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Los ayuntamientos comienzan a lanzar su SOS desesperanzado. No tienen un duro en sus cuentas de ruina. En épocas de bonanza acometieron grandes inversiones, ampliaron plantillas y ofertaron nuevos servicios con la ilusoria confianza de que las vacas gordas durarían por los siglos de los siglos, amén. Llevamos cuatro años de crisis, y el Gobierno de España tuvo que someterse a una estricta cura de adelgazamiento que ahora debe recetar a autonomías y entidades locales. Las instituciones internacionales y europeas exigirán a nuestro país la paulina reducción del déficit, al tiempo que someterán a nuestras cuentas públicas a un riguroso control y seguimiento. Dado que nuestra estructura global del gasto se distribuye entre los diferentes niveles territoriales, es razonable que aquello que se le pueda exigir al Estado se le deba poder exigir también al resto de administraciones. No tendría ningún sentido que el déficit se descontrolara por la falta de voluntad o de la capacidad de gestión de algunas entidades territoriales. Es legítimo y necesario que existan instrumentos de control para garantizar, en todo caso, el cumplimiento de los límites presupuestarios comprometidos con el exterior y aprobados en las Cortes. Existe un interés general en el hecho de garantizar el rigor presupuestario de nuestros ayuntamientos, diputaciones y autonomías, por lo que debemos reforzar el control del gasto. Por tanto, además del establecimiento del límite legal del techo de gasto para cada ejercicio, debemos garantizar el suficiente poder a unos interventores y secretarios que deben disfrutar de la necesaria independencia de los responsables políticos locales como para poder garantizar eficazmente su función. Debemos repensar la conveniencia de que volvieran a ser cuerpos nacionales a todos los efectos.

Otra novedosa línea de trabajo es la de legislar sobre la responsabilidad de los consejos de gobierno y plenos, al igual que ya ocurre con las empresas. Los miembros de un consejo de administración deben responder ante la justicia con sus propios bienes en caso de gestión inadecuada o manifiestamente ilegal. De igual manera debe ocurrir con los responsables políticos, que no pueden, irresponsablemente, arruinar unas cuentas públicas con políticas manirrotas sin suficiente respaldo presupuestario. Debe enterrarse para siempre aquello tan repetido por algún responsable de la Federación española de Municipios de “Haz lo que debas, aunque debas lo que hagas”, que ha conducido al estado de absoluta ruina de tantas de nuestras instituciones.

Las ayudas de Papá-Estado ni están ni se les esperan. Cada ayuntamiento tendrá que abordar su problema en solitario. Existen políticas de ahorro que no conllevan grandes sacrificios, como la reducción de inversiones o de gastos corrientes, pero esta vía ya se encuentra casi agotada por estos dos últimos ejercicios de restricciones presupuestarias. Los ahorros deberán obtenerse de las partidas del capítulo I, personal, y del IV, transferencias, así como de las subvenciones a las empresas públicas dependientes. En aquellos ayuntamientos que deban acometer extinciones de contratos y nuevas reducciones de sueldos serán previsibles fuertes tensiones sociales. Los nuevos alcaldes y presidentes autonómicos no pueden limitarse al mantra de responsabilizar a los anteriores gestores del estado de las cuentas. Eso ya lo sabían los ciudadanos y por eso cambiaron su voto. Los regidores tendrán que actuar responsablemente hasta restablecer un razonable equilibrio financiero.

Otro capítulo novedoso que se podría abordar es el de la estructura de la negociación colectiva de los trabajadores municipales. Normalmente, en el ámbito público, los convenios son más generosos mientras más cercano sea su ámbito. Así, un policía local suele ganar más que uno autonómico y éste más que el nacional. Un funcionario municipal suele ganar más que el regional y éste que el nacional, como se suele advertir en las transferencias. Ese gradiente de condiciones es debido a la mayor capacidad de presión de los sindicatos sobre el poder a medida de que éste es más cercano, lo que origina que, en más ocasiones de las razonables, los convenios locales sean más elevados de lo recomendable y sostenible. Una posible solución sería la de elevar el ámbito de negociación al menos hasta el nivel provincial, o, mejor aún, a nivel autonómico, estableciendo distintos valores en función de la población municipal. Esta fórmula permitiría alejar el ámbito del conflicto de los negociadores, y así equilibrar unas fuerzas ahora en demasía inclinadas a favor de unos trabajadores municipales que, a la postre, tienen que ser pagados por el conjunto de los ciudadanos.

Pero el recorte de gasto será insuficiente para salvar la situación. Nuestros ayuntamientos precisarán subir impuestos si quieren cuadrar cuentas y esta subida drenará aún más el escaso consumo en nuestras localidades. En consecuencia, si se quiere reactivar la economía, estas subidas deberán ser lo más reducidas posibles.

También existen otras vías de generar nuevos ingresos, como la de la explotación de los ingentes recursos municipales. Existen grandes oportunidades de colaboración público-privada, donde está casi todo por hacer. Existen experiencias muy interesantes en otros países de las que podríamos aprender.

Algunas voces consideran que la necesidad de fondos de nuestras instituciones es tan elevada, que no tendrán más remedio que acometer políticas similares a las famosas desamortizaciones del XIX, que permitieron el nacimiento del estado liberal. Las privatizaciones de empresas públicas ha sido una vía muy utilizada por el Estado en estos últimos años; recordemos el caso de Telefónica o Endesa o los de Loterías y AENA en la actualidad. También las entidades territoriales pueden beneficiarse de alguna privatización, o de venta o alquiler de su espectacular patrimonio, en su mayor parte ocioso.

En resumen, tanto para las partidas de gasto como por la de ingresos existen fórmulas novedosas para explorar. Los gestores y profesionales municipales tendrán que realizar un enorme esfuerzo de innovación e imaginación para superar el enorme reto que suponen unos ayuntamientos cercanos a la quiebra.