Comentaba yo hace unos días en el antiguo Twitter que la excesiva fragmentación de la planta local española es terreno abonado para que las Diputaciones y el resto de gobiernos locales intermedios asuman un protagonismo clave en la gestión de los servicios públicos en todo el territorio. Dejadme que os recuerde los datos extraídos de la última actualización del padrón municipal a 1 de enero de 2023:
- 8135 municipios en España
- 7.707 municipios con menos de 20.000 habitantes
- Aproximadamente 14.6 millones de personas viviendo en territorios donde los gobiernos locales intermedios son las instituciones de referencia
- El 83,83% de los municipios tiene menos de 5.000 habitantes
- El 49,06% de los municipios tiene menos de 500 habitantes
Bien. Con estos bueyes tenemos que arar.
Pero no nos asustemos, las Diputaciones siempre hemos estado ahí cuando se nos ha necesitado. Sin embargo, vale la pena que extraigamos entre todos algunas conclusiones de referencia para saber de qué manera podemos abordar esta realidad.
- Esta significativa dispersión municipal presenta desafíos únicos para la prestación de servicios públicos fundamentales como educación, salud, transporte y seguridad. Si le sumamos, además, la baja densidad de población en algunas de estas áreas, se puede complicar la logística y aumentarse significativamente los costes per cápita de prestación de servicios, haciendo que su provisión sea menos eficiente en comparación con áreas más densamente pobladas, léase ciudades más grandes y/o territorios de costa.
- La adaptación de las infraestructuras a esta escala territorial es crucial. En educación y salud, por ejemplo, los centros multiservicios o las unidades móviles representan soluciones viables que evitan el sobredimensionamiento y los gastos excesivos. Estas opciones no solo son más económicas, sino que también son capaces de servir a múltiples localidades con una única inversión, optimizando así los recursos disponibles y garantizando la continuidad y calidad del servicio en zonas rurales.
- En esta misma línea, y dada la gran cantidad de municipios de reducido tamaño, es imperativo reevaluar la estructura del gobierno local para maximizar la eficiencia. La consolidación de servicios a nivel comarcal o provincial puede ser una estrategia efectiva para reducir costes y mejorar la prestación de servicios. Por ejemplo, la gestión unificada de recursos como el agua o los servicios de emergencia puede eliminar redundancias y aprovechar economías de escala, beneficiando a una mayor cantidad de ciudadanos con un menor gasto público.
- En este contexto de pequeños municipios, la Administración electrónica y el gobierno abierto se vuelven esenciales para acercar los servicios públicos a los ciudadanos. La digitalización facilita el acceso a una amplia gama de servicios públicos, desde tramitaciones administrativas ordinarias hasta consultas médicas virtuales, lo que permite a los residentes de áreas menos pobladas disfrutar de beneficios similares a los de las zonas urbanas. Además, la transparencia y la accesibilidad que proporciona el gobierno abierto fomentan una mayor confianza en las instituciones públicas y promueven una participación ciudadana más activa en el proceso democrático, que no es poca cosa.
- La planificación territorial y el desarrollo sostenible deben tener en cuenta siempre la distribución demográfica para lograr un crecimiento equilibrado. Implementar incentivos para empresas que se establezcan en áreas rurales, así como desarrollar programas específicos de desarrollo comunitario, pueden revitalizar estas regiones. Estas políticas no solo apoyan la economía local, sino que también evitan el despoblamiento rural, contribuyendo a una distribución más armónica de la población y sus recursos. Además, asegurar que los planes urbanísticos y de infraestructura sean coherentes con las necesidades reales y futuras del territorio es fundamental para su viabilidad a largo plazo.
- Por último, en municipios pequeños, donde la estructura comunitaria permite un contacto más directo entre la Administración y los ciudadanos, el fomento de la participación es crucial. Promover un gobierno abierto y transparente mejora la calidad de la gestión pública y aumenta la satisfacción de los ciudadanos con los servicios recibidos. La implicación de los residentes en la toma de decisiones no solo mejora la pertinencia y eficacia de las políticas implementadas, sino que también fortalece el tejido social y el sentido de comunidad.
En conclusión, la gestión de los municipios pequeños en España presenta desafíos únicos que requieren soluciones creativas y adaptadas. La eficiencia en la prestación de servicios públicos, la adaptación de la infraestructura a la escala correcta, la optimización de los gobiernos locales, el aprovechamiento de las tecnologías digitales, y el fomento del desarrollo sostenible y la participación ciudadana son pilares clave para garantizar que estos municipios no solo sobrevivan, sino que prosperen.
Al abordar estas cuestiones de manera integral, se puede lograr un equilibrio entre calidad de vida y sostenibilidad financiera, asegurando que todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, tengan acceso a servicios de calidad y oportunidades de desarrollo personal y comunitario.
Y es justo en este escenario donde las Diputaciones y el resto de los gobiernos locales intermedios quieren y deben asumir un liderazgo institucional clave. Con estos bueyes tenemos que arar, así que basta de quejarse y manos a la obra.
