Este título es, en efecto, un oxímoron, como el hielo abrasador o el fuego helado de Quevedo, salvando las distancias. O como el silencio atronador con el que ejemplifica el asunto la RAE. Pero las llamas, antitéticas de las aguas, con sus efectos devastadores, como elemento de riesgo que siempre son, pueden ejercer de aguafiestas y más en el panorama lúdico-estival de nuestro país, tan aficionado a la pirotecnia o, incluso, válgame Dios, a los toros embolados.
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Fiestas aguadas por el fuego
Eficiencia económica y contencioso-administrativo. Agilización procesal.
La propuesta de anteproyecto de Ley de eficiencia de la Jurisdicción contencioso-administrativa de la sección especial para la reforma de la Ley reguladora de dicho orden jurisdiccional de la Comisión General de Codificación, fechada a marzo de 2013, plantea, además de las medidas reductoras de la litigiosidad ya expuestas en mi anterior comentario, otras de orden procesal tendentes, en general, a agilizar el proceso contencioso-administrativo. Son numerosas y afectan a la exigencia de resolución administrativa expresa y las facultades anulación en vía administrativa, la rehabilitación de plazos procesales, el allanamiento, el procedimiento abreviado, los plazos en litigios interadministrativos, trámites concretos como las alegaciones previas o los de vista o conclusiones, el régimen de ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales y el de imposición de costas y su cuantía. Manteniendo formalmente la arquitectura de la actual ley jurisdiccional, por tanto, son muchas las novedades que se plantean con el propósito de agilizar los procedimientos.
Ese verano que llega. Las diputaciones, la reforma.
Se nos echa encima el verano y a medida que se acerca el mes de junio las diputaciones provinciales y por ende sus ilustrísimas, salvadores del pobre y que barruntan sol y playa, se quieren dejar la “faena” acabada (extiéndase ahora a comarcas y consejeros comarcales en Aragón) y acaban de pergeñar sus planes provinciales que son de lo más variopinto.
Empiezan a sacar planes, planecillos, programas, programillas, circuitos culturales, circuitillos, relativos a la cultura, a la cosa agraria, al empleo, las agendasveintiuno, de desarrollo de nosequé etc. Por supuesto cada uno con sus propias normas, con plazos normalmente entre diez y treinta días, eso sí, unos naturales y otros hábiles. Y el funcionario del pueblo, deprisa y corriendo tendrá que preparar a toda velocidad documentación, memorias, cálculos raros y certificaciones redundantes, casi siempre cuando se iba a ir de vacaciones también. Qué interesante sería hacer un estudio sobre el uso y abuso del sistema subvencional y presuntamente clientelar de las diputaciones hacia los ayuntamientos… se podrían sacar sabrosas y obvias conclusiones que todos intuimos y que serían sorprendentes si se verbalizasen.
Lo que no es superfluo, es inconstitucional
En el año 2003 se aprobó una ley que afectó a municipios “de gran población” que introdujo unas cuantas singularidades en el régimen de gobierno contenido en la ley básica desde 1985. La “gran población” cobijaba la cifra de 250.000 habitantes y las capitales de provincia con población superior a los 175.000. Pero se abría la posibilidad de que las Asambleas legislativas de las Comunidades autónomas ampliaran por su cuenta estas cifras, lo que en efecto fue el caso en algunos territorios.
El espionaje y la geología en la Administración local
Al leer el epígrafe de esta colaboración más de uno se preguntará algo parecido a aquello de qué tiene que ver la velocidad con el tocino. El propósito de la presente es demostrar, al menos en el campo de la Administración Local, que el espionaje sí que tiene que ver, y mucho, con la geología.
Deuda excesiva, (y III)
He utilizado este título para los tres últimos artículos a conciencia: aunque sé que se la estadística de base se denomina “déficit excesivo”, yo prefiero el término “deuda excesiva” porque refleja mejor la realidad subyacente: el sector público no cuadra sus cuentas anuales, gasta muchísimo más que la ingente cantidad de recursos que extrae de la renta bruta de los contribuyentes, y genera un déficit creciente y explosivo, que financia emitiendo deuda pública que alguien debe comprar para que no haya suspensión de pagos; es decir, hay excesiva deuda pública en circulación. Por cierto, el importe de esta deuda hay que devolverlo a su vencimiento.
Sobre costes estándar e ignorancias supinas…
Postular la racionalización y sostenibilidad de algo presupone cierta irracionalidad e insostenibilidad previa. Y ese es, precisamente, el prejuicio del que parte el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local de 18 de febrero de 2013. Hemos de suponer que la administración local española, para el Gobierno que impulsa dicho texto, aparece como algo irracional e insostenible, que consume recursos innecesariamente y presta servicios encarecidos e redundantes, solapando su actividad, quien sabe por qué razones, con las que diligentemente prestan otros niveles de gobierno. Uno, que todavía tiende a pensar en la racionalidad y sostenibilidad de los gobernantes, quien sabe por cuanto tiempo, presupone que todo ello estará basado en rigurosos estudios, en datos contrastados, en análisis detenidos de la realidad que se pretende reformar y mejorar. Pero no, no es así.
Recomendaciones y prohibiciones viales
Vuelvo, ahora que los cambios en los límites de velocidad parecen inexorables, a abordar un tema de tráfico. Porque los conductores, que somos buena parte de la población, andamos perplejos con tantas variaciones. Y si hace no mucho tuvimos que padecer, supuestamente por razones de ahorro energético, una reducción semestral a 110 kilómetros por hora en autopistas y autovías, ahora parece que, al menos en determinados tramos, los diez mil metros/hora que los unos rebajaron van a ser incrementados por los otros.





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