Siguiendo con el análisis de indicadores de la economía que parecen estar tocando fondo, hoy me voy a referir a una estadística de nombre llamativo: protocolo de déficit excesivo, que posiblemente es una de las series de datos con una denominación más clara, que se presta a pocas interpretaciones.
Aunque mucha gente parece no recordarlo, una de las condiciones esenciales para el nacimiento del euro fue que los estados miembros que libremente se asociaron al club de la moneda única (no se olvide este dato, libre asociación) aceptaban mantener una política de equilibrio presupuestario orientada a que los gobiernos nacionales no gastasen más dinero que el recaudado, excepto si se producían circunstancias especiales como, por ejemplo desgracias naturales, que exigieran una aportación de ayudas púbicas imprevistas generadoras de déficit; ahora bien, el gobierno que se viese en semejante situación se comprometía a volver a la senda del equilibrio en el menor plazo posible, o de lo contrario, se activarían los mecanismos de recomendación y sanción económica previstos en el Tratado de la Unión.
En ese marco de referencia, se necesitaba disponer de datos homogéneos de las cuentas públicas de los países miembros, para activar los mecanismos correctores y sancionadores cuando fuera preciso; para conseguirlo, se promulgaron diferentes reglamentos de elaboración de estadísticas oficiales obligatorios para los países miembros.
Una de dichas series sobre protocolo excesivo parte de los datos que producen el Instituto Nacional de Estadística y el Banco de España; la revisión de las últimas cifras disponibles en el Boletín Estadístico, correspondientes a Septiembre de 2012, arrojan una primera impresión negativa, sobre todo en el apartado de las Comunidades Autónomas, ya que el total de la deuda viva asciende a 167.500 M €, habiendo crecido durante los nueve meses contabilizados más que todo el año pasado, es decir, 26.000 M. €; o sea, que a este paso, terminarían el año con un saldo vivo de 210.000 M €, equivalente al 20% del PIB, muy lejos por tanto de la senda de corrección que se espera para cumplir el plan de convergencia, y comprometiendo enormemente los objetivos generales.
Sin embargo, haciendo algunos cálculos y correcciones sencillos a las cifras publicadas se obtiene una conclusión un poco más optimista, que es de lo que se trata en esta fase del ciclo depresivo (en las dos acepciones del término, la económica y la psicológica).
Así, hay que recordar que el año pasado se materializó el pago de 3.960.000 facturas de proveedores de servicios a las comunidades autónomas pendientes de años anteriores, por un importe medio de 4.400 €, lo cual totalizaba unos 17.500 M. € (según los últimos datos facilitados por el Tesoro Público este mes) cuyo desembolso se contabilizó en 2012, cuando debieran haber constado en la contabilidad de años anteriores; recuérdese que esas facturas proceden de la fea costumbre de guardar las malas noticias en los cajones.
Según algunos artículos aparecidos en la prensa especializada, en las comunidades más incumplidoras se encontraron facturas de hasta 10 años de antigüedad, y no daremos nombres para no herir la sensibilidad de algunos lectores. Según he podido constatar, el periodo de impago más habitual oscilaba en torno a los 3 o 4 años, que además se corresponde con la fase más dura de la crisis: desde mediados de 2008 hasta Diciembre de 2011. Asumiendo que todas las comunidades han caído en la tentación de retrasar la contabilización de los compromisos de pago, se puede distribuir los 17.500 M € proporcionalmente entre todas ellas con arreglo al peso medio que cada una ha tenido en el total desde el año 2000; así, por ejemplo, Cataluña 28%, Valencia 18%, Madrid 16%, y Andalucía 14%, por citar sólo las más destacadas. Sé que el método no es muy ortodoxo, porque la acumulación de facturas impagadas no tiene por qué ajustarse a esa media, pero creo que el error es asumible. Después, como segundo paso los importes pendientes de pago asignados a cada comunidad se distribuyen linealmente en el periodo 2009-2011.
Con estas sencillas correcciones, los datos del saldo vivo de la deuda de las comunidades autónomas hasta Septiembre de 2012 arrojan las siguientes conclusiones:
-Desde 2007 el saldo de deuda autonómica ha crecido 106.000 M €: 13.000 M € de media anual hasta 2009; 35.000 en 2010; 26.000 en 2011; y 8.600 M € hasta Septiembre pasado, que proyectado a todo el año daría 11.600 M €; si esta tendencia se mantuviese en el último trimestre, consolidaría una línea clara de reducción del saldo, como se nos exige desde Europa.
-Entre las cuatro comunidades ya citadas concentran el 60 % de la deuda total, razón por la cual deben acentuar su lucha contra el déficit, para que se alcance el objetivo conjunto: Cataluña, 27%; Valencia, 15%; Madrid, 10% y Andalucía, 8%.
– Es decir, todas las comunidades deben seguir en su línea de corrección de las cuentas públicas que ya empieza a reflejarse en las cuentas públicas de Septiembre, pero donde resulta más necesario es en las que concentran el mayor porcentaje del total, de hecho entre las cuatro citadas suman 90.900 M. €: Cataluña, 41.000; Valencia, 22.400; Madrid, 15.000; y Andalucía, 12.500.
