Esta orgía de palabrería que vemos en los Boletines oficiales, de palabras estrambóticas, fruto de mentes vacuamente tecnocráticas se ha hecho ya desesperante.
Hoy, leer las exposiciones de motivos de las leyes o de los decretos produce a quien aún conserva un mínimo de gusto por la palabra escrita un desasosiego cierto. ¿Para cuando el paso de estos textos tan desafortunados por el control de un filólogo que conozca reglas elementales de la gramática y esté familiarizado con el Diccionario de la Real Academia?
Esta explosión de cólera mía viene a cuento del anuncio que se acaba de hacer por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de las cantidades que se van a destinar en el marco del Plan Nacional de Ciudades inteligentes.
El asunto es del máximo interés para los lectores de este Blog porque estamos hablando de 153 millones de euros de los que se pueden beneficiar los municipios interesados en la innovación “inteligente” con un efecto directo en la ciudadanía. Está en juego pues la renovación de servicios públicos, la creación de otros nuevos, la modernización de infraestrucuras y otros beneficios colectivos.
Interesante es recordar que buena parte de este dinero procede de fondos europeos (FEDER). Digo esto porque, en mi antigua condición de parlamentario europeo, he tenido que escuchar una y otra vez en debates y coloquios a ciudadanos que me preguntaban para qué servían realmente las instituciones europeas. Me desesperaba un poco explicar que la ayuda recibida por España en los primeros veinte años de su pertenencia al club se ha cuantificado en el triple de la asignada por el Plan Marshall para toda Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Me sonrojaba igualmente rememorar que la renta per capita de los españoles en 1985 era inferior a ocho mil euros y unos años después casi se había triplicado. ¿Qué decir de la mejora y expansión de infraestructuras tan importantes como la red de autopistas y autovías, la ferroviaria, la de los puertos y aeropuertos …? Por dar un dato: en 1985 teníamos dos mil kilómetros de vías de comunicación rápidas y en 2011 ya eran dieciséis mil.
Pues bien también forma parte de las aportaciones europeas esta loable política de ciudades “inteligentes” que podríamos llamar mejor “ciudades eficientes” porque en ellas -dicho sumariamente- se procura que las infraestructuras estén dotadas de las soluciones técnicas más avanzadas lo que -se entiende- ha de facilitar la vida cotidiana y, al tiempo, permite realzar los elementos medioambientales, culturales, de ocio creativo etc. En rigor, nada nuevo si pensamos en la legislación y en los planes del pasado pero presentado todo ello ahora envuelto en un nuevo papel celofán, más terso, más brillante.
Naturalmente las entidades locales tendrán que contribuir a cofinanciar los programas “inteligentes” junto al sector privado y con la ayuda asimismo de las Administraciones del Estado y de las Comunidades autónomas. Se trata de un esfuerzo colectivo y está en su misma naturaleza que confluyan fondos de muy diverso origen.
Como digo, todo esto es magnífico y plausible en cuanto supone un paso más, y relevante, en la modernización de nuestras ciudades. Pienso por ejemplo en el ahorro energético, una política “inteligente” imprescindible en una España pobre en recursos y una política que, sin la colaboración de los alcaldes, está sencillamente destinada al fracaso.
Lo fastidioso es, y con ello enlazo con mi lamento del comienzo de estas líneas, es que se retuerza hasta extenuarlo al idioma español y se escriba que las entidades locales se han de implicar en el fomento de “la interoperabilidad, replicabilidad, sostenibilidad y reutilización de soluciones y modelos de negocio adecuados al nuevo tipo de servicios …”. O que “se elaborará un Libro Blanco que permita avanzar en la métrica (¡sic!) y la gobernanza de Ciudades y destinos turísticos inteligentes”. ¿Alguien entiende este lenguaje? ¿no se puede recurrir a una terminología más comprensible y más acomodada a la riqueza de nuestra lengua para describir lo que se quiere decir? ¿o es que la inteligencia habrá de empezar por que aprendamos todos un lenguaje extravagante y divagante, revuelto en la jerigonza de unas traducciones desatinadas?
Don Francisco, como siempre, magistral.
Al menos nos queda el consuelo de apreciar la sensibilidad del legislador al introducir en la regulación una nota poética. Pero la métrica de las «ciudades inteligentes» no va a adaptarse bien al endecasílabo.
Fantástico!!! Realmente me he sentido plenamente identificada con lo que ha dicho Profesor!!!. Pensé que era la única en la tierra que pensaba así.
Algún tipo de recurso judicial y/o administrativo habrá que establecer para impugnar las normas jurídicas que contengan palabras que no sean del castellano mas castizo (ininteligibles)
Interesante artículo. En mi opinión dejaría a los gestores públicos hacer su trabajo con la sóla premisa de que hagan lo que el pueblo les mande y que su puesto sólo depende de la voluntad del pueblo. Si al pueblo no le gusta se pone a otro gestor al que se le entienda mejor
Más detalles aquí https://www.academia.edu/12009173/eDemocracia