6 votaciones
Loading ...
Los documentos básicos de la INTOSAI se han convertido en determinantes del pensamiento en la cultura de la fiscalización, por lo que se ha intentado demostrar que se presentan como un conocimiento fáctico, de orden implícito a través de supuestos, en lugar de la rigurosidad y demostración. Históricamente la fiscalización está ligada a la disciplina de la auditoría y al proceso de su profesionalización. De ahí que el análisis de la formación del auditor público y su carrera sea un tema a debatir en los espacios académicos y en las instituciones de fiscalización. Pero en lo inmediato los ciudadanos y organizaciones sociales no pueden esperar que se constituya como un tema de agenda, si la auditoría debe cambiar sus contenidos, su denominación y si es preciso que se convierta en una carrera profesional en lo particular, mientras la vida cotidiana continua aceptando que las entidades de fiscalización contribuyen a la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción e impunidad.
La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 30 de Mayo de 2007 incide en la problemática derivada de la diferenciación entre contrato fijo y contrato indefinido en las Administraciones Públicas, diferenciación compleja cuando el acceso a una u otra modalidad de contratación deviene de la conversión por sanción de contratos temporales fraudulentamente concertados. En este caso la contratación se realizaba año tras año, de manera habitual y permanente. La sentencia, sin apartarse de la posición ya consolidada en la doctrina de nuestro TS, reitera una vez más la posibilidad de adquirir la condición de trabajador indefinido, nunca de fijo, mediante este particular mecanismo de acceso al empleo estable en la Administración Pública. No se puede atribuir la pretendida fijeza en plantilla con una adscripción definitiva del puesto de trabajo, sino que, por el contrario, hay que adoptar las medidas necesarias para la provisión regular del mismo.Se hace especial referencia a la problemática que se genera y concreta en relación con las subvenciones concedidas a las Entidades Locales por los Servicios Públicos de Empleo Estatal o de la Comunidad Autónoma respectiva para la contratación de trabajadores y realización de diferentes obras o prestación de servicios. 
Escribo este comentario cuando, oficialmente, se cierra la “Operación retorno” de Semana Santa, que, por la macabra estadística de víctimas mortales, tan aireada desde la DGT, parece una suerte de “Operación Triunfo” si, a la postre, hemos rebajado el guarismo del año pasado. Ojalá que las cifras escalofriantes de accidentes letales vayan descendiendo de ejercicio en ejercicio y evidencien así que, el nuevo modelo de carné, ha puesto los puntos sobre las íes a los infractores irresponsables, indocumentados, insolidarios o irrigados de alcohol. 
Los próximos días 27 de marzo y 9 de abril van a tener lugar en el Salón de Actos de la Oficina Central de la Caja Siete-Caja Rural de Tenerife en Santa Cruz de Tenerife unas jornadas sobre la Ley de Contratos del Sector Público, organizadas por el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Santa Cruz de Tenerife. 
De nuevo la lucha contra el ruido aparece en el orden del día jurisprudencial. Una de las quejas más frecuentes en las oficinas de todos los defensores del pueblo que existen en las Comunidades autónomas es justamente este asunto del ruido y de las molestias al vecindario. Tales autoridades no se cansan de exhortar a las Administraciones públicas para que cumplan su misión de velar por la tranquilidad. Pero las tales Administraciones actúan como si oyeran llover pues denunciarles conductas que son intolerables es lo mismo que majar en hierro frío, una tarea inútil. 
La cultura popular suele resumir en breves aseveraciones lo que el discurrir diario de la vida suele demostrar. Seguramente todos nosotros habremos afirmado alguna vez, con tono justiciero, acaso, “quien la hace, la paga”. Con ello se afirma, en términos simples, la responsabilidad que asume cada cual en relación con los resultados de sus propios actos, una responsabilidad que, en sus diversas formulaciones legales, puede tener muy diversas consecuencias, civiles, administrativas o penales. 
En nuestro sistema de administración local es claro que cuando se plantea la reforma local, en 1985, la Ley de Bases opta por un sistema de dirección local de tipo político y presidencialista, una forma de gestión en la que el Alcalde o el cargo político lo decido todo. Es el Alcalde y el Equipo de Gobierno el que define la línea política, pero no sólo eso, es el que adopta la mayoría de las decisiones municipales, las más importantes y las de mera gestión. Lógico sistema que se adopta en un momento histórico en el que el país acaba de salir de un período no democrático en el que los Alcaldes son casi apéndices del poder central. Consecuentemente, se decide en ese momento huir como de la peste de todo vestigio de tecnocracia, para que sea el pueblo, representado en el Alcalde y Concejales, quien gobierne y tome las decisiones de cada momento. 
4 votaciones
URL del feed
