Últimamente ha estado circulando por las redes unos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la distribución total de trabajadores según su salario bruto mensual comparando las retribuciones de los empleados públicos con relación a los empleados privados del país. Haciendo una síntesis, los datos son los siguientes:
Sueldos que se pueden considerar como muy bajos (hasta 1.590 euros brutos mensuales): 57,9% de los trabajadores privados y 16,8 de los trabajadores públicos.
Sueldos medio-bajos (de 1.591 a 2.616 euros brutos mensuales): 27,9% de los trabajadores privados y 38,7% de los trabajadores públicos.
Sueldos medios (de 2.617 a 3.367 euros brutos mensuales): 6,4% de los trabajadores privados y 25,3% de los trabajadores públicos.
Sueldos elevados (Más de 3.367 euros brutos mensuales): 7,8% de los trabajadores privados y 19,2% de los trabajadores públicos.
Estos datos, aunque son anticuados (de 2017) se acercan bastante a la realidad. Actual. Más recientemente el INE ha también anunciado que los suelos públicos son el 32,2% superiores a los privados (2022). En este sentido el 60% de los empleados públicos poseen nóminas superiores a 2.342 euros frente al 22,3% de los privados.
La cuestión es que estos datos han encendido las redes sociales generando asombro, desconcierto y una cierta depresión colectiva. La tesis central implícita en el debate es que un país en el que los empleados privados son retribuidos claramente por debajo que los empleados públicos es un territorio en situación de declive. La ideología tácita, perversa y sumergida que sustenta esta controversia es lo escandaloso que resulta que la clase trabajadora activa, que es la que desempeña la función de motor económico del país, es parasitada por una clase pasiva (los empleados públicos) que llega a casi 3,5 millones de efectivos. Es obvio que no puedo estar de acuerdo con esta visión interesada, parcial y torticera. Analicemos este fenómeno con un cierto detalle:
- Un país que aspire a tener elevados estándares de calidad institucional y de prestaciones ligadas a un Estado del bienestar debe poseer unas administraciones públicas robustas, extensas y altamente profesionalizadas.
- Los colectivos más numerosos entre los empleados públicos no son precisamente sospechosos “burócratas” sino personal sanitario (personal médico y de enfermería) y docentes. Son puestos reservados a titulados superiores y deben ser retribuidos conforme a su función y a sus elevadas responsabilidades. No hay que olvidar, tampoco, el importante contingente de trabajadores sociales que también están conformados por personal altamente cualificado.
- Una Administración pública potente agrupa en su seno a colectivos altamente profesionalizados para los que se requiere titulación superior: abogados, economistas, ingenieros, informáticos, documentalistas, politólogos, diplomáticos, etc.
- Para poder gestionar un mundo tan complejo que agrupa a 20 mil organizaciones, emplea a 3,5 millones de empleados públicos y gestiona un mínimo del 41% de la riqueza del país requiere a un numeroso grupo de gestores que ocupan puestos directivos, de mando o de elevada responsabilidad que también deben estar ampliamente profesionalizados y, por tanto, bien retribuidos.
- Hay importantes contingentes de empleados públicos a los que no se les exige titulación superior pero que desarrollan tareas cruciales, delicadas y sacrificadas que deben ser retribuidas dignamente: cuerpos policiales, personal penitenciario, bomberos, auxiliares del sector sanitario e incluso tramitadores de expedientes administrativos.
Considero que estas informaciones pueden ser útiles para tranquilizar este espanto social que generan estos datos sobre la distribución retributiva del país. En todo caso esto no es óbice para realizar un análisis complementario entrando en matices y en elementos más críticos con esta situación:
- El problema no es tanto que los sueldos públicos sean excesivamente elevados, sino que las retribuciones privadas son realmente penosas. Es una evidencia que el sistema capitalista convencional está digiriendo mal la economía del conocimiento y de la tecnología, que acentúan de manera casi insoportable la desigualdad social. En nuestra economía contemporánea el núcleo con trabajo estable y razonablemente retribuido es cada vez más diminuto en comparación con una muy extensa corona de trabajo inestable y mal retribuido generando una enorme vulnerabilidad social que solo es amortiguada precisamente por unos servicios públicos que aspiran a ser potentes y de calidad.
- No seamos ingenuos ni caigamos en imposturas. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) la economía sumergida en nuestro país alcanza el espectacular porcentaje del 17,2% del Producto Interior Bruto (PIB). Esta potente economía paralela nutre los bolsillos del sector privado y es casi impermeable en el sector público. Siendo groseros a nivel científico: si incrementamos a los sueldos privados un 17,2% del PIB las diferencias ya no resultan tan espectaculares.
- No hay que olvidar que las retribuciones de los empleados públicos poseen una elevada tasa de retorno a las arcas públicas. Al tratarse de retribuciones dignas, medias o elevadas los empleados públicos sustentan en buena parte la recaudación vía impuestos junto con una clase media privada cada vez más exigua. Obvio que sería un disparate que con este razonamiento se llegara a la solución que todo el mundo fuera empleado público ya que es imprescindible que el motor económico privado sea la locomotora del país. Pero tampoco hay que desdeñar que un porcentaje significativo de lo que se retribuye a los empleados públicos regresa a las arcas públicas.
- A nivel comparado internacional las administraciones públicas de España no poseen ni un exceso de empleados públicos ni sus retribuciones son elevadas. Justo lo contrario, nuestro país se caracteriza por poseer una presencia de empleados públicos en la franja media-baja con unas retribuciones comparadas (haciendo los arreglos necesarios en función del poder adquisitivo de cada país) bajas. No escandalosamente bajas, pero si más bajas.
- Es cierto que en las posiciones profesionales más modestas de las administraciones públicas sus retribuciones son más elevadas que sus homólogos del sector privado. Estas diferencias pueden ser explicadas por los valores públicos (la Administración debe eludir las dinámicas de explotación laboral propias de una parte significativa del sector privado) y por el esfuerzo al acceso meritocrático del empleo público.
- El argumento inverso es que hay un grupo de empleados públicos altamente cualificados en los que objetivamente sus retribuciones están claramente por debajo del sector privado. Esto es cierto, aunque en menos casos de lo que se suele proclamar y revindicar. Es una evidencia que habrá que tomar algunas medidas al respecto para poder diseñar en el futuro administraciones que requieren perfiles profesionales muy competitivos y demandados. En todo caso tampoco hay que desdeñar la vocación de lo público de los empleados públicos y una muy preciada estabilidad laboral.
- Estas comparaciones siempre son interesantes para contextualizar el mundo laboral público que está instalado en una incesante cultura del lamento. Los empleados públicos no están en mala situación laboral y mucho menos si a las retribuciones económicas se les añaden las condiciones de trabajo propias del empleo público. El vaso está más lleno que vacío y, muchas veces, carecen de sentido algunos las caudalosas lágrimas y exigencias de los sindicatos y corporaciones del ámbito público.
- Para finalizar una nota negativa vinculada este tipo de comparaciones. La juventud racional y con tendencia al acomodo puede aspirar a ocupar un puesto en la Administración pública solo por motivos instrumentales sin mediar valores públicos ni espíritu de servicio público. Esto sí que debería ser una fuente de preocupación ante el inminente y espectacular relevo intergeneracional que atañe tanto a las administraciones como al sector privado. Es necesario que cada palo aguante a su vela.
