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Sobre los lomos pacientes de los ayuntamientos se cargan más y más prestaciones y servicios. La administración más cercana al ciudadano es percibida como la primera proveedora pública, y hasta ella llegan los ciudadanos a reclamar lo que consideran sus derechos. Pero, ¿de dónde van a sacar las instituciones locales el dinero que precisan?
Alguien debe decir en alto que a los ayuntamientos no les llega para vivir. Que durante los años de la bonanza del ladrillo habían equilibrado sus cuentas con licencias y convenios, y que, de repente, la crisis inmobiliaria ha evaporado las expectativas de ingresos previstos. Todos podemos poner ejemplos que van desde situaciones preocupantes hasta déficits desesperados. Los delegados de hacienda fruncen el ceño sin saber cómo elaborar los presupuestos del año próximo. Los plazos de pago a proveedores comienzan a alargarse, y el interventor advierte de la imposibilidad de cumplir el presupuesto de ingresos del presente ejercicio.
El comentario que sigue, también podría titularse con el viejo dicho de que en todas partes cuecen habas y toca, tangencialmente, los lamentables casos de corrupción municipal y el enorme abismo que se observa entre las inquietudes de los vecinos y las prioridades de algunos gobernantes. 
De nuevo un escándalo de corrupción golpea la vida local española. El asunto no es nuevo ni tampoco original de nuestro medio, en algunos países europeos ejemplos parecidos son frecuentes y saltan a los medios informativos con la lógica alharaca. Casi siempre dan lugar a declaraciones solemnes de los responsables políticos que anuncian medidas, reformas legales, vigilancia, inspección etc. A las que luego el tiempo pone sordina. Por tanto España no ofrece una sustancial originalidad aunque nos preocupe más pues es nos atañe a todos nosotros. 
Una de las novedades que ha incluido la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) es la regulación de valoración de las ofertas cuando se utilizan diversos criterios de adjudicación. En la anterior norma, la valoración de la “calidad”, el “diseño”, la “rentabilidad”, las “condiciones de mantenimiento”, o cualquier otro criterio de valoración de las ofertas que precisara un juicio de valor lo hacía una sola persona, normalmente aquella que necesitaba el bien o servicio que motivaba el expediente de contratación. 
Quizá los habilitados nacionales, perdón, estatales, por nuestra presunta preparación y, más presunta aún, independencia, somos de las pocas personas que podemos hablar de política… Hoy un servidor se va a atrever con ello, hablaré de política… local. La “gran política”, la nacional, perdón, estatal, la considero importante pero poco interesante, así que (de momento) los miembros y miembras del Gobierno y la oposición pueden dormir tranquilos (¿pueden?). 
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