Terminaba la primera parte de este artículo diciendo que me da la sensación de que esta muerte anunciada de las mancomunidades responde a otras razones y no solamente a su falta de rigor en el cumplimiento de las obligaciones de remisión de las cuentas o porque con su extinción vaya a suponer un ingente ahorro de dinero público, y abogaba porque debería a constituir un estándar de calidad del servicio la cercanía del centro gestor al lugar de su prestación, pues en demasiadas ocasiones las Diputaciones Provinciales están excesivamente alejadas geográficamente lo que provoca falta de empatía con la realidad.
Cuando tuve mi primer contacto con el mundo de las mancomunidades de municipios gran parte de mis esfuerzos se concentraban en una kafkiana pelea con la Diputación Provincial de Cuenca para lograr que los servicios técnicos provinciales emitieran los informes preceptivos para la concesión de las licencias de obra.
Como quiera que si enviábamos los proyectos técnicos de las obras para las que se nos solicitaba licencia por correo solicitando que por los servicios técnicos provinciales se nos prestara la correspondiente asistencia y cooperación técnica que la legislación de régimen local configura como una de las competencias provinciales, al pasar el filtro del diputado encargado del área – creo que era el de obras – se nos devolvían negándonos cualquier clase de ayuda bajo la extravagante excusa de que los técnicos provinciales no podían emitir los informes solicitados al pues incurrirían en una causa de incompatibilidad si atendía nuestra demanda de apoyo; eludíamos las redes del diputado mediante la simple técnica de llevarlos en mano, esquivando así los registros con sus consecuentes conductos oficiales, y de recoger personalmente los informes emitidos por los excelentes técnicos que creían digna de apoyo la voluntad municipal de cumplir con la legalidad urbanística a pesar de no contar, ni poder hacerlo, con los medios adecuados.
Dicho sea de paso que, con el tiempo, cuando el cerco se fue estrechando sobre la confabulación a la que habíamos llegado con los técnicos provinciales, al sentirse éstos amenazados en sus puestos de trabajo, pusimos fin a la aventura y optamos por el sistema de los “técnicos honorarios” que algún fallo judicial ha definido como una “nada jurídica”, con el consiguiente empobrecimiento de la calidad del servicio.
Pues bien, mientras sucedían los referidos acontecimientos – corría el año 1989 – se constituyó en la zona en la que estaba destinado una mancomunidad de abastecimiento de agua que, más tarde, ampliaría sus fines a la defensa del consumidor, estableciéndose la sede en el municipio del Ayuntamiento del que yo era Secretario-Interventor, lo que conllevó que me tocara asumir la secretaría de la mancomunidad y a mi Alcalde su presidencia.
Lo que no sé es como terminamos inmersos en una denominada “Coordinadora de Mancomunidades de Castilla-La Mancha” – supongo que mi Alcalde pensó que cuanto más implicado estuviera en toda clase de movimientos, mayor beneficio obtendría para su zona – uno de cuyos principales objetivos era, tal y como pudimos ir comprobando en lejanas reuniones de las que no sacábamos nada productivo, la supresión de las Diputaciones Provinciales en beneficio de unas mancomunidades que saldrían reforzadas con la asunción de las competencias provinciales, pero cuya diferencia venía determinada por su ámbito territorial que ya no coincidiría con la provincia, sino con la comarca natural al estilo de Cataluña o con el definido por la suma de los términos municipales mancomunados.
Con el tiempo también terminamos por cancelar nuestras participaciones en la coordinadora que, igualmente, perdió la teórica batalla iniciada, porque la mancomunidad de abastecimiento de agua de la que yo era secretario-interventor no pretendía en ningún momento convertirse en una alternativa del modelo territorial del país, sino, llanamente, acometer la prestación de unos servicios que solamente con la suma del esfuerzo de varios municipios era posible con unos estándares de calidad aceptables y que, por separado, se antojaba imposible.
Pero me temo que esa diferente concepción del modelo territorial español subyace bajo la apuesta por la supresión de las mancomunidades en provecho de las Diputaciones Provinciales y viceversa e, incluso, diría que, en realidad se trata más de la lucha por el poder que la búsqueda de un ideal de perfección en la prestación de unos presidido por la eficacia, la eficiencia y el menor coste posible para los ciudadanos.
A poco que se escarbe en el pasado podrá comprobarse como la postura de los dos principales partidos españoles de ámbito estatal ha variado en función de su nivel de poder en las instituciones provinciales. Así, en la actualidad, el PP, tras los resultados de las últimas elecciones municipales, se muestra partidario del mantenimiento y reforzamiento de las Diputaciones, mientras que el PSOE que en 2006 se oponía a su desaparición, ahora, tras el batacazo electoral de 2011, se declara partidario de su desaparición.
En este debate, una vez más, se olvida al autentico protagonista que el ciudadano usuario de los servicios públicos, bien sea directamente o a través del apoyo a los pequeños municipios en su labor de satisfacer las necesidades de aquellos.
Diputaciones o mancomunidades, ¿Qué más da? Se trata de prestar a los ciudadanos los servicios públicos en las mejores condiciones y con los medios más avanzados. Unas veces serán la Diputaciones las que se encuentren en mejor situación para hacerlo – mi experiencia con ellas ha sido, en resumen, muy positiva, sobre todo con la Diputación de Toledo que ha tenido la suerte de contar con un gran equipo técnico y humano especialmente en el servicio de asistencia a los municipios, al igual que mi sensación en la Comunidad de Madrid, carente de Diputación al ser uniprovincial, es de total abandono desde el punto de vista del apoyo institucional al municipio dada la falta de un lugar de referencia -; pero en otras ocasiones serán las mancomunidades las que puedan llegar a donde ni tan siquiera la administración provincial pueda hacerlo – durante el tiempo pasado en la gestión de una mancomunidad pude comprobar que el esfuerzo en común de Ayuntamientos muy pequeñitos podía lograr la consecución de objetivos impensables por separado.
Diputaciones o mancomunidades son entidades netamente prestadoras de servicios que no deben convertirse en centros de poder o en plataformas de proyección política, piénsese que hay mancomunidades de municipios sumidas en proyectos internacionales cuya proyección sobre la vecindad local se revela difícil de explicar.
De todas formas no está claro que este proyecto de reforma de la legislación local vea la luz porque parece ser que en la fecha en que escribo este artículo su aprobación se encuentra paralizada como consecuencia de la presión de numerosos Alcalde que no quieren ver recortado su poder, olvidando, otra vez más, que están ahí para servir a la ciudadanía.
