¿Supresión de Mancomunidades?

Un alto responsable del Gobierno ha anunciado la supresión de todas las mancomunidades municipales.

Me parece que este tipo de anuncios, al empezar el debate sobre un nuevo diseño de la Administración local, no es prudente. Entre otras razones porque el Gobierno debe saber que es preciso guardar las formas y guardar las formas exige respetar los estatutos de esas mancomunidades y sus previsiones acerca de las transformaciones o extinción de las mismas. Comprendo que la autonomía local no es un valor que cotice alto pero por lo menos sería deseable que las máximas autoridades del Estado fueran algo más respetuosas con ella, al fin y al cabo se trata de un valor constitucional. 

Quiero decir que estos «repentes» no son buenos.

Las mancomunidades han sido una forma bien respetable de asociaciarse los municipios que no podían cumplir, por sí solos, sus deberes como corporaciones locales. Han estado siempre de moda y por eso han proliferado en todo el espacio nacional. Recuerdo que, en mi despacho de la Facultad, tenía un mapa coloreado con las mancomunidades entonces existentes para enseñarlo a mis alumnos a quienes explicaba los servicios y cometidos que estas mancomunidades atendían.

Luego vinieron otras modas. Vino la de los consorcios que se juzgó más flexible porque permitía aglutinar a Administraciones públicas de distinto nivel, por ejemplo la Comunidad autónoma o una Diputación provincial. Fueron los italianos quienes más se esforzaron por definir esta figura (Stancanelli) y de ahí pasó a nuestra práctica siendo Ramón Martín Mateo el pionero en su defensa y en su configuración doctrinal.

Más reciente ha sido la moda de las Fundaciones, lo que coincide con la vía libre que se da a principios de este siglo a las fundaciones públicas, que habían sido contempladas a lo largo de la historia con una especial desconfianza por razones que he explicado en algunos de mis trabajos.

No hay que olvidar en este manoseo constante de las personalidades jurídicas el recurso a las sociedades mercantiles, especialmente las mixtas, para análogos empeños.

Ahora nos preguntamos ¿qué hacer? A mi juicio, lo último es actuar de acuerdo a ocurrencias sin contemplar el panorama de las Administraciones locales en su conjunto. Un panorama irisado en el que conviven entes de muy diversa naturaleza y con una muy diversa andadura histórica.

Quiero decir que solo sabremos qué procede hacer con las mancomunidades cuando sepamos cabalmente qué hacer con las diputaciones y cuando sepamos qué tipo de municipio queremos (número de habitantes, riqueza, extensión etc). Es decir, cuando tengamos en la cabeza el cuadro en todos sus detalles.

Adviértase que, si respetando los trámites pertinentes, apostamos por la supresión de las mancomunidades, sus actuales límites geográficos podrían servirnos como base para el diseño del nuevo mapa municipal. Es evidente que allí donde hay una mancomunidad hay una carencia de los municipios, aisladamente considerados, para prestar un servicio o asumir una obligación. Pues, si esto es así, aprovéchese ese espacio ya creado para una fusión ordenada municipal. Dicho de otra forma: los territorios de las actuales mancomunidades podrían ser la base física de unos nuevos municipios, más grandes, mejor dotados, más acomodados a las necesidades actuales.

Todo ello exige calma y visión de conjunto y exige acuerdo con las Comunidades autónomas que, conviene no olvidarlo, han de ser protagonistas esenciales de este proceso. Si queremos respetar los dictados constitucionales que -insisto- no son una bagatela.