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Una reciente sentencia del Tribunal Supremo me ha dado motivo de preocupación porque podría ampliar la conciencia de irresponsabilidad pública, debilitando los cimientos básicos de la construcción del Estado de Derecho. En la borrascosa situación en la que nos encontramos, deberíamos contar con unas instituciones, con una estructura jurídica sólida, en la que cobijarnos. Y el principio de responsabilidad es piedra angular de ese edificio jurídico. Reconocemos las potestades públicas, las diversas actuaciones de autoridades y funcionarios, pero lógicamente exigimos que se ajusten al Ordenamiento jurídico y que respondan de los daños causados. Es más, en el ámbito público, no sólo miramos la responsabilidad de los perjuicios sino que también con carácter previo pedimos un mayor cuidado, una mayor “responsabilidad” en el actuar, porque son intereses comunes y generales los que están en juego.