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Que no todas las Administraciones públicas participan del mismo modo en la deuda pública es evidente. Que no todas tienen las mismas necesidades de financiación ni asumen los mismos riesgos en un contexto de crisis también. Si su estructura de financiación no es idéntica, más bien resulta claramente asimétrica, es obvio que su exposición a una crisis como la actual, de raíz inmobiliaria y financiera pero extendida a otros sectores, no puede afectarles del mismo modo. Es desde esa perspectiva desde la que la racionalización del sistema de financiación, por un lado, y del sistema competencial que ha de financiarse, por otro, resultan esenciales. Es igualmente desde esa perspectiva desde la que debe valorarse la necesidad de niveles de administración determinados, su coordinación, eficacia y eficiencia no desde el punto de vista de lo que administrativamente se conoce como gasto corriente, ínfimo y claramente deficitario en muchas unidades administrativas, terreno abonado para la demagogia, sino desde la más general, estructural y trascendente de la existencia misma de la institución.
Con exasperante lentitud, parece que algo se mueve. El desasosiego nuestro de cada día se refresca con noticias razonablemente positivas de manera más frecuente a medida que vamos desembarcando en este imprevisible 2011. La bolsa se recupera, el diferencial baja, el gobierno retoma el diálogo social a pesar de las dificultades, el PP parece más dispuesto a echar una mano… Parece poco, pero en verdad es mucho si lo comparamos en términos relativos con aquellos cercanos y aciagos tiempos en los que la actualidad se conjugaba con desplomes de las bolsas, diferencial de tipos por la estratosfera y desconfianza absoluta en todo lo que sonara a español. No es que ahora estemos para tirar cohetes – siguen sin fiarse de nosotros – pero al menos hemos rebajado el tono de alarma al de preocupación grave. Algo es algo, al fin y al cabo. 
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