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Doce uvas

Gotean las noticias estos primeros días del año sobre la reforma de la legislación local. Como acabamos de salir de la fiesta de Nochevieja, me atrevo a proponer las siguientes doce uvas:

 1. Supresión de Ayuntamientos. Se trata de una operación que debe hacerse en cada Comunidad autónoma pues las fórmulas pueden ser muy variadas y han de atender a las peculiaridades de cada territorio. Mecanismos a aplicar, entre otros: la fusión voluntaria contemplada en las normas vigentes o la obligatoria impuesta a través de una ley de la Comunidad autónoma.

Coto al sector público (II)

Recordaba hace unos días cómo, al hilo de las reformas para reducir el déficit público, empiezan a adoptarse algunas medidas para embridar el desbocado sector público. Medidas que tratan de acotar las retribuciones e indemnizaciones del personal directivo de sociedades y otros organismos públicos. Sin embargo, leídas esas previsiones se echan en falta otras decisiones muy necesarias y que se dirijan a atender las causas de tanto exceso y desorden. Máxime cuando los órganos de control, tanto el Tribunal de Cuentas, como las Cámaras y Sindicaturas autonómicas, están publicando informes, cuya lectura resulta desesperanzadora.

Acerca de la Tesorería y la liquidez de las Entidades Locales

Si en el mundo empresarial tener unos buenos niveles de Tesorería, entendida esta: como disponible en cuentas financieras realizables a corto plazo, es un buen indicador de salud financiera y además un objetivo alcanzar, ¿porque en el Sector Público Local  esto no es así?

Algunas dudas sobre el plan de cobros de proveedores

El gobierno ha anunciado un plan para ayudar a las empresas a cobrar las cuantiosas facturas adeudadas por las administraciones locales y autonómicas. El montante total podría superar los 30.000 millones de euros, un 3% del PIB ni más ni menos. La idea, en principio, nos parece sensacional y digna de todo apoyo.

Bombillas de ideas

Cada vez son más los Ayuntamientos que ven como se va apagando la luz de algunas de sus instalaciones. Cada vez “ven” menos porque hay más oscuridad. Y es que entre los muchos conflictos que están enredados en el sector eléctrico (“un oscuro embrollo” titulábamos Francisco Sosa Wagner y yo un capítulo de nuestro libro “El Estado sin territorio. Cuatro relatos de la España autonómica”), entre tanta maraña, también hay problemas municipales.

Baremos superespecíficos

La historia se repite. Realmente no sigo mucho los concursos de funcionarios con habilitación estatal que se van publicando sucesivamente en los boletines oficiales de nuestras diecisiete autonomías, pero como estoy suscrito a servicios de alertas automatizados, me llegó, entre otros, el concurso ordinario de funcionarios con habilitación estatal de Aragón que se publica en el Boletín Oficial de Aragón del día 2 de junio. Unos días más tarde he visto el de la Comunidad Valenciana, En Aragón apenas se convocan a concurso ordinario unas diez plazas y volvemos, al menos en un par de casos, a las hazañas del Barón de Münchausen. En el caso de la Comunidad Valenciana, salen más plazas y también en varias de ellas hay aspectos de lo más pintorescos o increíbles. No he leído los baremos de otras comunidades, supongo que habrá méritos parecidos porque la estadística no falla.

Bancarrota y autonomía local

Un vistazo a la infinidad de ayuntamientos endeudados por la crisis económica actual

Bancarrota y autonomía local

A la vista de la situación en que se encuentran tantos Ayuntamientos españoles prácticamente declarados en bancarrota, estremece un poco pensar que sigue vigente, en los textos legales, el principio de la autonomía local.

Las noticias proliferan en los medios de comunicación: alcaldes que no pueden pagar la nómina de los empleados, que amontonan facturas de los proveedores, que contemplan inermes las certificaciones de obras sobre la mesa de sus despachos… Solo el hecho de que no exista en el derecho público una declaración expresa de quiebra, les salva de la calificación infamante. Pero la realidad es obstinada y no se deja embaucar fácilmente. Todos esos municipios se hallan en bancarrota y, si fueran entidades privadas, intervendría un juez para disolverlos y organizar el pago ordenado a los acreedores.