El enfrentamiento entre las Comunidades y la Administración del Estado ha ido en aumento en los últimos años. La ley antidesahucios, los cambios en el IRPF o la eliminación de la extra de los trabajadores públicos, ha hecho que muchas autonomías hayan decidido pasar de las palabras a los hechos y se hayan lanzado a vía judicial para dirimir sus discrepancias con el Gobierno.
Prueba de ello es que, según la memoria del Tribunal Constitucional, en 2009 se presentaron cinco recursos por causas en las que existía algún tipo de disconformidad por alguna de las partes. Sin embargo, en 2012 la cosa era radicalmente distina. Hubo más de una treintena de recusaciones: 20 contra leyes estatales y 13 contra normativas regionales.
Sin embargo, y pese a esta elevada litigosidad que se puede apreciar -y que suele aumentar con momentos de crisis económica o de cercanía electoral- las aguas vuelven pronto a su cauce. La muestra, un botón: cerca del 70% de los conflictos que se plantean, sobre todo cuando afecta a temas competenciales acaban en un acuerdo previo antes de llegar hasta el Constitucional.
Esto se debe, ha explicado, a que funcionan las Comisiones Bilaterales de Cooperación y porque “la lealtad institucional existe y funciona”, ha destacado.
