Archivo mensual: noviembre 2007

Como bien dije al principio, para entender esta modernización de la Administración, debemos partir de la base del principio constitucional de eficacia (regulado en el art. 103 CE), resultando legítima y más que probable necesaria la configuración de una nueva Administración. Una Administración que esté a la altura de los tiempos en que actúa, lo que conlleva que tenga que promover, en beneficio de los ciudadanos, el uso de las comunicaciones electrónicas.

Podemos afirmar que se trata, junto con la modalidad de contratación de colaboración entre el sector público y el sector privado, de una de las principales novedades a introducir por la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Como dije ayer, se permite que el órgano de contratación utilice la subasta o el concurso como forma de adjudicación (art. 75.1 del TRLCAP), debiendo justificar en el expediente la elección de la forma de adjudicación (art. 75.2 del TRLCAP).

La elección de la forma de adjudicación debe adoptarse, por el órgano de contratación, a la vista de las necesidades de cada contrato y previo estudio de las opciones que permite la legislación aplicable, con el fin expuesto de que la obtención de un precio de mercado se concilie con la selección de la empresa más apropiada.

No podemos abordar el tema de las subastas electrónicas sin antes detenernos brevemente en un concepto más genérico y actual como es la “Administración electrónica”, sobretodo debido a la modernización tecnológica que estamos sufriendo en los últimos años en todos los sectores y, como no podía ser menos, en el sector público.  Así, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la Administración supone sin duda una mejora de la calidad de los servicios y de la atención a los ciudadanos.

A día de hoy los ciudadanos ya pueden realizar diversos trámites y procedimientos administrativos a través de Internet, y, con carácter general, las posibilidades que presenta la aplicación de las nuevas tecnologías a la Administración son casi infinitas.

En general, respecto de la Administración, y en particular, por lo que respecta a los Ayuntamientos, la utilización de nuevos instrumentos jurídico-técnicos, como la página web o la firma electrónica, afecta positivamente tanto a dicha actividad de información como a la gestión ordinaria de los expedientes. La presentación de escritos y solicitudes vía informática ya tiene la suficiente cobertura jurídica para que el ciudadano pueda iniciar los procedimientos sin necesidad de su presencia física en la Administración.

En concreto, por lo que respecta a la cuestión específica de la firma electrónica, las distintas Administraciones Públicas están firmando convenios con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda con la finalidad de incorporar la autenticación y firma electrónica en los procedimientos internos de la Administración y en las relaciones externas con los ciudadanos y otras entidades, mediante el uso de certificados digitales (recientemente el Ayuntamiento para el que trabajo, acaba de firmar dicho convenio).

Con todas estas novedades tecnológicas lo que se pretende es cumplir con el mandato legal de acercamiento de la Administración al ciudadano y ver hecho realidad el llamado principio de proximidad.

 Pero todo esto no puede sorprendernos ni podemos pretender considerarlo como una novedad reciente, puesto que la propia Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su primera versión ya recogió en su artículo 45 el impulso al empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, por parte de la Administración al objeto de desarrollar su actividad y el ejercicio de sus competencias y de permitir a los ciudadanos relacionarse con las Administraciones cuando fuese compatible con los medios técnicos de que dispongan. Esa previsión, junto con la de la informatización de registros y archivos del citado artículo 38 de la misma Ley en su versión originaria y, especialmente, en la redacción que le dio la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, al permitir el establecimiento de registros telemáticos para la recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones por medios telemáticos, abriría el paso a la utilización de tales medios para relacionarse con la Administración. Finalmente, resaltar que esta misma Ley 24/2001 modificó el artículo 58 y 59, permitiendo la notificación por medios telemáticos si el interesado hubiera señalado dicho medio como preferente o consentido expresamente.

Por lo que respecta de forma concreta a la Administración Local, que es lo que nos interesa ahora mismo, debemos tener muy en cuenta lo previsto en el apartado 3.º del art. 70.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el cual dispone que “las Entidades locales, y especialmente los municipios, deberán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas.

Las Diputaciones provinciales, Cabildos y Consejos insulares colaborarán con los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan desarrollar en grado suficiente el deber establecido en este apartado”.

Al menos, como vemos, con la reforma del régimen local que se produjo tras la aprobación de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, se pone el acento en esta idea de obligación (al decir “deberán”, “deber”), lo que trasciende a la voluntariedad intrínseca prevista en la Ley 30/92, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.