La reforma fiscal aprobada en el Consejo de Ministros del pasado día 20 de junio no ha dejado indiferente a nadie. Quien más y quien menos ha colocado en una balanza los pros y los contras de la misma. Y, dependiendo de hacia dónde se ha inclinado la misma, ha supuesto sonrisas y lágrimas, metafóricamente hablando. “Es oportuna y valiente. Supone una bajada impositiva, lo que puede provocar una reactivación del consumo privado que beneficie la actividad económica”, subraya Eduardo Berché, decano de Derecho de Esade.
Según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), va a devolver protagonismo a los ciudadanos, reduciendo el esfuerzo fiscal al que se han visto sometidos en los últimos años, permitiendo mejorar su poder adquisitivo. A la par, facilitará que autónomos y empresas realicen sus actividades en unas mejores condiciones fiscales. “Mejorará el poder adquisitivo de los ciudadanos, lo que se traducirá en un incremento del consumo y la demanda, y en una mejora de la actividad y del empleo en nuestro país”, subraya su presidente, Lorenzo Amor.
Entre los puntos considerados fundamentales por esta agrupación están la no subida del IVA, la rebaja de las retenciones a los autónomos, y el mantenimiento de los módulos. También las organizaciones empresariales de la cadena agroalimentaria, comercio, distribución y hostelería han valorado muy positivamente que el Gobierno haya desechado un incremento impositivo al igual que una reclasificación del IVA. “Estamos ante un oportunidad para construir un sistem fiscal estable, seguro y atractivo par ala inversión empresarial. Un modelo que ensanche las bases fiscales y ataje el fraude para incrementos los ingresos de la Administración sin necesidad de penalizar el consumo”, apuntan.
En el otro lado de la balanza, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) no han dudado en calificar de regresiva e insuficiente la reforma del IRPF. Denuncian que la progresividad es la ‘gran perjudicada’ de esta reforma al simplicar de siete a cinco los tramos actuales. Esta medida, junto con la reducción de los tipos marginales, afecta negativamente a este principio constitucional porque los principales beneficarios no sumarán más de 73.000 contribuyentes -los que ingresan más de 150.000 euros anuales-, y que suponen en torno al 0,3% de total de declarantes. Sin embargo, los 11,5 millones de trabajadores y pensionistas que ganan menos de 11.200 euros anuales no se verán afectados por la rebaja fiscal propuesta por Moncloa, ya que actualmente no tributan. “El Gobierno, al no bajar otros impuestos que soportan los ciudadanos, como el IVA o los impuestos sobre los Hidrocarburos o la Electricidad, no puede afirmar con rotundidad que la presión fiscal haya bajado para todos. Tampoco podemos hablar de una reforma integral del sistema fiscal, sino solo parcial”, afirma José María Mollinedo, su secretario general.
Por último, para la Unión General de Trabajadores (UGT), la reforma tiene un claro tinte electoralista, por lo que lanza un mensaje de rebaja de impuestos, pero no aborda un cambio de fondo del sistema sino que consolida muchos de sus problemas, como la diferencia de trato entre las rentas del trabajo y del capital, y beneficia a los que más tienen. “La reducción del tipo general de gravamen del Impuesto sobre Sociedades del 30 al 25 por ciento en dos etapas nos parece una medida inadecuada en estos momentos, en los que se precisa consolidad un sistema potente en términos recaudatorios”, señalan desde el sindicato. Y apuesta por otra reforma, de mayor calado, basada en tres ideas clave: la garantía de suficiencia de recursos para atender las necesidades sociales y las políticas de gasto público; un reparto más justo de la carga tributaria entre capital y trabajo; y una lucha decidida contra el fraude.
