográfica cualquiera se puede hacer una idea de la magnitud de la tragedia. Sin algún tipo de acción gubernamental, el cambio demográfico causará estragos en las finanzas públicas. Como es bien sabido el proceso de envejecimiento tiene dos orígenes: en primer lugar, el incremento continuado de la longevidad; y en segundo lugar, el impacto diferido de la explosión del ciclo de fecundidad de la postguerra (en España en los años 60), que está haciendo crecer entre la población el número de ancianos y disminuir el de adultos más jóvenes. Standard & Poor´s (2011), la agencia de calificación crediticia, ha elaborado una proyección hasta 2050 para treinta países desarrollados y su pronóstico es desolador. “La presión del envejecimiento sobre los presupuestos se intensificará a partir de 2020. En un país desarrollado típico, el gasto público relacionado con la edad aumentará en torno al 9% del PIB entre 2010 y 2050”. En España el gasto en pensiones, atención sanitaria y en cuidados de larga duración para las personas mayores representaba en 2010 el 15% de su PIB, en el 2050 la proyección es que este gasto represente el 27,5% del PIB. Un incremento de más del 12%. El país en una situación más comprometida es Francia que ya está en el 23% (2010) y pasará al 31%. Muy cerca de Francia están Alemania e Italia. Luego ya viene España. El problema son las pensiones y la atención sanitaria aunque en la mayoría de estos países la salud se erigirá en el mayor culpable. En el caso de España el problema es dual ya que el gasto en pensiones previsto para 2050 es en porcentaje del PIB de los más altos del mundo entre los países de referencia: más alto que Francia, Alemania, Suecia, etc. (solo hay dos países que lo superan en porcentaje de gasto en pensiones: Rusia y Brasil).
