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Asistimos estos días en nuestro Parlamento a la actividad frenética típica de quien tiene mucho que hacer y ve que no le da tiempo. Los Señores Diputados ultiman sus tareas antes de irse de vacaciones y de hecho, antes de fin de año suelen salir varias leyes, el BOE de los tres días finales del año suele venir ‘cargado’.
Si bien siempre me ha parecido que si bien el sistema parlamentario es teóricamente el súmmum de la democracia y que tiene sus ventajas ya que permite establecer un sistema organizado en el que unos hablan y otros escuchan, creo que en el fondo el sistema hace que todo está demasiado controlado la nomenklatura o la oligarquía de cada partido.
El día 14 de diciembre pasado el BOE nos ha sorprendido con la publicación de la Ley Orgánica 16/2007 de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural. Una breve Ley, de rango orgánico porque modifica la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (2/1986, de 13 de marzo) y que complementa la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, una ley tipo brindis-al-sol, llena de buenas y sanas intenciones (nada más que eso, intenciones) que hace recaer todo el peso de su efectividad de la elaboración de un "Programa de Desarrollo Rural Sostenible", un instrumento que aun no se sabe muy bien de qué se trata pero que señala la Ley que "se configura como el instrumento principal para la planificación de la acción de la Administración General del Estado en relación con el medio rural". Se debe elaborar en coordinación con las Comunidades Autónomas y de acuerdo con las previsiones establecidas en la Ley, concretando los objetivos y planes y actuaciones sectoriales a desarrollar por dicha Administración y los que sean concertados con las Administraciones de las Comunidades Autónomas. Pues qué bien, hay que elaborar un programa (el Estado), o sea planificar (eso ya hace desconfiar, en España no existe apenas planificación), además por la Administración del Estado, coordinándose con las CCAA. Los más optimistas no podrán de dejar de augurar seguros recursos de inconstitucionalidad por extralimitación e invasión del competencias del Estado sobre las determinaciones de los Estatutos de las Comunidades Autónomas, si no, al tiempo. 
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Hace pocos días, hemos celebrado un nuevo aniversario de la Constitución española de 1978. Una Constitución que ha durado, en mi opinión, mucho más de lo esperado, dados los principios de que partía: nada más y nada menos que corregir en términos radicales los supuestos sobre los que se había fundado el estado liberal decimonónico que inspirado en el principio de igualdad se sirvió del centralismo para crear una misma legislación y una misma administración para todo los españoles. 
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