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 La severa crisis económica que padecemos ha acentuado la propensión española a opositar. Si tradicionalmente una mayoría de universitarios afirmaban en las encuestas preferir la administración pública frente a la empresa, podemos figurarnos la respuesta que se obtendría en estos instantes en caso de repetir las preguntas. El grito casi unánime sería: ¡Todos funcionarios! La sabiduría difusa de las familias ya está trabajando el hígado a los jóvenes, con consejos de buscar la seguridad sobre cualquier otro principio. Desgraciadamente, todos tenemos delante ejemplos de osados que se metieron en negocios y ahora están arruinados, o trabajadores de la privada que disfrutaron de altos sueldos en el boom, y que ahora están en el paro. Nadie se acuerda de las bonanzas, cuando los de la privada ganaban más que los de la pública. Ahora, parece que todos miramos con envidia el sueldo seguro del funcionario.

Una colaboradora anónima nos ha enviado la respuesta que ha dado el Defensor del Pueblo acerca de la exigencia del idioma catalán, como requisito excluyente, en una convocatoria para el acceso a la función pública como funcionario de carrera con habilitación de carácter estatal según oferta de empleo público de 2009 de la Generalidad de Cataluña: «En este sentido, se debe tener en cuenta que el Estatuto Básico del Empleado Público establece una nueva regulación del régimen jurídico de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter estatal, que, entre otros aspectos, atribuye a las comunidades autónomas la competencia para la selección de estos funcionarios, derogando de forma expresa la regulación contenida en la Ley 7/1985, Y en el Real Decreto legislativo 78/1986, sobre funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

En estos tiempos de crisis en los que parece haberse puesto de moda cargar contra el colectivo funcionarial y que arroja titulares de prensa como “Ni funcionarios ni precarios” (El País 09.06.09), me gustaría hacerme eco del artículo de D. Luis Felipe Ragel, catedrático de derecho civil de la Universidad de Cádiz, titulado “Tiro al funcionario”, publicado en el Diario de Cádiz de 11 de mayo de 2009, del que he tenido noticia en la web de la Diputación de Toledo, gracias al inconmensurable trabajo de D. Juan Granados.

Qué razón tenía Victor Almonacid cuando, desde este mismo blog, pedía respeto y mostraba su hartura por las, cada día más frecuentes, exigencias de las administraciones “superiores”, fruto en mi opinión, en la mayoría de las ocasiones, de un desconocimiento atrevido de la legislación de régimen local y de las funciones atribuidas a los habilitados nacionales; y, en otras, de una prepotencia exacerbante, propia de quien tiene la sartén por el mango.

Hace unas semanas Antonio Reinoso Carriedo publicaba en este mismo blog una excelente exégesis de los procesos de funcionarización que puso en marcha la Disposición Transitoria 15ª de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (LMRFP) y que, ahora, también se incluyen en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (LEBEP), que me hizo recordar la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª) de 12 febrero 2007, de la que tuve conocimiento hace unos meses, y que cambió los mis esquemas sobre qué clase de personal puede acceder a la funcionarización.

Un compañero me decía hace años que si se tuviera que hacer un anuncio en la tele y prensa sobre los pormenores de la profesión de FHE y tuviese que darse conocer con un lema lo que estos funcionarios hacen en un Ayuntamiento, diría que el más adecuado podría ser: “Funcionarios con habilitación estatal: Hacemos regular lo imposible”.

La Administración Local es, posiblemente, la más próxima de todas al ciudadano, siendo su gestión la que de forma más inmediata puede percibirse porque, en mayor o menor medida, la padecemos cada día al salir a la calle y desplazarnos por las ciudades con cualquier motivo. El problema está en que tal Administración está regida y gestionada, en más casos de los deseables, por políticos que hacen lo que les da la gana (al fin y al cabo por algo podemos definirlos como aquellas personas que deciden sobre todo aquello que desconocen), por funcionarios que hacen, en su mayoría, lo que pueden y les dejan, y por personal laboral que hace lo que le dicen aquellos a quienes deben el favor de vivir en la función pública, sin tener que haberse enfrentado al proceso de acceso que cualquier opositor ha de sufrir.

La reforma del régimen de la habilitación nacional, ahora “de carácter estatal” como todos sabemos, introducida y propiciada a través de una Disposición Adicional (la 2ª) del EBEP (Ley 7/2007, de 12 de abril), conduce a que cada Comunidad Autónoma apruebe sus propias normas sobre el régimen jurídico de los funcionarios de habilitación estatal según la ubicación de la entidad local donde se presten servicios. En ello está la mayoría de Comunidades Autónomas (Cataluña y Galicia ya lo han hecho). Resulta contradictorio que un grupo de funcionarios, que se dicen de “habilitación estatal” (nacional), se encuentre fragmentado a su vez en diecisiete subgrupos, según sea la Comunidad donde nos encontremos. Cada uno con un régimen diferenciado. Y cada uno de ellos seleccionado por cada Comunidad Autónoma de acuerdo a procesos distintos (aunque con un “mínimo común estatal”). Esto no es un juego de palabras, aunque pudiera parecerlo, sino el resultado de una fragmentación de un Cuerpo antes estatal, y que ahora ya no se sabe bien qué puede ser.