Un país como España en que la economía sumergida llega al 26,6 del PIB (dobla la media europea que agrupa a algunos países muy precarios), que representa un volumen económico de 253.135 millones de euros y con una elevada densidad de casos de corrupción política debería tener un amplio volumen de empleados públicos destinados a evitar (prevenir) y controlar las prácticas sociales y políticas de carácter fraudulento (inspectores de hacienda, miembros de tribunales de cuentas, jueces, fiscales y policías especializados en corrupción y delitos monetarios). Pero sucede justo lo contrario: España posee solo un inspector de hacienda por cada 1.958 habitantes según el Consejo de Europa que es muy baja se la comparamos con los 740 habitantes por inspector en Alemania o los 942 de Francia. La media de los 28 países de la Unión Europea es de un inspector por 970 habitantes. Sirva como dato que dos de los países europeos considerados más corruptos, Italia y Grecia poseen respectivamente un inspector de hacienda por cada 1.849 (muy parecido a España) y 1.216 habitantes. Otro déficit importante en España es el del volumen de jueces y fiscales. Según el Consejo de Europa, España posee solo 11,2 jueces y 5,3 fiscales por cada 100 mil habitantes que es casi la mitad de la media europea. En Alemania hay, por ejemplo, 24,7 jueces por cada 100 mil habitantes. En cambio, España es el país europeo que posee más abogados que son la contraparte de jueces y fiscales en ejercicio (solo superado por Italia y Grecia) con 266 letrados por cada 100 mil habitantes (Francia con un sistema judicial similar al nuestro solo posee 76). Por otro lado, el Tribunal de Cuentas que es el que fiscaliza ex post todas las cuentas públicas del país solo tiene 700 efectivos de personal. Son muy pocos para enfrentarse a su teórica ingente tarea. Finalmente, no se dispone de datos absolutos ni comparados sobre el contingente de miembros de los cuerpos de la seguridad del Estado vinculados a la lucha contra los delitos económicos y contra la corrupción pero parece evidente que estos efectivos también son muy escasos. En 2014 el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, durante la presentación de la memoria de la institución que dirige, expuso que “es necesario que el Gobierno refuerce con policías especializados y más inspectores de hacienda las unidades dedicadas a la lucha contra la corrupción”. En esa misma presentación, Torres Dulce informó de que la Fiscalía había observado un incremento del 17% en el número de causas abiertas por delitos relativos a este fenómeno: prevaricación, blanqueo de capitales, malversación o tráfico de influencias, entre otros.
Además de estos datos, que hablan por sí mismos, hay que destacar la precariedad institucional en que se mueven estos profesionales. Por ejemplo, la falta de independencia de los fiscales sometidos a una relación de jerarquía con el Gobierno, circunstancia denunciada por una instancia internacional como GRECO (Grupo de Estados Contra la Corrupción) que en su informe de evaluación de 2014 muestra su preocupación por el caso español derivado de la politización de su justicia. Otro ejemplo de baja calidad institucional sería el Tribunal de Cuentas, en el que su presidente y consejeros son elegidos políticamente y que, durante los últimos años (tal y como se ha podido seguir en los medios de comunicación), ha llevado a cabo unos procesos de selección de sus profesionales de carácter clientelar y no meritocrático (un centenar de los profesionales de este elevado órgano del Estado poseen lazos de parentesco). Si el más alto órgano de fiscalización económica y de gestión (cada vez entra más en el ámbito de la gestión) funciona de forma politizada y clientelar con muy baja calidad institucional todo el sistema público está en situación de jaque. En cambio, la Agencia Tributaria tiene reconocida una elevada calidad institucional (durante mucho tiempo ha sido conocida como una de las “joyas de la corona” de la Administración General del Estado por su profesionalidad), pero durante los última legislatura ha sido objeto de ceses y nombramientos de carácter político y clientelar y ha protagonizado inquietantes casos de fuga de información fiscal que es delicadísima y debería estar muy protegida. Tampoco los cuerpos de seguridad del Estado no destacan por su finura en sus actividades de investigación de los delitos económicos y de corrupción, y las fugas de información y las intoxicaciones más o menos interesadas suelen ser habituales. Sirva de ejemplo que unas unidades como la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía) y, algo menos, la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) son más conocidas por sus filtraciones y devaneos políticamente interesados que por su rendimiento objetivo ante la Administración de Justicia. Finalmente, también resulta sorprendente la abulia de la fiscalía ante los casos más escandalosos de corrupción pública y privada al no iniciar de oficio las investigaciones. No deja de sorprender que casos tan evidentes y con tanta trascendencia social como los dos de Bankia (preferentes y tarjetas black), los de Bárcenas y Pujol (hasta llegar a 25 causas) hayan sido impulsados por el partido político UPyD y no por la fiscalía.
