Recientemente se ha presentado el denominado ‘Barómetro de los Círculos’. Se trata de una iniciativa impulsada por el Círculo de Empresarios, el Círculo de Economía y el Círculo de Empresarios Vascos, que tendrá periodicidad anual, y cuyo objetivo es “poner a disposición de la sociedad información clara y precisa sobre cómo se están afianzando las fortalezas de nuestra economía y cómo pueden resolverse nuestros desequilibrios y deficiencias estructurales”.
Dicho Barómetro se desarrolla a través de tres instrumentos: una revisión selectiva de los principales indicadores elaborados por diversas instituciones internacionales; una encuesta a 154 directivos españoles; y más de una veintena de entrevistas individuales en profundidad con altos directivos de empresas líderes en sus respectivos sectores. Y se asienta sobre cinco pilares básicos: dinamismo del mercado; recursos básicos (Infraestructuras Físicas, Educación e Innovación); mercado laboral y financiero; dinamismo empresarial; y contribución de las Administraciones Públicas.
Pues bien, el funcionamiento de las Administraciones Públicas es, junto con el mercado financiero, el aspecto del entorno económico que recibe peores valoraciones en el Barómetro. Y aunque dicho informe señala que está afectado en gran medida por elementos coyunturales, “existe la percepción de que el mal funcionamiento de nuestras Administraciones tiene una raíz estructural”. Un dato: todas las dimensiones del funcionamiento de las AAPP aparecen con valoraciones negativas, siendo las peores las de corrupción y eficiencia del gasto público.
La administración de Justicia también recibe valoraciones pobres preocupando, principalmente, la falta de predictibilidad de las decisiones judiciales, tanto en tiempo como en fondo y, en muchos casos, la falta de formación técnica de algunos jueces, por ejemplo, en contabilidad y otras áreas de gestión empresarial.
Según dicho Barómetro, la mayor prioridad para controlar el déficit público se centra en el tamaño y en la eficiencia de las propias Administraciones. En particular, se considera que las prioridades más importantes para el control del mismo son la reducción del tamaño de las AAPP y la mejora de su eficiencia, así como la optimización de competencias entre distintos niveles de la Administración. Subidas de impuestos y reducción de servicios toman menores valoraciones.
Entre los directivos empresariales existe una percepción muy extendida de que el ajuste del sector público ha sido, aunque doloroso, inferior al del sector privado, y que los recortes han sido excesivamente horizontales o generalizados, al no haberse discriminado suficientemente los recursos y servicios eficientes de aquellos que no lo son. Y ponen el siguiente ejemplo: en un contexto en que debería apoyarse la reasignación de recursos productivos entre sectores, se consideran inoportunas las reducciones presupuestarias poco discriminadas al apoyo a la exportación, al I+D+i o la formación.
Por último, no se ha percibido que exista consenso entre los directivos sobre la necesidad de reducir y rediseñar de manera sustancial los servicios que definen el actual Estado del Bienestar, ni tampoco en que la mejora de la Administración y los servicios públicos pase necesariamente por una elección entre gestión privada o gestión pública. Pero en lo que sí existe un claro consenso es en que, cuando exista gestión pública, ésta debe ser más eficiente y estar dotada de instrumentos de gestión adecuados y comparables a los de la gestión privada. ¿Ejemplos? Una mayor flexibilidad en la incorporación y en la gestión de recursos públicos, tanto de recursos humanos como de equipos e infraestructuras, y la posibilidad de fijar precios diferenciados según la urgencia y especificada en los servicios prestados.
Resumiendo: las Administraciones Públicas deben reducir su tamaño y optimizar sus competencias evitando la fragmentación del mercado interno, y además deben ser más predecibles en plazos y actuaciones.
