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Bien, volviendo a lo nuestro, (ver primera parte) sólo quiero resaltar que la situación económica todos sabemos que es crítica, ciertamente, pero al hilo de todo esto, me permito, con todos los respetos, hacer alguna reflexión más:

UNO. Como decíamos al principio, ¿y las Comunidades Autónomas? Primero, en lo que yo conozco, son mucho más morosas que los Ayuntamientos. Segundo, están dejando sin efecto en estos momentos convenios plurianuales comprometidos con los Ayuntamientos, dejando a algunos de éstos en una situación límite. Caso concreto: inversión municipal en una cuestión de competencia autonómica. El Ayuntamiento contrata. finaliza la obra y pone en funcionamiento el servicio. Transcurre un año y la Comunidad Autónoma, que es quien tiene la competencia, aun no ha pagado su parte del convenio. El contratista, naturalmente tiene cantidades que se le adeudan y no las puede cobrar porque  al Ayuntamiento ya no le quedan más fondos propios para adelantar. Y los responsables autonómicos tan contentos, a ellos nadie les dice nada, la causa de la causa es la causa del mal causado. Pero el moroso es el Ayuntamiento.

El Gobierno parece haber dado otro puñetazo encima de la mesa y está poniendo de nuevo la maquinaria normativa realdecretoleyista al ciento veinte por ciento. La urgencia, ya se sabe. Ya van cuatro Reales Decretos Leyes en lo que va de año. El que ahora comentamos, el  Real Decreto Ley 4/2012 (BOE de 25 de febrero), establece un sistema ciertamente novedoso y también radical para que las deudas de los Ayuntamientos con los proveedores se salden de una vez. La filosofía de la norma consiste en imponer a las entidades locales el pago de inmediato de todas esas facturas que están por los cajones o en otro caso el empresario acreedor puede ir a una entidad financiera con el certificado de la deuda y se le paga. Posteriormente el Ministerio de Hacienda retiene  las cantidades correspondientes de la participación de los tributos del Estado que abona al Ayuntamiento. Así de simple y así de complejo. Se pretende inyectar liquidez a las empresas y al mismo tiempo apoyar a las entidades locales afrontando el pago a largo plazo de las deudas.