Todos estos datos pueden achacarse a que España es un país relativamente pobre y que, por tanto, no tiene capacidad para tener el número de efectivos idóneos. Pero esto no es cierto, ya que España posee tres millones de empleados públicos y se sitúa en la media de los países avanzados de Europa de empleados públicos por habitante (no por encima, que es lo que se cree). Es decir, estamos en la media de empleados públicos en general, pero en la mitad de empleados públicos vinculados a temas de corrupción política y social. Este déficit puede considerarse como un “descuido interesado” totalmente inaceptable por parte de los responsables políticos. Es curioso que ningún partido político en el Gobierno (y muy singular es el caso de los partidos de izquierdas: el PSOE) haya afrontado este déficit y esta problemática. Y con el tiempo va perdiendo valor el término “descuido” y va ganando protagonismo el vocablo “interesado” en el sentido de que los grandes partidos tradicionales han estado interesados en tener en un estado muy precario los sistemas de fiscalización y de control. Especialmente grave es la deslegitimación social de estos organismos (Fiscalía, Tribunal de Cuentas, UDEF y, más recientemente la Agencia Tributaria) gracias a una mala dirección y gestión política (¿interesada?) de los mismos. En cambio, nadie duda de la independencia profesional de los jueces (uno de los puntos fuertes del país en comparación con otros) pero también sufre la Administración de Justicia la deslegitimación social debido a sus escandalosos retrasos por falta de recursos en todas sus actuaciones y, en especial, en los casos de corrupción dando por buena la conocida sentencia: “justicia demorada es justicia denegada”.
Un artículo muy interesante pero que, en mi opinión, incurre en algún fallo y luego en omisiones.
Empezando por las omisiones: creo que falta por avanzar en nuestro país en dos cuestiones: 1) Instrucción por el Fiscal (¿por qué sólo España y Eslovaquia mantienen el sistema de instrucción judicial? Se mantienen dos corresponsables en sacar los asuntos adelante con un derroche de medios que no nos podemos permitir cuando, de facto, las causas complejas las instruimos los fiscales, 2) Pésima organización de la Policía Judicial (mandos medios y superiores que agobian a los de abajo, que saltan de especialidad en otra, hoy en perros, mañana explosivos, pasado Policía Judicial, al otro helicópteros), cuestiones por resolver (dualidad o no de cuerpos), que todo se mueve hoy por gabinetes de prensa, etc.
Respecto a lo de la Fiscalía, por si no se me cree, es muy importante leer el último informe del GRECO y lo que se dice de que se imputa mucho y se condena poco.
Para más información y sin perjuicio de seguir con el debate:
http://enocasionesveoreos.blogspot.com.es/2015/03/las-18-razones-por-las-que-se-debe.html
Por otro lado, creo que la Fiscalía Anticorrupción está siendo un ejemplo: mafias extranjeras, grandes casos de corrupción, etc. Las condenas están viniendo de su trabajo y es muy pesado estar en asuntos donde cada 4 meses, literalmente hablando, te cambia el juez (muy especialmente en los pueblos y hay muchos juzgados de ese tipo). Es imposible trabajar así.
Pero, ante todo, el verdadero problema es que no hay política criminal en España. Todo es discutir sobre la prisión permanente revisable o la ley llamada mordaza cuando tenemos una LECRIM de 1882 continuamente parcheada pero que no sirve para afrontar la criminalidad organizada y con una planta judicial no especializada (hoy estoy en instrucción mañana en una Audiencia, hoy en un familia mañana en un instrucción, como en los ERES por cierto) y absolutamente trasnochada (un juez recién salido en un mixto de pueblo haciendo lo mismo unas preferentes, que una herencia, que un Prestige).
Cordiales saludos.